26 de octubre de 2024

Las reformas que impulsan las corrientes neoliberales o anarcocapitalistas, cuando logran acceder a la conducción de sus respectivos Estados, son, en la práctica, marcadamente antipopulares y favorables a grupos minoritarios. Sin embargo, suelen presentarse como únicas alternativas frente a las sucesivas crisis, mientras exhiben supuestos logros, como por ejemplo cierta estabilidad en el ritmo de aumento de los precios.

Organismos clave en el manejo de las finanzas de los países endeudados, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), prestan su apoyo a esas políticas, a la vez que aportan consejos a fin de que la eventual resistencia de las poblaciones afectadas no obligue a cambiar de rumbo.

Un capítulo del reciente informe del FMI sobre perspectivas económicas mundiales, titulado «Entendiendo la aceptación social a las reformas estructurales», propone distintas estrategias de comunicación y sugiere la aplicación de un conjunto de tácticas con el objetivo de que los sectores ajustados acepten pasivamente el ajuste.

Aunque considera altamente necesarias esas reformas, el FMI toma nota de que «la resistencia del público» redujo el grado y profundidad de su implementación en los últimos años. Para modificar esa tendencia y lograr la aceptación social de los cambios propone explorar «los factores que moldean las opiniones públicas y la efectividad de diversas estrategias» para incrementar el apoyo de la ciudadanía.

El FMI no se detiene a sopesar las reales consecuencias negativas de esas políticas para las grandes mayorías empobrecidas, desempleadas, con menos oferta estatal de salud y educación, con menos derechos y en el polo más perjudicado de las desigualdades sociales.

Prefiere el organismo interpretar que la resistencia popular a sus políticas y el creciente rechazo a los Gobiernos que las despliegan «radica frecuentemente en las percepciones, desinformación y déficits de confianza más que en el interés económico individual».

Necesidades
Recomendaciones de ese tipo, por cierto, se asemejan a estrategias de venta de un determinado producto o servicio, como si este fuera el sendero a recorrer para atender las urgencias y necesidades de cada vez más familias.

Curiosamente, junto con la aguda desatención hacia amplias zonas de la población (incluso en materia alimentaria), desde la Casa Rosada ponderaron esta semana el respaldo del Banco Mundial (BM) a proyectos dirigidos a «la protección social, la educación y la ayuda a los sectores vulnerables para hacer más asequible el transporte y las tarifas eléctricas».

El agradecimiento se vinculó con el acuerdo por un financiamiento de 8.800 millones de dólares provenientes del Banco Mundial (5.000 millones, de los cuales 3.000 provendrán de la Corporación Financiera Internacional, orientados al sector privado) y del Banco Interamericano de Desarrollo (2.400 millones para el sector público y 1.400 millones destinados al sector privado). Vale aclarar que se trata de préstamos que se desembolsan mientras se ejecutan los proyectos específicos a los cuales están atados, de modo que solo una parte mínima estaría disponible para 2025.

Por otra parte, más allá de los anuncios, los números del balance cambiario indican que en los ocho primeros meses del año hubo un egreso neto de divisas por estos préstamos de U$S 3.501 millones, cuando en igual período del año pasado entraron en forma neta fondos por U$S 857 millones. Así, estos nuevos fondos vendrían en realidad a compensar en parte los pagos ya realizados.

Adicionalmente, en su gira por los Estados Unidos el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó anuncios sobre fuentes de financiamiento que aportarían 2.700 millones de dólares con los que contaría el país para afrontar sus compromisos del próximo año.

De todos modos, la supuesta demostración de solvencia y capacidad de pago del país no convenció a entidades como la calificadora de riesgos Moody’s, que salió a hablar de un posible «incumplimiento» de los compromisos y un probable «reperfilamiento» para 2025, a la vez que asignó pocas chances a un ingreso de divisas relevante.

También el diario británico Financial Times manifestó sus reparos ante «el ajuste fiscal más drástico jamás visto en una economía en tiempos de paz», que profundizó la recesión, derrumbó el consumo, la industria y la construcción, así como ubicó la pobreza en un 53% de la población, el nivel «más alto en 20 años».

Según el periódico, «la mayoría de los inversores extranjeros quieren ver qué tan duradero resulta el experimento de Milei antes de abrir los talonarios de sus cheques», mientras «la industria nacional está siendo presionada por la creciente fortaleza del peso, lo que también hace más difícil para el Gobierno ahorrar los dólares que necesita para pagar la deuda».

«Tal vez la pregunta más importante en medio de la incertidumbre es cuánto tiempo va a durar la paciencia de los argentinos con la drástica terapia de shock económico de Milei», alertó la publicación inglesa.

El FMI, en tanto, añadió que «si bien la actividad económica se expandió después de abril», el ritmo de recuperación «sigue siendo incierto y desigual entre sectores».
Una advertencia necesaria: las críticas formuladas por estos analistas resultan llamativas, toda vez que provienen de quienes siempre opinan a favor de los mercados, de la desregulación y la liberalización financiera, políticas que casi siempre van en contra de los intereses de los países, en especial los menos desarrollados.

En definitiva, y más allá del pregonado alivio financiero externo, sigue siendo una incógnita el margen de aplicación de políticas que se traducen en una imparable presión, no solo sobre los más vulnerables, sino también sobre trabajadores, jubilados y capas medias de la sociedad. Las experiencias de «las 4 M» (por Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei) causaron y causan fuertes perjuicios, redujeron y reducen el bienestar de muchos y cedieron, ceden, porciones de soberanía, hasta que, en las anteriores ocasiones, las reacciones dieron lugar a procesos de signo opuesto.

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