15 de marzo de 2022
Se aprobó el acuerdo con el organismo internacional, pero se abren interrogantes acerca de su factibilidad, con eje en la reducción del déficit primario.
Respaldo en Diputados. El refinanciamiento de la deuda obtuvo 202 votos a favor, 28 en contra y 13 abstenciones.
NA
El Gobierno obtuvo media sanción en Diputados para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tras arduas negociaciones con gobernadores y fuerte presión del establishment empresario para que el país no caiga en default. Según el equipo económico, el acuerdo, ya en tratamiento en comisiones del Senado, permitiría refinanciar el histórico préstamo que tomó el macrismo (45.000 millones de dólares) y que se comprometió a cancelar en el plazo de tan solo tres años. El nuevo programa lo extendería por 30 meses, aunque con metas trimestrales a cumplir y un delicado margen de maniobra de la política económica.
Entre peleas y posiciones críticas en lo argumental frente al acuerdo (aunque muchos acompañaron igualmente el proyecto), la media sanción se dio sobre un documento acotado, en el que se eliminaron las responsabilidades del macrismo en la toma de deuda y los anexos económicos. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció a todos los bloques por trabajar en pos de un consenso para la aprobación del acuerdo con el FMI, al considerar que el tema se trató «con madurez y responsabilidad». De todos modos, la discusión se basó en el contenido de esos anexos. En dichos documentos se hace hincapié en que se mantendrán «las políticas promotoras del crecimiento y la resiliencia, que buscarán estimular la expansión y la diversificación del sector de bienes transables; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral; mejoras de la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; políticas de adaptación y mitigación climática; y el desarrollo más amplio de los mercados de capital».
Los objetivos plasmados en el documento impresionan como un compendio de buenas intenciones más que un plan programático, el cual se definirá junto con los funcionarios del Fondo. Respecto de los niveles de endeudamiento, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró en más de una oportunidad que «no se está agregando un solo dólar de deuda al stand by» pactado con el macrismo. «Lo que se concretó en primer lugar es un perímetro equivalente al programa stand by de 2018, es decir, un préstamo medido en dólares de 44.500 millones», detalló el funcionario. Estas declaraciones buscan explicar el proceso de refinanciación que contempla el programa de facilidades extendidas, un crédito a 10 años que se toma para pagar uno –como se comprometió el macrismo– a tres años.
Los riesgos de ajuste
El acuerdo ampliado con el FMI contempla un período de 30 meses y un monto en Derechos Especiales de Giro equivalente a 45.000 millones de dólares, o 1.000% de la cuota de Argentina. El financiamiento implicaría entonces desembolsos para cada uno de los vencimientos del stand by. «El Gobierno no busca un acuerdo con el Fondo, sino que busca refinanciar el acuerdo que dejó Mauricio Macri», aclaró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller.
El flujo sería de acuerdo con el siguiente calendario (según tipo de cambio proyectado de 107,93 pesos por dólar en el memorando): por el equivalente a 9.600 millones al momento de aprobación del programa por parte del Directorio Ejecutivo del FMI; 4.170 millones al momento de la primera revisión; 4.170 millones con la segunda revisión; 6.250 millones con la tercera; 5.560 millones con la cuarta; 4.170 millones con la quinta; 2.475 millones con la sexta revisión; 3.475 millones con la séptima revisión; 1.112 millones con la octava; 1.112 millones con la novena; y 1.131 millones al momento de la última revisión.
Asimismo, el acuerdo contempla una reducción gradual del déficit sobre la base de la recuperación económica. En 2022, el déficit será del 2,5%; en 2023 del 1,9%; y 2024 del 0,9%. «Se trabajará en la administración tributaria, en atacar la evasión especialmente en el sector de mayor contribución y en medidas contra el lavado de dinero», anticipó el ministro. En ese sentido, la AFIP trabaja en un programa fiscal que incluye, entre otras medidas, un alza en el revalúo inmobiliario a precios de mercado, según confirmó en la Cámara Baja la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
Por el lado de la política monetaria, se acordaron tasas de interés reales positivas (es decir, por encima de la inflación). En cuanto a las transferencias del Banco Central al Tesoro, habrá reducción gradual de dicha asistencia monetaria. Cabe recordar que el año pasado fue de 3,7 puntos del PIB; este año será de 1 punto; en 2023 del 0,6; y en 2024 será cercano a cero. El acuerdo sostiene además que se establecerá para el dólar un sendero de suba que vaya en línea con los niveles de precios internos, con el objetivo de no perder competitividad internacional. Y aquí se torna relevante uno de los principales problemas de Argentina: la inflación. «Lo que se acordó respecto de la inflación es un enfoque integral en el cual se parte de la premisa de que la inflación es un fenómeno multicausal. Hay múltiples factores que la explican y hay que atacarlos de forma concurrente», sostuvo Guzmán al presentar el acuerdo con el FMI ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
Más allá de los compromisos preexistentes, el staff realizará trimestralmente revisiones sobre la marcha de lo acordado, donde se analizará básicamente la reducción del déficit primario, el techo al financiamiento del Tesoro, el nivel de reservas y que no haya retrasos en los pagos a acreedores externos. En resumen, en cada revisión lo que se analizará es la capacidad de repago del país. El principal punto a analizar y, sin lugar a dudas, el más conflictivo en las posiciones entre el equipo económico gubernamental y los burócratas del Fondo, es el escenario de reducción del déficit primario. De cumplirse el escenario base, se prevé un financiamiento multilateral y bilateral de proyectos, el año próximo de 360.456 millones de pesos, que se irá acumulando con cada revisión: 38.414 millones de pesos a fin de marzo; 127.005 millones a fin de junio, 218.952 millones a fines de septiembre y los 360.456 millones a fines de diciembre.
El segundo y tercer punto se centran en evaluar que no exista acumulación de atrasos internos (deuda intra sector público) y con el exterior (pagos de deuda externa). El cuarto punto tiene como eje la acumulación de reservas netas del Banco Central. El límite máximo estará dado, además del resultado comercial, por las diferencias entre la salida de dólares y los desembolsos de programas con organismos multilaterales (incluidos el BIRF, el BID y el CAF) y de socios bilaterales. El diferencial de reservas netas iría creciendo trimestralmente y acumularía, según las proyecciones del acuerdo, a 10 millones de dólares a fin de este mes (hoy son negativas); a 700 millones a fines de junio; a 1.349 millones a fines de septiembre; y 1.389 millones a fines de diciembre de 2022. El quinto punto es el techo acumulativo de financiamiento del Banco Central al Gobierno nacional.
