15 de noviembre de 2021
El sector refleja este año mejores resultados en volúmenes de exportación que en 2019 e incluso supera los registros prepandemia. Fomento a la acuicultura.
Ventas al exterior. El 90% de lo que se captura se exporta y está constituido en un 75% por langostinos, calamar illex, merluza y polaca.
DIEGO IZQUIERDO
En momentos de restricción externa todas las miradas se asientan sobre la agricultura para equilibrar la balanza, sin embargo, el sector pesquero este año aportó al país más de 1.300 millones de dólares y acumula una inversión en acuicultura de más de 22 millones de dólares. Favorecidos por la implementación de reducciones significativas en los derechos de exportación, como incentivo para incrementar el comercio exterior de productos acuícolas nacionales, la actividad exportó hasta el 31 de agosto (último registro oficial) 357.572 toneladas en productos pesqueros, un 5,1% más que en igual acumulado de 2020, equivalente a 1.303,5 millones de dólares, un 16,6% más que el año pasado. El sector refleja ya mejores resultados en volumen de exportación y actividad que en 2019 y en lo que va de 2021 también supera los registros prepandemia, todo esto sin un solo despido durante la última zafra.
El 90% de lo que se pesca se exporta. Las principales especies de exportación son: langostinos, calamar illex, merluza y polaca, que representan un 75% del valor total, según cifras del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El 54% de las especies que vende al exterior la actividad pesquera proviene de la acuicultura (cría), una actividad sustentable. Los productos pesqueros se ubican en el octavo lugar entre las principales exportaciones argentinas, delante de otros como el siderúrgico, el farmacéutico y lo producido en diversas economías regionales.
A los ingresos de este año se suman las exportaciones del año pasado, que alcanzaron las 788.000 toneladas de productos pesqueros, por encima de las 781.000 de 2019, a pesar de la pandemia y de la caída de los precios. La recuperación se alcanzó a partir de una fuerte programación sanitaria, que permitió tener rápidamente a nueve de cada diez trabajadores embarcados vacunados, de rápidos acuerdos para protocolos de prevención y del cuidado de los puestos laborales entre el sector empresario y los sindicatos de la actividad.
La pandemia fue un momento disruptivo para la economía y la pesca no fue la excepción, sumado a esto las características propias de su operatoria diaria en alta mar, siendo incluso una de las más riesgosas. En consecuencia, los protocolos sanitarios homologados por las cámaras y los gremios se pusieron en marcha rápidamente y la actividad se enfocó en la acuicultura. «La perspectiva acuícola es una política sectorial, social, ambiental, laboral y, por sobre todas las cosas, alimentaria», explicó a Acción el director nacional de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Abdala.
Por primera vez en la historia, Argentina cuenta con una dirección nacional específica para desarrollar un sector que se propone ser fuente productiva de la principal proteína alimentaria del planeta: la proteína acuícola, conllevando la puesta en funcionamiento de herramientas específicas para la actividad. En la actualidad se está gestionando la instrumentación de siete proyectos de desarrollo: cuatro en el norte de la Patagonia (Neuquén y Río Negro), uno en Patagonia Sur (Santa Cruz), dos en el Litoral (Santa Fe) y una en la Mesopotamia (Misiones). La dinámica que va tomando el entramado acuícola se revela en las inversiones que se vuelcan en la actividad, fundamentalmente en la Patagonia Norte (truchas) y en Tierra del Fuego (mejillones), lo que hace prever un repunte de la producción para los próximos años. Hasta la fecha –sostienen desde la Dirección– se anunciaron inversiones del sector privado que superan los 22 millones de dólares.
El incremento de la siembra en los embalses hace prever que en aproximadamente tres años se podrá llegar a una cosecha cercana a las 15.000 toneladas promedio. El valor promedio de exportación llega a los 11.000 dólares la tonelada. «Se va configurando así un vigoroso proceso de acción colectiva, con objetivos comunes y metas compartidas, en el que confluyen el Estado, los privados y las organizaciones del tercer sector», explicó el funcionario. Con miras a 2022, se prevé orientar parte de los esfuerzos a la asistencia integral del desarrollo de la actividad acuícola en el seno de pequeñas y medianas comunidades, fomentando el asociativismo productivo en el campo de la economía popular y para la diversificación de la acuicultura familiar, entre otros diseños proyectados. «De esta manera, se consolida paso a paso a la acuicultura como la posibilidad cierta de generar empleo de calidad, federalmente distribuido, reduciendo la pobreza y aportando a la seguridad alimentaria», anticipó Abdala.
Salarios y controles
Donde también hubo un trabajo tripartito fue en el mercado de langostinos en plena pandemia. Cuando en Europa se cerraron las bocas de expendio de langostinos, el principal producto pesquero de exportación de argentina, los precios se desplomaron por debajo de su mínimo histórico. Esto se explica porque, a diferencia de otros productos, el langostino tiene un consumo muy vinculado con los eventos (casamientos y encuentros empresarios sociales) como así también con la actividad de los restaurantes. El convenio colectivo de trabajo de la industria pesquera cuenta con salarios dolarizados y actualizables sobre la base del precio internacional del langostino. En ese contexto, se alcanzó un acuerdo entre las cámaras, los gremios y el Estado para asegurar la liquidación de los salarios hasta que se recompusiera la actividad, por el impacto de la pandemia. No hubo un solo despido durante la zafra anterior.
En los últimos meses se intensificaron también los controles sobre la pesca ilegal, con multas más elevadas y actualizables. Este año Argentina reclamó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la eliminación de los subsidios a la pesca ilegal, mientras que el Gobierno puso la lupa sobre empresas de España y Taiwán que operan en el Mar Argentino y también sobre el accionar de firmas chinas.
El ranking de naciones que subsidian la actividad lo encabeza China, con 5.900 millones de dólares, seguida por Japón (2.100 millones) y Corea del Sur (1.500 millones). Luego les siguen Rusia (1.200 millones de dólares), Estados Unidos y Tailandia (1.100 millones cada una), Taiwán y España (700 millones cada una) y Noruega (500 millones).
El otro canal de pérdida de recursos, en este caso impositivos, se da a través de la pesca ilegal en el marco de la privatización de la Hidrovía. Tras su privatización en la década del 90 y las dos medidas del Gobierno de Mauricio Macri que convirtieron al puerto de Montevideo como el punto de salida al mundo de todas las exportaciones que circulan por los canales de Argentina, Brasil y Paraguay, el país dejó de controlar lo que sucede, no solo en los ríos nacionales sino en todo el Atlántico Sur, incluyendo la pesca ilegal.
