10 de noviembre de 2022
En el marco de incipientes posicionamientos electorales, la oposición pone en agenda la gestión de las compañías controladas por el Estado. Mitos y realidades.
Firma estratégica. La petrolera estatal nunca recibió subsidios desde su reestatización en 2012.
FOTO: NA
En sus últimas apariciones públicas, en el marco de la presentación del libro de «memorias» sobre su gestión, el expresidente Mauricio Macri retoma la idea de privatizar las empresas estatales que presenten déficit. Si bien el caballito de batalla que utiliza el creador del espacio PRO es Aerolíneas Argentinas, el interés del establishment económico, al que responde Macri, incluye a todas las empresas estatales, con especial énfasis en compañías estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Las empresas públicas son herramientas estratégicas que los Estados gestionan para satisfacer requerimientos básicos de la población que no pueden depender exclusivamente de negocios ni de rentas privadas.
Macri sostiene que «existe una larga lista de empresas públicas que deberán ser gestionadas por el sector privado o que deberán ser eliminadas», en función del «déficit» de estas compañías.
«A lo largo de nuestra historia, las empresas estatales han jugado un importante rol en la dinámica del sector público, con presencia significativa en sectores económicos críticos. Luego de una etapa (los años 90) de reducción de la cantidad de empresas y de su incidencia económica y presupuestaria, en la Argentina de los últimos años la discusión sobre las empresas estatales ha regresado a la agenda pública, muchas veces asociada con sus desequilibrios económico-financieros y con las necesidades de recibir asistencia sistemática del Tesoro, con números agregados que adquieren relevancia en términos de su impacto en el gasto público total y el déficit consolidado del fisco», señala un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé para el año próximo un déficit de las empresas públicas cercano al 0,7% del PIB, mientras que los beneficios fiscales al sector privado y con privilegios de exenciones para el mismo ejercicio, ascienden a unos 3,6 billones de pesos, un 2,5% del Producto. Mientras que en 2021, los gastos de las compañías estatales totalizaron 2,5 billones de pesos y explicaron el 19,3% del total del gasto del Sector Público Nacional, equivalente al 5,4% del PIB.
Por otra parte, tuvieron ingresos propios de 2,14 billones, a los que se sumaron 719.000 millones de pesos de transferencias estatales con recursos del Tesoro Nacional. De acuerdo con lo establecido por la Ley de Administración Financiera, y en línea con criterios aceptados en la región y el mundo, se considera empresa pública a toda organización empresarial en la que el Estado tenga mayoría y/o tenga capacidad de decisión relevante en su gestión.
«En Argentina existen en el sector público nacional no financiero un total de 34 empresas públicas que, por su dimensión en términos de recursos, gastos y empleo, ocupan un rol significativo en el sector público y en la economía argentina. Este conjunto incluye a YPF, compañía en la que el Estado posee el 51% de las acciones, designa a sus autoridades e influye en sus principales decisiones productivas y comerciales», señala el informe de la OPC.
Pérdidas y ganancias
En estas empresas, de acuerdo con datos de 2021, trabajan 111.000 personas ‒con regímenes laborales y salariales heterogéneos, asociados mayormente al sector económico de la actividad de las empresas que a su condición pública‒ y niveles de productividad difíciles de mensurar. El informe de la OPC analizó también el valor de estas empresas en el país. No todo el déficit de las firmas públicas puede ser atribuido a sus ineficiencias.
En muchos casos, los desequilibrios operativos son el resultado de políticas de precios bajos decididas por las autoridades e impuestas a las compañías. Las transferencias del Tesoro a estas empresas entonces son más el resultado de decisiones de políticas públicas (los subsidios al consumo hogareño de energía y al transporte público de pasajeros son algunos ejemplos), que asistencias a las empresas derivadas de su mal desempeño.
La petrolera YPF nunca recibió subsidios desde su reestatización. «La inclusión de YPF, principal empresa argentina y bajo control estatal desde la expropiación del 51% de sus acciones en 2012, agiganta al conjunto de las empresas en prácticamente todas las dimensiones económicas», releva el informe de la OPC. Tampoco otras empresas públicas superavitarias requieren aportes del Tesoro, como Nucleoeléctrica Argentina, Administración General de Puertos, Yacimientos Minerales Aguas del Dionisio y TANDANOR. En el otro extremo se ubican la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
En cuanto a las críticas sobre el déficit de las empresas públicas, el mismo suele medirse habitualmente a través de las transferencias presupuestarias que realiza el Tesoro para cubrir sus desequilibrios. «Pero puede haber otras formas de financiamiento propias de cobertura del déficit (por ejemplo, el endeudamiento con bancos y/o con el mercado). Esta medición es imprecisa, ya que presenta errores convencionales», sostiene la oficina del Congreso. También existen fondos públicos que se transfieren a las empresas que no debieran ser considerados como parte del financiamiento del déficit, ya que se trata del fondeo de determinadas políticas públicas. Además, hay otros mecanismos de financiamiento más allá de los habituales, como transferencias, aportes de capital, préstamos y avales.
