20 de octubre de 2025
El pedido de ayuda directa al Tesoro americano estuvo precedido por un puñado de malas decisiones. La eliminación de las retenciones a las exportaciones agroindustriales fue una de ellas.
Promesa cumplida. Si bien las cerealeras liquidaron el monto pedido por el Gobierno, el Tesoro apenas logró captar una parte menor de ese ingreso.
Foto: NA
Pensar como una estrategia del Gobierno libertario la búsqueda de ayuda directa de la gestión trumpista para llegar a las elecciones de medio término sin acabar de romper todas las variables financieras peca de optimismo. La acción impresiona más como un gesto de desesperación ante un proceso económico que no hace más que deteriorarse día a día. La promesa de US$ 40.000 millones anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessen −US$ 20.000 millones vía swap de monedas y el resto con una línea de financiamiento adicional−, más la «compra» de pesos en el Mercado Único y Libre de Cambios argentino, tienen lugar luego de que la gestión mileista dilapidase en el último año más de US$ 63.000 millones. Grosso modo, en el desagregado se pueden enumerar más de US$ 20.000 millones del blanqueo de capitales, el crédito del FMI por US$ 20.000 millones, más de US$16.000 millones del complejo agroexportador en el primer semestre, el dato más alto desde 2003, y el último manotón de ahogado previo a recurrir a la ayuda norteamericana: los US$ 7.000 millones por la eliminación total de las retenciones a las exportaciones agroindustriales.
Esta última acción era una apuesta simple en su formulación y temeraria en sus consecuencias: un ingreso rápido de dólares a cualquier costo. Su resultado fue doblemente negativo. Por un lado, las cerealeras efectivamente liquidaron lo prometido, US$ 7.107 millones. Un salto del 187% respecto al mismo mes del año anterior, y un 291% más que en agosto. Esta cifra elevó el total anual a US$28.447 millones, un 13,4% más que en todo 2024. Pero el Tesoro apenas logró captar una parte menor de ese ingreso.
Por otro lado, el Estado resignó una porción significativa de su recaudación, con un costo fiscal de al menos US$ 1.600 millones (el 0,2% del PBI), sin que eso se tradujera en una acumulación real de reservas. La medida, lejos de reforzar las arcas del Banco Central o tranquilizar al mercado, terminó exponiendo con crudeza las falencias de una política económica que, bajo un discurso de eficiencia y ortodoxia, opera con improvisación y cortoplacismo.
Sin embargo, ese volumen extraordinario no se tradujo en un beneficio tangible para el Tesoro. De acuerdo con los registros oficiales, el Gobierno solo compró US$ 2.202 millones. El resto se diluyó en el mercado, o bien fue utilizado para contener las presiones cambiarias provocadas por la misma inconsistencia del programa económico. El esfuerzo fiscal para tentar al sector agroexportador no fue acompañado por una gestión eficiente que asegurara la retención de esos dólares en las reservas del Banco Central.
Lo llamativo es que esa cifra de US$ 2.202 millones no difiere demasiado de los promedios mensuales previos, cuando las retenciones seguían vigentes. De hecho, entre enero y agosto de este año, el promedio de ingreso fue de US$ 2.667 millones mensuales. En consecuencia, el Gobierno entregó un beneficio impositivo histórico sin obtener nada a cambio que no hubiese podido conseguir en un escenario con retenciones.
Más recortes. Esta caída de ingresos por quita de retenciones forzará un ajuste adicional en el gasto público, con impacto en obras, programas sociales y servicios esenciales.
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Costos y beneficios
La secuencia de hechos revela una estrategia mal planificada y peor ejecutada. El Ejecutivo esperó hasta septiembre –cuando ya era evidente la escasez de reservas– para negociar con las cerealeras. Para ese momento, la soga ya apretaba el cuello del Tesoro. En lugar de haber aprovechado los meses previos de menor tensión cambiaria para adquirir divisas, se eligió el camino del atajo: regalar retenciones con la ilusión de una solución inmediata.
Pero ni siquiera eso funcionó. La dupla Caputo−Bausili no compró un solo dólar de la liquidación del sector agroexportador hasta agosto. La reacción llegó tarde y mal. Y ahora, con las reservas escasas y sin ingresos frescos, el escenario que se presenta para los próximos meses es alarmante: se espera que el ingreso mensual de divisas caiga drásticamente, situándose entre US$ 300 y US$ 1.000 millones mensuales hasta fin de año. Muy por debajo de los US$ 1.500 millones mensuales históricos para el último trimestre. Con estos datos, la ayuda de Estados Unidos se imponía como única vía de salvación.
El costo fiscal de esta mala maniobra no es menor. El último informe de la Dirección de Recursos de ARCA (ex AFIP) muestra una caída real del 22% en los derechos de exportación en septiembre, en comparación con el año anterior. El principal golpe fue la eliminación de las retenciones a los productos del complejo sojero, que representan una parte fundamental de la recaudación por comercio exterior.
El Estado resignó así US$ 1.600 millones, sin que mejore su posición externa ni fortalecido la confianza en el peso. Por el contrario, la expectativa de una devaluación posterior creció, alimentada por la falta de reservas, la inconsistencia cambiaria y la percepción de improvisación generalizada. Esta caída de ingresos forzará un ajuste adicional en el gasto público. El Gobierno se comprometió ante el FMI a cerrar el año con un superávit primario del 1,6% del PIB, apenas superior al 1,3% logrado en los primeros ocho meses. Pero con la pérdida de 0,2 puntos por el regalo fiscal a las cerealeras, ese objetivo solo se podrá alcanzar reduciendo el gasto discrecional.
La consultora LCG estima que será necesario un recorte real del 5% en esta porción del gasto en lo que queda del año. Esto se suma al ya profundo ajuste registrado entre enero y agosto, del orden del 11% real anual. Es decir, se deberá profundizar la poda del gasto público –con impacto en obras, programas sociales y servicios esenciales– para tapar un bache que fue autoinfligido.
El resultado es tan elocuente como preocupante: menos dólares, menos recaudación y más ajuste. Todo por una jugada desesperada, diseñada para ganar tiempo, pero que terminó erosionando aún más la ya débil situación fiscal y cambiaria del país. Lo que se presentó como una medida pragmática, terminó siendo un nuevo ejemplo de improvisación que expone las limitaciones técnicas y políticas del actual equipo económico.
En lugar de diseñar un programa sólido de acumulación de reservas, el Gobierno eligió regalar impuestos a uno de los sectores más concentrados y rentables de la economía. No se aseguraron mecanismos para retener esos dólares ni se evaluaron con realismo las consecuencias fiscales de la decisión. La política económica del «Plan Llegar» –como irónicamente lo bautizó el mercado– parece más un conjunto de parches para evitar el colapso inmediato que una estrategia coherente para estabilizar la economía.
