27 de noviembre de 2023
Pese a las quejas del sector por la carga impositiva que erosiona su rentabilidad, el gasto que hace la diferencia entre ganancia positiva o negativa es el arrendamiento.
Cultivo de trigo. En los márgenes netos para productores, la variable determinate es la propiedad del campo.
Foto: NA
Desde el sector agropecuario suelen insistir en la cantidad de impuestos que pagan y que, dicen, les erosiona la rentabilidad. Esta semana, en su último documento, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que elabora informes sobre impuestos del sector, calculó el impacto impositivo en la rentabilidad agropecuaria.
De acuerdo con el índice trimestral que mide la participación del Estado en la renta agrícola, la entidad sostiene que de cada 100 pesos de renta del productor (ingresos menos costos), 63,2 quedan en manos del Gobierno nacional, provincial y municipal. «Es decir que los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo», asegura el documento de FADA.
Este es el argumento que los productores agropecuarios utilizan para aducir problemas de rentabilidad: los altos impuestos que recaen sobre el sector. Sin embargo, según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Bolsa de Comercio de Rosario, el verdadero costo que lleva a esos guarismos es el arrendamiento.
El arrendamiento representa en promedio el 39,8% de los gastos totales, con valores que alcanzan hasta el 54,1%.
La diferencia surge de que FADA no contempla las ventajas impositivas que se otorgaron a los productores afectados por la sequía ni el tipo de cambio diferencial que les autorizó el Gobierno a las economías regionales y a algunos de los principales cultivos exportables. Pero, además, no toma en cuenta el impacto de los alquileres de los campos, el negocio más rentable del sector, el cual no sufre de las vicisitudes climáticas ni riesgo alguno.
El arrendamiento, incluso, hace la diferencia entre la rentabilidad positiva –aunque reducida por la sequía– que tienen los productores con campo propio y quienes deben alquilar la tierra para trabajarla. Este alto costo lleva a que se pase de un rendimiento positivo para un productor con campo propio a una pérdida casi generalizada (sin importar el producto sembrado) para quienes deben arrendar el campo para poder trabajarlo.
La diferente realidad que vive quien cultiva soja en campo propio de quien lo tiene que alquilar, se resume en ganancia o pérdidas. Incluso, hay una trampa de precios que perjudica al pequeño productor y beneficia a los dueños de las tierras.
Trampa de precios
Con estos valores, los márgenes netos para productores con campo propio (antes de la liquidación del Impuesto a las Ganancias) se ubicaron para trigo, en 72,6 dólares la hectárea; para maíz, 217,7 dólares; soja de primera, 379,8 dólares; soja de segunda, 242,7 dólares; girasol, 70,2 dólares; trigo/soja, 315,3 dólares; cebada 1,4 dólares; sorgo, 328,4 dólares y cebada/soja, 244,1 dólares. Sin embargo, el rendimiento con campo arrendado se torna negativo: trigo, -106,6 dólares por hectárea; maíz, -230,3 dólares; soja primera -68,2 dólares; soja segunda, -26,1 dólares; girasol, -377,8 dólares; trigo/soja, -132,7 dólares; cebada, -177,8 dólares; sorgo, -119,6 dólares y trigo/soja, -203,9 dólares.
Para comprender la diferencia, cabe resaltar que los alquileres de campos no son un costo fijo sino que se pactan en quintales de producción (generalmente de soja) por hectárea, con lo cual, más allá de una buena o mala cosecha deberá pagarse de acuerdo con la trayectoria que siga el precio de la oleaginosa y el valor de la divisa estadounidense en que cotiza. Este valor, dependiendo de qué zona productiva se trate, puede ubicarse entre 12 y 15 quintales cada 1.000 metros cuadrados. De tal manera, cuando hay una mala cosecha, suben los precios internacionales por una menor oferta global. Como los alquileres están pautados en precio por quintal de soja, los arrendamientos también se encarecen. Esto a los productores los pone contra las cuerdas entre bajos ingresos y un mayor costo de alquileres.
El último informe de Agricultura, con un valor de dólar al 3 de octubre último (fijado tras las PASO y hasta el 15 de noviembre en 350 pesos por divisa), y tomando el precio de granos y oleaginosas de la Bolsa de Cereales, los mejores márgenes brutos por hectárea son de 560 dólares para la soja de primera, de 508 dólares para el sorgo, de 495 dólares para la combinación trigo/soja y de 424 dólares para el combo cebada/soja.
El informe oficial asegura que los gastos de comercialización y cosecha representan en promedio el 23,6% de los gastos totales, con valores entre 15,3% (girasol) y 28,6 % (sorgo). El arrendamiento representa en promedio el 39,8% de los gastos totales, con valores entre 27,5% (trigo) y 54,1% (girasol).
Entre el 50 y el 60% de la producción de los principales cultivos en el país se hace bajo algún esquema de arrendamiento. Por su parte, existe un mercado de arrendamiento de tierras que se aproxima a los 18 millones de hectáreas. Estos niveles de alquileres, sobre campos que no sufren una revaluación impositiva en muchos casos desde hace décadas, profundiza la clara diferencia de rentabilidades entre pequeños productores, arrendatarios y latifundistas.
El macrismo amplió este beneficio cuando, mediante la ley 27.480 de diciembre de 2018, modificó el texto previo de Bienes Personales, y estableció la exención de los inmuebles rurales «cualquiera sea su destino o afectación». Situación que el actual Gobierno intentó revertir, específicamente en la separata del Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso para su aprobación. Allí se buscó eliminar la exención de Bienes Personales para inmuebles rurales. Se trata de un gasto tributario equivalente al 0,48% del PIB: 1,69 billones de pesos.
