9 de febrero de 2024
El Gobierno derogó 69 normas que regulaban sobre información a consumidores y el estímulo a la producción de pymes nacionales. El sueño de la liberalización total.
Manos libres. Grandes empresas, las principales beneficiarias. Pymes y consumidores, sin normas que limiten los abusos.
Foto: Télam
El Gobierno nacional decidió derogar 69 normas, en su mayoría relacionadas con el programa Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio». «El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», sostuvo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado. Dentro del paquete derogado, se destacan las normas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó la secretaría de Comercio. La norma elimina supuestas «superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes, como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios». Sin embargo, la medida afectará directamente a las pymes y al consumidor.
Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el Gobierno anterior. «Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», se indicó desde la secretaría.
Sin embargo, el sistema había permitido detectar un incremento notorio en la incorporación al mercado de productos con diversas presentaciones que, en muchos casos, difieren mínimamente de productos ya dados de alta para su comercialización. Entre ellos, se destacan cualidades o características resaltadas del producto, así como ventajas económicas que resultan habitualmente determinantes para la elección del consumidor.
Sin Compre Nacional
Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como se dispuso la supresión de toda norma complementaria del programa Precios Justos, que finalizó el 8 de diciembre pasado. Según la secretaría, «estas herramientas solo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país». Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando «a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».
Dentro de las «políticas de simplificación» impulsadas desde la secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas con la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada. Incluso, dentro del paquete de medidas eliminadas, se encuentra la libertad de los bancos a cobrar lo que quieran sin siquiera informar el Banco Central. Tampoco estarán obligados a informar tasa de financiamiento, costo financiero total (CFT) ni tasa de prendarios.
También se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo con lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».
Se derogó, además, la regulación 926/2021 que determinaba exhibir productos de pymes y producción nacional en las góndolas de supermercados de grandes superficies. «Los productos nacionales producidos por: (i) micro y pequeñas empresas, (ii) los sujetos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por el Artículo 5° de la Ley N° 27.118, (iii) de los sectores de la economía popular, definidos por el Artículo 2° del Anexo del Decreto N° 159 de fecha 9 de marzo de 2017, y/o (iv) aquellos producidos por las cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la Ley N° 20.337 y la Ley N° 20.321, deberán exhibirse con la leyenda clara y legible “COMPRE MIPYME” en todos los casos», destacó Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta era una norma que se desprende de la Ley de Góndolas que fue eliminada por el DNU, aunque el decreto todavía no haya sido ratificado.
«Por último, un respaldo a Clarín», señaló la economista y diputada por Unión por la Patria, Julia Strada en X: «Se elimina la resolución 4/2012 que indicaba “Normas reglamentarias tendientes a la puesta en marcha, supervisión y control del Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios”… Implicaba que la secretaría de Comercio podía fiscalizar a una empresa monopólica como Papel Prensa, para evitar las arbitrariedades». Y cerró su hilo con una síntesis clara de lo que estas derogaciones implican: «No más información, no hay más control. Nadie puede defenderte de los abusos».
