Opinión

Adriana Meyer

PERIODISTA

Violencia institucional

El Estado tiene la potestad de ejercer la represión para hacer cumplir las leyes a través del sistema penal compuesto por fuerzas policiales, fiscales, jueces y agentes penitenciarios. Es decir que dispone del poder de coerción y la atribución del uso de la violencia en tanto los utilice dentro del marco jurídico: la privación de la libertad no debe incluir castigos físicos, la fuerza debe usarse como último recurso, solo se recurre al poder de matar para proteger la vida de un tercero, las personas pueden ser encarceladas solo cuando un debido proceso concluye que son culpables, las cárceles deben ser dignas y la tortura no debe ser una opción. Sin embargo, desde los primeros días de la recuperada democracia en 1983 esa facultad suele ser ejercida con niveles de violencia que violan los derechos humanos de las personas reprimidas, ya sea que estén cometiendo un delito o no, y hace que quienes la ejercen cometan a su vez uno o varios delitos graves, de lesa humanidad.
La repercusión mediática que tuvo el fusilamiento de Lucas González el 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas por la Policía de la Ciudad dejó expuesta como casi nunca antes la persistencia de la práctica denominada «gatillo fácil», pero sin ponerlo en contexto respecto de la frecuencia con que sucede en casi todas las fuerzas policiales del país. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) determinó que en 2021 fueron asesinadas 417 personas, en lugares de encierro o víctimas de fusilamientos. Esto significa una muerte cada 17 horas.
A las pocas horas trascendió que Alejandro Martínez murió torturado en la comisaría de San Clemente del Tuyú y Eric Valdez tuvo el mismo final en una dependencia policial de Concordia. Y la Policía Bonaerense fusiló en un control vehicular a Luciano Olivera, en Miramar. Entonces, un caso que se volvió resonante puso la lupa sobre un fenómeno que no tiene «grieta» porque sucede en jurisdicciones gobernadas por signos políticos opuestos y se despliega a lo largo de todo el país. Tampoco es que hubo «una ola de gatillos fáciles», sino que se trata de una práctica que se sostiene en el tiempo desde que regresaron los gobiernos constitucionales. Incluso los niveles de persecución a opositores políticos desplegados por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy ponen en duda que allí rija en plenitud el estado de derecho.
El año pasado durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio fueron muertas por balas policiales 411 personas, y el 70% de esos hechos ocurrió en la etapa más dura del aislamiento. Ante la necesidad de controlar la circulación fueron empoderadas las fuerzas policiales y en forma automática aumentaron los denominados «abusos», desaparecieron dos personas –Facundo Astudillo Castro y Luis Espinoza– y una mujer fue encontrada sin vida en una celda: Florencia Magalí Morales en Santa Rosa de Conlara, San Luis. La realidad se llevó puesto el optimismo de quienes pensaron que era posible una «policía del cuidado», tal como lo expresaron los investigadores Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso.
No alcanza con una ley sobre violencia institucional para un abordaje profundo. La CORREPI, entidad que lidera la abogada María del Carmen Verdú, viene proponiendo una «agenda urgente» que, entre otros puntos, sugiere la derogación de la portación obligatoria del arma reglamentaria fuera de servicio.
La matriz que no sanciona con suficiente severidad estos hechos es la misma que tolera las torturas cotidianas en las comisarías y cárceles y que encubre las desapariciones forzadas. Como dijo Rodolfo Walsh, «la violencia policial va siempre acompañada de corrupción, la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata». Cuando el exministro de Seguridad bonaerense León Arslanian quiso hacer una de sus primeras purgas al echar a centenares de policías de la Bonaerense, lo llamaron el mismo día 50 intendentes del Conurbano para pedirle que no lo hiciera.
La policía del cuidado seguirá siendo una utopía hasta que la violencia institucional no sea parte de la agenda real de la clase política.