6 de agosto de 2025
Por DNU, el Gobierno libertario habilitó la venta total de la empresa de agua y saneamientos argentinos en un déjà vu noventista. Servicio esencial o lógica mercantil.
Fracaso. De Aguas Argentinas a AySA. Desde 2006 la empresa reestatizada incorporó usuarios al sistema de red cloacal y de agua.
Foto: NA
Surfeando la ola privatizadora siglo XXI, antes de las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei avanzó en un sector clave: la provisión de agua potable. Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de provisión de agua y de servicios sanitarios, el Gobierno acaba de ratificar su intención de privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), urgido por conseguir dólares para sostener un esquema económico, que se vislumbra insostenible. La medida conlleva la posibilidad de que la empresa que se haga cargo del servicio pueda cortar el suministro con apenas dos meses de demora en el pago. El país ya transitó por ese camino con la privatización de los noventa y sus resultados no fueron buenos.
El Gobierno de Milei oficializó la privatización de AYSA y puso a la venta el 90% de las acciones de la compañía. Al día siguiente del anuncio, dio el primer paso hacia el desguace al permitir que el servicio sea interrumpido tras la falta de pago de dos meses. A través del Decreto 494/2025, el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializaron la decisión que había sido comunicada por Manuel Adorni. El Congreso deberá aprobar su venta. En primer lugar, se hará una licitación pública nacional e internacional para entregar el 51% del paquete accionario a un operador estratégico que se hará cargo de la empresa de aguas y cloacas. Luego, se rematarán el resto de las acciones en manos del Estado.
Mala experiencia
La empresa Obras Sanitarias de la Nación fue creada en 1912 con el objetivo de detener la epidemia de fiebre amarilla que asolaba a la población de Buenos Aires desde fines de 1800. Para 1980, la empresa centralizaba los servicios de agua en todo el país en articulación con las provincias. En la década neoliberal de los años 90, se privatizó el servicio de agua y saneamiento en varias ciudades, como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires y el área metropolitana. El decreto de privatización es de 1993, y pone de manifiesto, ya desde el vamos, el fracaso de la estrategia: el procedimiento se basó en adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria. En consecuencia, la concesión fue inexplicadamente otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon. La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Suez−Lyonnaise des Eaux y el grupo nacional Soldati. Por 30 años, la nueva corporación se convertía en la empresa de saneamiento más grande dada en concesión en el mundo, con seis millones de usuarios.
La letra chica señalaba que se transferían todos los derechos (pero no las deudas) de la empresa pública a la nueva empresa privatizada, mientras que entre los compromisos asumidos por la corporación figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).
Alcance. AySA abastece de agua potable a más de 11 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires como en 26 municipios del conurbano bonaerense.
Foto: NA
Luego de 13 años de gestión privada transnacional, la empresa de agua y saneamiento más grande del país había incurrido en una serie de negligencias que incluían, entre otros, la contaminación del acuífero Puelche y del Río de la Plata, así como un aumento de las tarifas del 475%. Estos hechos impulsaron al Estado argentino a recuperar la corporación en 2006. La nueva empresa pública de agua se denominó AySA (Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima) y se creó con el 90% de las acciones como propiedad del Estado y el 10% quedó en manos de los trabajadores de la empresa.
La corporación transnacional no tardó en presentar acciones legales en tribunales arbitrales internacionales. En 2010, cinco días antes de que la ONU declarara el acceso al agua limpia y la sanidad como un derecho humano esencial, el CIADI dictaminó contra Argentina. La sentencia en 2015 condenó a nuestro país a pagar US$ 405 millones a la empresa francesa Suez.
En la actualidad, AySA abastece de agua potable a más de 11 millones de habitantes y brinda desagües cloacales a más de 10 millones, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, a las personas que tuvieran una deuda no se les cortaba el servicio por ser considerado esencial. Sin embargo, en manos privadas, podría haber cortes masivos a los deudores pese a que fue reconocido por la ONU como derecho fundamental que no puede regirse por las reglas del mercado. El Foro de Economía y Trabajo (FEyT) –integrado por economistas, gremios, pymes y referentes del pensamiento nacional– sostuvo que en el caso de la privatización de AySA el Gobierno argentino va a contramano de una tendencia global que revisa y en muchos casos revierte las privatizaciones de los años 90. «Se trata de abandonar la lógica mercantil y reconocer al agua como un derecho humano fundamental», sostiene el FEyT. En esa línea, propone una gestión público-social, con participación de usuarios, trabajadores y comunidades, para garantizar la universalización efectiva del servicio, la calidad del agua y el tratamiento de residuos, condiciones laborales justas, sistemas de control rigurosos y la preservación de los acuíferos frente a modelos extractivos.
