9 de diciembre de 2024
Motosierra. Las políticas públicas de género sufrieron un importante retroceso en los últimos doce meses.
Foto: Getty Images
No fue la motosierra. Lo que aplicó el Gobierno de Javier Milei contra las políticas públicas que apuntaban a prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y a garantizarles derechos es una topadora. La destrucción es total. Como durante la última dictadura, cuando los militares pasaban con las topadoras y volteaban las casas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Milei arremetió contra todo programa dirigido a achicar la brecha de género, a proteger a personas vulnerables como quienes tienen VIH y acceden a la medicación gratuita a través del Estado o necesitan de hormonización para reafirmar su identidad de género y buscan prevenir un embarazo no intencional o acceder a un aborto legal.
Desguazar el Estado es desguazar derechos. En un año de gestión, Milei lo hizo.
Miles de mujeres que sufren violencia de género quedaron a la deriva. Lo demuestran las estadísticas oficiales: De más de 43.000 víctimas asistidas en el segundo trimestre de 2023 se pasó a apenas 4.550 en el mismo período de 2024: una caída del 89,6%, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, un registro administrativo donde se cargan los casos atendidos en instituciones del Estado nacional, provincial y municipal. Esta tendencia coincide con la caída significativa en el número de mujeres y LGBTIQ+ incorporadas al Programa Acompañar, que determinaba año tras año el mayor volumen de casos registrados en el sistema. Ese programa les brindaba un subsidio por seis meses equivalente al salario mínimo vital y móvil, además de otros acompañamientos, para que tuvieran autonomía económica que las ayudara a salir de la relación de maltrato. Ya no existe. En paralelo, disminuyeron las llamadas al 144, la principal línea gratuita de asesoramiento. ¿Se acabó el problema? No. Del 1 de enero al 20 de noviembre, el Observatorio de Mumalá «Mujeres, Disidencias, Derechos» registró 212 femicidios: 1 cada 37 horas. Del informe surge otro dato preocupante: apenas un 12% de las víctimas había hecho previamente denuncias contra sus agresores. Es la cifra más baja registrada en los últimos cinco años.
El Gobierno se encargó de vociferar la narrativa de que ya nadie desde el Estado va a ayudar a las víctimas de violencia de género, violando todos los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina. De hecho, en un papelón planetario, Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de una resolución en la ONU contra la violencia digital.
También desde el programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable se dejaron de distribuir anticonceptivos, preservativos y medicación para garantizar los abortos legales; y se destruyó el plan más exitoso para reducir los embarazos no intencionales en adolescentes de la historia. Como parte de la misma ofensiva, se empezaron a dar capacitaciones para licuar la educación sexual integral con la incorporación de currículums religiosos.
A lo largo de su primer año de Gobierno, Milei y su entorno se encargaron de estigmatizar a la población LGBTQ+. Los violentos ahora se sienten validados: en ese contexto ocurrió un brutal triple lesbicidio en un precario hotel del barrio de Barracas. Milei no improvisa. El plan antigénero y su retórica contra la igualdad de derechos que lleva adelante está calcada del llamado Proyecto 2025, un manual de estrategia elaborado para Donald Trump por la Heritage Foundation –un think thank ultraconservador de Estados Unidos– y colaboraciones de más de un centenar de grupos de la extrema derecha religiosa y decenas de exfuncionarios del por segunda vez electo presidente estadounidense, cuyo objetivo es extirpar para siempre el progresismo del Gobierno federal, despedir empleados estatales, atacar a la educación pública y eliminar y restringir derechos de las mujeres, personas LGBTQ+ y otros grupos vulnerables. Milei lidera esta avanzada retrógrada.
