13 de junio de 2025

El «Sistema Judicial Argentino» (que no es lo mismo que la Justicia) actuó esta semana, como en muchas otras ocasiones, en representación de un sector, minoritario pero poderoso, que pretende edificar un país sin el protagonismo político y social de los sectores populares, es decir, un país para muy pocos y con una mayoría de excluidos.

Tal es el contexto en el que debe ser interpretada la decisión de la Corte Suprema al confirmar la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En rigor, a Cristina no la están condenando por la causa Vialidad, sino por lo que se hizo durante 12 años de gobierno, cuando modificó –en la medida de lo permitido por la correlación de fuerzas– la estructura productiva y distributiva, entre muchos otros avances que beneficiaron a amplios sectores de la sociedad.

Denominadores comunes
Los procesos políticos, sin embargo, nunca son lineales. Siempre se está frente a la oportunidad de crear construcciones lo más amplias posibles que le puedan poner un límite a este cruel experimento anarcocapitalista.

Por lo pronto, los que alientan ese proyecto deben sortear una serie de obstáculos. Entre ellos, el Congreso y sus espacios de debate; los movimientos sociales que cuestionan el orden injusto; la resistencia de las organizaciones de trabajadores. También los periodistas que honran su profesión; los dirigentes políticos que se mantienen fieles a la representación de sus bases; sin olvidar la labor esclarecedora de intelectuales y artistas críticos.

Es Cristina Fernández quien sintetiza y le puede dar una dirección común a ese conjunto amplio y diverso de actores movilizados. La pretensión de hacerla a un lado, por lo demás, está en consonancia con la búsqueda de consolidar un modelo económico y social inviable. Como lo mencionó en una de sus intervenciones recientes la expresidenta: «Esto ya lo vivimos». Lo intentaron en los 70 con José Alfredo Martínez de Hoz; en los 90 con Carlos Menem; y a partir del 2015 con Mauricio Macri. Ahora lo ensayan con Javier Milei.

Acaso la única diferencia es que el actual presidente lo dice con todas las letras: «Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro», o «la justicia social es una idea aberrante (…) lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley, porque a algunos les quita y a otros les da, y eso antes está precedido de un robo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno, va preso».

El plan, está claro, es dejar todo en manos del mercado, lo cual implica necesariamente la apropiación de la riqueza por parte de unos pocos.

En la vereda opuesta pude observarse como denominador común, en los diversos encuentros de los últimos días en los que participé, un clima de unidad ante la injusticia de la proscripción electoral de Cristina y frente a las políticas del Gobierno.

Coinciden gobernadores, representantes de todas las provincias, dirigentes y legisladores de diversos partidos, movimientos sociales, sindicales, entre otros.

Mientras, puertas afuera se dieron movilizaciones espontáneas que no cesan. Son multitudes como las reunidas hace unos días, cuando los y las diputadas debatíamos en el Congreso de la Nación temas de suma importancia para los segmentos más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y las personas con discapacidad. 

Debilidades
Mientras tanto, la economía real sigue mostrando signos de debilidad. La actividad industrial, uno de los sectores más castigados desde el comienzo de la era Milei, se ubicó durante el primer cuatrimestre de 2025 casi un 10% por debajo de igual periodo de 2023.

Si bien registró un crecimiento del 7,4% interanual, hay que tener en cuenta que en 2024 la industria estaba en su peor momento desde la pandemia sanitaria.

A nivel sectorial, y también comparando con 2023, todos los rubros se encuentran por debajo de ese año, excepto «otros vehículos de transporte», que excluye automotores y «productos del tabaco», dos sectores de poca envergadura y volátiles.

Por otro lado, en la última encuesta de expectativas de la industria, un 29% respondió que planea reducir su dotación, 8 puntos porcentuales más que en el informe del mes pasado.

El registro de 1,5% de inflación de mayo, en tanto, tiene como inocultables costos la caída de la actividad económica y la pérdida de bienestar de millones de personas, además de la importante hipoteca que se está gestando. Esto último, en particular, por la vuelta a la dinámica de endeudamiento en dólares y la salida de capitales, en el marco de una significativa apreciación del peso.

Según datos del Balance Cambiario del Banco Central, la formación de activos externos de las personas físicas ascendió en abril a 2.247 millones de dólares, un reflejo del impacto de las medidas de liberalización respecto del dólar, implementadas a mitad de ese mes.

Respecto de los anuncios de la profundización de la fase de endeudamiento en dólares, en la semana se realizó una operación de REPO con un conjunto de bancos internacionales de primera línea por 2.000 millones de dólares. Además, el 28 de mayo se adjudicaron 1.000 millones de dólares del BONTE 2030 exclusivos para inversores extranjeros (por primera vez después de siete años), y se amplió la emisión el viernes pasado en 500 millones, habilitándose también la participación a residentes.

Este rumbo económico y político, con todo, no es ineluctable. No se deben descartar, al contrario, las chances de un «dique de contención» ante los avances de este modelo aperturista, desregulador y de destrucción de lo público.

Un límite material concreto, a mi juicio, es el comicio de octubre. Un buen resultado en las urnas sería aquel que como mínimo garantice dos pilares democráticos hoy soslayados. Por un lado, que no se puede gobernar por decreto; por otro, que las leyes que propone el Congreso no pueden ser vetadas. En ese caso, habremos ganado una batalla importantísima.

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