13 de mayo de 2015
Agentes diversificados de la producción granaria acaparan la renta del sector, acentúan su concentración y estrechan vínculos con las grandes compañías procesadoras y exportadoras transnacionales.
Demanda global. Su aumento implicó cambios en los insumos, en las semillas y en la maquinaria para adecuarse a la escala requerida. (Diego Giudice/Archivolatino)
Los hombres de la oligarquía agroganadera fueron, durante más de un siglo, actores centrales de la vida económica y política nacional. Esa posición se sostuvo con similar perfil terrateniente hasta un período tan cercano como los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, en los últimos decenios confluyeron distintos elementos (organizativos, tecnológicos, financieros) que resultaron clave para acentuar la gradual transformación de estos agentes. Dichos cambios incluyeron la conformación de una cúpula de agronegocios que incluye en la actualidad a sociedades diversificadas y empresas transnacionales.
Estos elementos «implicaron en todos los casos el apartamiento del Estado de su papel de regulador y controlador de los flujos y los stocks de ese comercio», explica un reciente estudio del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CefidAr). El informe hace referencia a la disolución de la Junta Nacional de Granos (JNG), la privatización de las líneas ferroviarias, de las rutas nacionales y los puertos, y la venta de acopios públicos.
Aunque esa estructura registró distintas modificaciones en los últimos años, vuelve a colocarse en el centro de los debates en plena campaña preelectoral y en el marco de una cosecha de soja récord de 59 millones de toneladas, un millón más de lo previsto hasta marzo, gracias a los crecientes rendimientos del cultivo, según estimó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Grano tras grano
Lo cierto es que sobre las actuales bases institucionales se erigieron nuevos esquemas de producción y financiamiento que tendieron a favorecer la expansión de la soja, a expensas de otros cultivos y de la actividad pecuaria. La nueva forma de producción, al requerir mayor escala, implicó nuevos insumos, semillas y maquinarias para poder adecuarse a la demanda expansiva de recientes compradores (en particular, China). El giro productivo de la oleaginosa mediante el uso de nuevas tecnologías –se pasó de 11 a 18 millones de toneladas entre 1990/91 y 2000/01– fue parejo al surgimiento de nuevos proveedores y operadores como los pools de siembra, provenientes de otros sectores de la economía.
Como consecuencia de la introducción en 1997 de la soja transgénica resistente al glifosato (cuyo principal proveedor es Monsanto), la propiedad de la tierra involucró una nueva condición, la de rentista, que reemplazó al productor tradicional. Desembarcaron en el sector empresas que articulan sus negocios en forma diversificada con distintas etapas de la intermediación y las finanzas.
Las grandes compañías comercializadoras, en tanto, se fortalecieron mediante la construcción de nuevos puertos privados, como así también con industrias aceiteras y molineras vinculadas. Este eslabonamiento vertical favoreció las condiciones para el sustancial aumento en la producción de granos que posibilitó contar con excedentes exportables, orientados ahora a países asiáticos en lugar de europeos, en un contexto de precios internacionales elevados.
Junto con estos beneficios, el estudio de CefidAr advierte sobre algunos efectos negativos de la creciente sojización. En particular, hace hincapié en la concentración productiva; el desplazamiento de cultivos tradicionales orientados hacia el mercado interno; cuestiones ambientales ligadas con la utilización del nuevo paquete tecnológico; la deforestación impulsada por los altos valores de los arrendamientos; y el éxodo rural generado por una producción que requiere de escasa mano de obra.
Sin embargo, el estudio no desconoce que uno de los impactos sistémicos más relevantes de esta situación fue el alivio de la denominada «restricción externa», al aportar buena parte de las divisas necesarias para sostener el proceso de desarrollo económico nacional. Ese fue el cuadro hasta 2011. La profundización de la crisis económica internacional –con su impacto en el socio principal, Brasil– impidió elevar las exportaciones de manufacturas. Mientras que la persistente caída en la producción de hidrocarburos (ligada con la desinversión de Repsol en YPF, que llevó a la renacionalización de la compañía en 2012) obligó a incrementar las importaciones energéticas y redujo así el superávit comercial.
Presiones
En este escenario, los nuevos actores del agronegocio volvieron a ejercer con fuerza la presión que ya habían ensayado con éxito en su lucha contra el aumento de retenciones vía resolución 125.
El problema radica –señala el informe de CefidAr, elaborado por Martín Burgos, Ernesto Mattos y Andrea Medina– en que la merma en las reservas internacionales genera una situación en la cual los exportadores –especialmente los de cereales y oleaginosas– tienen mayor poder de decisión sobre el tipo de cambio. «Una de las formas de influir en las reservas del Banco Central es retener/acopiar la cosecha destinada a ser exportada esperando una devaluación que mejoraría los ingresos del sector exportador, aunque eso genere un fuerte impacto sobre la distribución del ingreso y, en última instancia, sobre la actividad económica en general».
La cara visible de este lobby fue la llamada Mesa de Enlace de las cuatro entidades de productores, que recientemente ha abandonado la Federación Agraria Argentina. Esta resistencia provocó, como contrapartida, llamados de atención sobre la necesidad de un retorno al debate sobre las formas de intervención del Estado en el mercado de granos. El objetivo, precisa CefidAr, sería «lograr el abastecimiento del mercado interno en condiciones normales, diversificar la producción agropecuaria, evitar la especulación y lograr una contención en los precios internos en los alimentos consumidos por la población».
Una de las propuestas más recientes en tal sentido fue formulada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires), para la creación de la Agencia Nacional de Comercialización. Esta entidad mixta permitiría planificar la política de infraestructura y logística de una empresa especializada, ya que se considera inviable reponer la JNG debido a los numerosos cambios estructurales en la actividad.
Otros economistas compararon el panorama local con el de países como Australia y Canadá, donde el Estado está más presente para el caso del trigo, y para lograr implementar prácticas de clasificación y segregación del grano se definen a favor de una Agencia Nacional de Comercialización del Trigo.
También en el ámbito de la política nacional se generaron varios proyectos de ley que se orientan hacia propuestas de mayor intervención estatal en la comercialización de granos. Se destacan las propuestas del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri ; de los diputados Julián Domínguez y Adriana Puiggrós (esta última, favorable a crear un Instituto Argentino para la Promoción Granaria); y de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), integrada por productores, dirigentes y profesionales vinculados con la actividad agropecuaria.
Desafíos
Los expertos coinciden en resaltar los desafíos que plantea la hipótesis de poner en marcha una institución estatal con capacidad de influir sobre las decisiones de precios, cantidades y calidad de los cultivos, que se vincula en buena medida con las transformaciones del campo radiografiadas en las cadenas de valor, desde la materia prima hasta la exportación. Empezando por la superficie agrícola, que pasó de 27 a 35 millones de hectáreas desde comienzos de este siglo, y de la cual se destina hoy más de 60% al cultivo de soja.
Los aspectos estructurales del negocio, con todo, siguen sujetos al devenir político: 2016 será, en uno y otro sentido, el tiempo de las definiciones.
—Daniel Víctor Sosa
