1 de marzo de 2025

La supuesta recuperación económica en V que promociona el Gobierno y que atribuye a los drásticos recortes en las partidas presupuestarias, junto a la menor participación del Estado en materia de inversiones y de atención a sectores sociales vulnerables, no es más que un argumento solo sostenido a partir de una interpretación tendenciosa de las estadísticas.

El ministro Luis Caputo destacó que la economía creció un 5,5% durante diciembre pasado, en un año que cerró con un ajuste del gasto público del 27%. Lo que no aclaró es que el cotejo interanual toma como base de referencia al primer mes de gestión del actual Gobierno, que arrancó con una devaluación del 118% y un correlativo derrumbe de la actividad.

Es de esperar que el mismo efecto de «repunte» reflejado en las estadísticas se reitere en estos primeros meses de 2025.

Una mirada más rigurosa debe tomar nota de que en todo 2024 la caída del PIB fue del 1,8% frente al año anterior. Y el retroceso no resultó mayor por la recuperación del sector agrícola, tras la histórica sequía del año previo.

El análisis integral tendría que contabilizar asimismo la reducción del consumo popular. Descontando la inflación, las ventas en supermercados cayeron en diciembre un 3,3% interanual y descendieron un 11% en todo 2024, mientras en autoservicios mayoristas la baja fue muy superior: -14,5% interanual y -15%, respectivamente.

No podía esperarse otra evolución, dada la persistente pérdida del poder adquisitivo salarial. En diciembre, los ingresos reales de los sectores registrados se redujeron un 0,3%, según informó el INDEC.

Descensos
Según el detalle brindado por el organismo, en el acumulado de 2024 los salarios del sector privado registrado cayeron un 6,1% en términos reales, mientras que el descenso fue del 20,4% para los trabajadores estatales. 

La jubilación mínima, a su vez, aun con bonos extra, estaría perdiendo un 17% en el primer trimestre de este año respecto a los haberes percibidos en los últimos tres meses de 2023.

También se observa cierta recuperación del consumo de bienes durables, como electrodomésticos y automóviles, en parte asociado a factores como la reactivación del crédito, pero que se concentra en sectores medios y de alto poder adquisitivo. 

Otro efecto negativo de las políticas implementadas es que las compras de bienes de consumo al exterior crecieron un 47,5% interanual en enero último, en un contexto de apertura importadora y apreciación cambiaria, que está afectando significativamente la producción y el empleo local, además de tensionar el frente externo por el lado de las reservas. 

La evaluación de la marcha económica incluye, entre otros pocos datos sobresalientes, la mejora del balance energético, con un superávit a lo largo de 2024, y no precisamente por las políticas libertarias, sino como consecuencia de la explotación de Vaca Muerta y del gasoducto Néstor Kirchner, que finalizó el Gobierno anterior. 

La ecuación es hoy más favorable gracias a decisiones adoptadas desde el Estado y no a sus espaldas, ejemplo virtuoso que debería tenerse en cuenta en muchos otros planos.

La fe del actual modelo en la desregulación, por otra parte, llevó a eliminar la prohibición de exportar ganado vacuno en pie para consumo, decisión que castiga al empleo y la generación de valor local. La norma respectiva regía desde hace más de medio siglo para garantizar el abastecimiento del mercado interno y proteger a la cadena cárnica. 

En la misma dirección antiestatal se ubica el decreto para transformar el Banco Nación en sociedad anónima, lo que acaba de quedar en suspenso por una medida cautelar de la Justicia federal de La Plata. 

Estamos hablando de la mayor institución financiera nacional, presente en gran cantidad de lugares donde no opera la banca lucrativa, y cuyo cambio societario sería un duro golpe para las pymes y las economías regionales.

El decreto, además, va en contra de lo que votó el Parlamento, ya que en la Ley Bases se excluyó taxativamente al Nación de las empresas públicas sujetas a privatización. 

Congreso
Es ya frecuente la práctica de avanzar por la vía del decreto en temas de suma relevancia que le competen al Parlamento, como es el caso del Presupuesto. Se justifica en este sentido el disgusto de los diputados y diputadas por los desplantes y el maltrato recibido por parte del Ejecutivo.

En lo que respecta a la designación, también por decreto, de los dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, el hecho adquiere otra gravedad desde el punto de vista institucional. El Senado es por definición el ámbito donde se debe dar acuerdo a la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los magistrados del más alto tribunal del país, con mayoría de dos tercios. 

Y si bien la Constitución Nacional faculta al Ejecutivo para realizar nombramientos en períodos en los que no hay actividad legislativa, lo cierto es que el decreto fue publicado a tres días de que comience la actividad, lo cual da muestras del desdén hacia el rol del Parlamento y representa, consecuentemente, una vulneración de la necesaria división de poderes. 

La lógica indicaría que debería haber un rechazo generalizado por parte del Senado, aunque hay que tener cautela y prudencia en el análisis, teniendo en cuenta el antecedente de lo que ocurrió con la comisión investigadora del caso $LIBRA, cuando senadores votaron en contra de su propio proyecto y así el Gobierno evitó que se aprobara su conformación. 

Los intentos de desprestigiar la política y de pasar por alto las instituciones de la República van más allá de los estilos y forman parte del objetivo de imponer un modelo favorable a unos pocos con un alto costo social, cuya reversión requerirá una importante unidad del campo popular.

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