9 de agosto de 2024

Estado de shock. Así podría describirse a la sociedad y la política argentinas tras la difusión de las imágenes de la ex primera dama, Fabiola Yañez, supuestamente golpeada por quien era su pareja, el expresidente Alberto Fernández. El «supuestamente» vale hasta que la Justicia convalide la denuncia de Yañez aunque, como las luchas del feminismo nos enseñaron, la voz de la víctima debe prevalecer en los análisis.

La sociedad, en medio de una debacle social y económica causada por las políticas del actual Gobierno, ve ahora desde los medios y las redes sociales la degradación de la institución presidencial, ya que los episodios difundidos habrían ocurrido en el ejercicio del mandato de Fernández y, además, en la propia residencia de Olivos, aquella que el Estado destina para morada del titular del Poder Ejecutivo.

Y el shock apunta en distintas direcciones. En lo político, seguramente, por sus consecuencias hacia dentro del peronismo, por la crisis evidente de liderazgo y porque el caso de Fernández no es el único. Otros dirigentes relevantes de ese espacio están condenados o procesados por episodios de esa naturaleza. Esa vinculación, justamente, es la que utilizan los enemigos de las conquistas de los últimos años en materia de una mayor equidad de género, algunas de ellas materializadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

En esa ensalada conceptual y mal intencionada que drena por las redes sociales –ejércitos de trolls de ultraderecha mediante–, la denuncia de Yañez es utilizada para burlarse y atacar al feminismo y criticar cada una de sus banderas. Para los simpatizantes de un Gobierno que en poco tiempo desarticuló los espacios de contención y defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, la debacle moral del expresidente anularía la lucha feminista, que fue acompañada por vastos sectores de la sociedad y llevada a la discusión política, donde logró los consensos necesarios para convertir parte de esas demandas en políticas estatales.

La propia repercusión pública, las condenas unánimes al expresidente y hasta la posibilidad de Fabiola Yañez de hacer la denuncia son consecuencias de la lucha inclaudicable del feminismo que, no sin costos, logró revertir el sentido común de una sociedad machista e hizo posible, por ejemplo, que hoy ante una denuncia de esta naturaleza, la víctima tenga acompañamiento y espacios de contención, hasta hace pocos años, inexistentes o marginales.

Otro efecto político de los sucesos denunciados es la «cosecha» en favor del presidente Javier Milei. Además de las balas que le aporta a su «batalla cultural», la degradación de la institución presidencial suma para su prédica «anticasta» y horada al principal espacio opositor. Asimismo, la omnipresencia mediática del tema oculta –al menos en la agenda informativa– los crecientes y devastadores efectos de su política económica. Sin ir más lejos, el aumento de la pobreza y la desocupación, los constantes incrementos de tarifas de servicios públicos y transporte y la pauperización de una gran parte de la sociedad. En un momento en que las encuestas de opinión pública comienzan a mostrar un desgaste en el apoyo que la gestión libertaria registra desde diciembre, y a días de una masiva expresión de rechazo plasmada en Plaza de Mayo el miércoles, sale de la agenda mediática dominante la aguda crisis social.

Alberto Fernández deberá responder ante la justicia por los hechos denunciados. Eso no opaca ni mancha ni roza en lo más mínimo la lucha de las mujeres y diversidades por sus derechos. La violencia de género es un drama social inocultable y no se lo puede ni debe banalizar ni utilizar políticamente. En todo caso, los hechos que cobran notoriedad pública, como este caso, deben servir para ratificar la necesidad de políticas públicas de defensa, promoción y preservación de los derechos que hoy algunos pretenden poner en cuestión en aras de ideologías reaccionarias y violentas.

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