14 de julio de 2025
El Ejecutivo perdió una de sus principales herramientas para modificar asuntos nodales en distintas materias y reducir el Estado a su mínima expresión. Inicio de una nueva etapa.
INTI y Vialidad Nacional. Un organismo desguazado, otro disuelto, en el nuevo andamiaje regulatorio.
Foto: NA
El 8 de julio pasado se cumplió un año de la aprobación de la Ley Bases, que trajo consigo la delegación extraordinaria de facultades al Ejecutivo. Fueron 12 meses a pura desregulación, destrucción del entramado productivo, de los organismos de control y supervisión de las empresas más concentradas y el avance en la privatización de compañías estatales. En ese marco intervino instituciones, disolvió organismos, desfinanció o eliminó fondos fiduciarios para políticas distributivas –como, por ejemplo, el fondo para los barrios populares–, cerró medios públicos y cambió reglas de la administración pública.
Durante este año de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mostró un impulso frenético para materializar reformas normativas y se apalancó en tres herramientas que le permitieron evitar, en gran medida, al Congreso de la nación: el DNU 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales.
La Ley Bases 27.742 refrendó la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética y le otorgó al PEN facultades delegadas durante un año. Así, el Gobierno consiguió que el Congreso aprobara reformas económicas importantes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, por sobre todas las cosas, legitimar sus facultades para usar al decreto como herramienta fundamental de gobierno.
Otra estrategia usada para evitar al Parlamento fue modificar los decretos reglamentarios en lugar de cambiar las leyes. Esto sucedió con el decreto que modificó las reglas para acceder a información de interés público. En el caso de la ley de inteligencia el decreto modificó el sistema de clasificación de información para hacerlo restrictivo por razones de seguridad nacional.
Con el DNU 70/23, el PEN se atribuyó facultades extraordinarias como nunca antes había sucedido. Declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Unilateralmente, derogó o modificó de manera estructural más de 80 leyes con el propósito de concretar un cambio de régimen, transformando el rol del Estado en decenas de ámbitos en los que cada día se dirime la vida de millones de personas: las relaciones de trabajo, el alquiler de viviendas, la propiedad de la tierra, la medicina privada, entre otros.
«Desde entonces, el presidente Milei reformó a través de decretos de necesidad y urgencia el sistema nacional de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de telecomunicaciones e internet. Cambió las reglas de numerosos ámbitos de la vida nacional: en algunos casos retiró al Estado de sus funciones con el argumento de que entorpecía el funcionamiento virtuoso de las relaciones económicas; en otros, lo endureció incrementando sus capacidades de control y vigilancia», señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Gobierno echó mano a las resoluciones ministeriales, sobre todo en materia económica, de salud y de seguridad. A partir de etiquetarlos como simples «protocolos» (antipiquetes, de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad, entre otros), el Ejecutivo avanzó asumiendo competencias que en verdad los ministerios no tienen, explican desde el CELS.
Sturzenegger y Milei. El ministro de Desregulación y el presidente no buscan destruir el Estado, sino ponerlo al servicio de los poderosos.
Foto: @fedesturze.
Qué Estado
El «retiro» del Estado es una metáfora que no sirve para todas las acciones del Gobierno de Milei durante este año. Estuvo proactivo y presente para hacer propuestas de desregulación, de beneficios impositivos para los sectores más ricos –como reducir la cantidad de personas que pagan bienes personales–, para brindar ventajas económicas a empresas de distintos rubros, como la medicina y la explotación minera, para privilegiar la primarización productiva. Mientras tanto, el ajuste del gasto que hizo durante el primer trimestre del año fue, en sus propios términos, «el más grande de la historia de la humanidad» e impactó sobre todo en las y los jubilados, trabajadores formales e informales, docentes y sector público. «El Estado estuvo presente para derogar las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, para flexibilizar las importaciones, para reponer el impuesto a las ganancias para la clase media», señala el informe del CELS.
En materia económica, el punto más importante de la Ley Bases fue la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios excepcionales en materia impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años a empresas que inviertan más de US$ 200 millones. La justificación del Gobierno para la aprobación del RIGI fue la promesa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) mediante la concesión de un conjunto excepcional de beneficios. Sin embargo, los resultados hasta hoy están lejos de justificar las concesiones otorgadas. «De los cinco proyectos aprobados (de un total de 14), cuatro de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen», explican desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también sería deficiente: los cinco proyectos anunciados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo.
Mientras que la reforma laboral del Gobierno libertario, impulsada por la misma ley, destaca el «Plan de Regularización del Trabajo No Registrado», presentado como una herramienta para promover el empleo formal. Sin embargo, el diseño de este régimen favoreció ampliamente a los empleadores, con beneficios notoriamente desproporcionados en relación con sus resultados concretos, explican desde el CEPA.
En materia previsional, en marzo de este año venció el plazo de vigencia de la última moratoria y, tal como había adelantado el Ejecutivo, no fue prorrogada. Desde ese momento, la única alternativa disponible para quienes no reúnen los aportes necesarios es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que representa apenas el 80% de una jubilación mínima. La no renovación de la moratoria agravó severamente el acceso al derecho jubilatorio: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no logran reunir más de 25 años de aportes, lo que los deja excluidos del sistema previsional contributivo.
Un apartado especial merece la encarnizada carrera del Gobierno para disolver organismos clave, entre los que se destacan la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. Mientras que otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de Ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Estos cambios fueron presentados como «desregulación» o «ajuste» y fundamentados en una suerte de descalabro previo. Sin embargo, se trata de un nuevo andamiaje regulatorio, funcional a la restricción de los derechos de algunos sectores sociales y la ampliación del poder de otros.
