22 de septiembre de 2025
Libre competencia y apertura a inversiones privadas son los dos ejes de la reforma del sector. Participación marginal de Cammesa y continuidad del Plan Gas.
Reforma. Pretende además implementar un plan de ampliación del transporte eléctrico, bajo inversión privada.
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El Gobierno avanza en la desregulación del sector energético y en reducir la participación del Estado. La administración Milei eligió un camino gradualista para evitar la disparada de tarifas de luz y gas, principalmente de cara a la elecciones de medio término. Además, la macro genera dudas en el sector. El Ejecutivo promulgó los decretos 450, 451 y 452. Estas normativas, que ya habían sido publicadas en julio, representan un cambio significativo en el marco regulatorio argentino, buscando atraer inversión privada, fomentar la competencia y optimizar el funcionamiento de los mercados eléctrico y gasífero. La promulgación de estos decretos se alinea con el espíritu desregulatorio impulsado por la Ley Bases, marcando una clara dirección hacia la liberalización de los mercados energéticos.
La reforma tiene un período de transición de 24 meses para reducir el impacto en el precio de la energía en los usuarios, por eso finalizará a mediados de 2027, en plena campaña presidencial.
Conceptualmente, el plan implica una vuelta al rol que tenía Cammesa en los años 90, cuando el mercado estaba desregulado y la compañía mixta tenía una participación marginal. Si bien la reforma está en la Ley Bases, se vienen aplicando cambios de manera gradual mediante resoluciones parciales. En particular, desde julio, con la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que modificaron aspectos centrales de la ley de energía eléctrica, que otorga el marco regulatorio al sector.
La desregulación implica no solamente la eliminación de los subsidios en la política tarifaria, sino que, además, elimina la participación del Estado en los contratos. La principal modificación tiene que ver con reducir lo máximo posible el rol estatal y dejar que los privados (productores, generadoras, transportistas y distribuidoras) dinamicen al sector. Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y es controlada por el poder Ejecutivo, dejará de intervenir como lo viene haciendo desde hace más de 20 años.
Puntos principales
En la primera etapa de la reforma, el Gobierno pretende controlar el precio de la energía para que no haya un pasaje a las tarifas en el caso de que el costo de generación se incremente. El sector que sí va a sentir una suba será el de los grandes usuarios de la red de distribución. El objetivo es que las industrias y grandes comercios firmen contratos directos con las generadoras (sin intermediación de las distribuidoras).
Esta liberalización permitiría luego que las empresas realicen inversiones para ampliar las redes, la infraestructura y las líneas de alta tensión, argumentan en el Gobierno y en el sector.
Continuidad. El programa creado para viabilizar inversiones en producción de gas natural continúa hasta 2028.
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En el decreto 450 se introduce un esquema de desregulación progresiva del mercado eléctrico, con el objetivo central de abrir la competencia tanto en la generación como en la comercialización de energía. Esta medida permite que los grandes consumidores tengan la libertad de elegir a su proveedor de energía, negociando y contratando el suministro a través de acuerdos bilaterales, conocidos en la jerga como PPA (Power Purchase Agreements). Cabe destacar que este sistema ya se encuentra habilitado para la energía proveniente de fuentes renovables, principalmente eólicas y solares.
Para garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos, se prevé un período de transición de veinticuatro meses. Durante este período, la supervisión estatal seguirá siendo clave para asegurar un proceso transparente y equitativo.
Por su parte, la actualización del marco regulatorio del gas natural se encuentra en el decreto 451, que actualiza la Ley 24.076, que ordena el mercado del gas desde 1992. Esta actualización integra modificaciones previas y ajusta el marco legal a los lineamientos establecidos en la Ley Bases, consolidando reglas claras y predecibles para un sector en constante transformación. Entre los puntos más destacados de esta actualización se encuentran la liberalización de las importaciones de gas, la fijación de plazos claros y procedimientos específicos para las exportaciones (incluyendo el Gas Natural Licuado o GNL), y la introducción de la obligación de realizar declaraciones de disponibilidad de recursos para asegurar el abastecimiento interno.
Por último, a través del decreto 452, se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplaza al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y al Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas). Este organismo unificado tendrá autonomía funcional y presupuestaria, y será el encargado de centralizar la regulación y el control de tarifas, inversiones y concesiones tanto en el sector eléctrico como en el gasífero.
El Gobierno ya anticipó que respetará los contratos del Plan Gas, el programa que fija un precio para incentivar la producción local de gas natural que se implementa a partir de licitaciones. Esos contratos finalizan en 2028. El programa lo lanzó originalmente Axel Kicillof en 2013, cuando era ministro de Economía, y tuvo varios nombres formales, pero el sentido principal se mantuvo desde el Gobierno de Cristina Fernández, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y también en el de Javier Milei. En este plan, que ya lleva más de una década de vigencia, el precio está fijado y el Estado es el único comprador del gas de las productoras, para que luego las generadoras eléctricas se garanticen el abastecimiento. De no interrumpirse el plan, a partir del 1° de enero de 2029 el Estado dejaría de participar.
