19 de junio de 2024
El ajuste del primer semestre del Gobierno libertario definió con claridad a los beneficiados y a los perjudicados por el modelo. Oligopolios versus ingresos populares diezmados.
La más grande. El conglomerado industrial de la familia Rocca es la mayor fabricante de acero de la Argentina.
Mientras sigue ajustando sobre los sectores más vulnerables de la población, el Gobierno allana el terreno para que los grandes oligopolios del país continúen abultando sus ya exorbitantes ganancias operativas. De acuerdo con los balances relevados por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), los principales holdings empresarios arrojaron mejoras notables en sus utilidades. Mientras tanto, el salario mínimo y el registrado privado retrocedieron cerca del 30% de su poder adquisitivo, mientras que las jubilaciones perdieron un 17%. Los datos relevados por el IPPyP sostienen que fueron clave de estas ganancias la devaluación, las desregulaciones de precios, los tarifazos y la transferencia desde el salario al capital.
Un primer paneo de utilidades arroja que en el primer trimestre del año YPF ganó 829% interanual; PAE, la petrolera de la familia Bulgheroni, incrementó su beneficio un 375%; Tecpetrol, la petrolera de Techint, facturó un 265%, pero sus utilidades mejoraron 2.700%. Arcor, a pesar de la recesión y el descenso del consumo de bienes de primera necesidad, ganó un 941%; Molinos Río de la Plata, la alimenticia de Pérez Companc que produce la mayoría de los productos esenciales, aumentó su beneficio 1.119%; Mastellone, que fabrica lácteos, pasó de perder 455 millones de pesos a ganar 45.031 millones; Laboratorios Richmond aumentó 9.851% y el Banco Santander ganó 752% interanual. Los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal que aprobaron en el Senado la semana pasada otorga más beneficios a estos «ganadores» a partir de la reforma laboral, las privatizaciones, el blanqueo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), diseñado a favor de las grandes multinacionales.
Alimentos. La firma cordobesa ganó en estos seis meses un 941% interanual.
Foto: NA
Los favorecidos de siempre
Una de las maneras de identificar a los vencedores del primer semestre libertario en Argentina consiste en observar cuáles son las empresas que más se valorizaron. En promedio, la muestra de 15 empresas que releva el trabajo del IPPyP expandió su resultado operativo en 687,5% y el resultado neto −que incorpora ganancia financiera, participación en sociedades, el pago del impuesto a las ganancias, entre otros conceptos− aumentó en 831,1%. «Esta multiplicación de los beneficios contables finales fue especialmente importante para sectores como el de los laboratorios (9.851%), el de la energía mayorista (5.203%), el complejo exportador de granos (4.921%), las empresas alimenticias (1.331%), el sector bancario (945%) y el hidrocarburífero (790%). Por el contrario, los principales conceptos de ingresos de los sectores populares y del trabajo vienen soportando importantes recortes en el mismo período que oscilan el 20% superando pérdidas mayores al 40% en el caso del haber mínimo y planes sociales de empleo como el Potenciar Trabajo», señala el documento del Instituto que conduce Claudio Lozano.
Por su parte, los bancos se beneficiaron por la devaluación inicial de la gestión libertaria, dado que contaban con bonos que se actualizaban por la evolución del dólar oficial. Banco Macro, la entidad que encabeza Jorge Brito, vio incrementar el valor en pesos en un 346,9%; Grupo Supervielle, el conglomerado financiero de Patricio Supervielle, un 306,7%. Grupo Financiero Galicia, que pertenece a las familias Escasany, Braun y Ayerza, un 269,2%, y BBVA Argentina, la filial del banco español, 255,7%.
En tanto, las acciones de Transportadora Gas del Norte (TGN), propiedad de Techint, el grupo de Paolo Rocca del que provienen varios altos funcionarios, y de Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, se incrementaron 192%. Sociedad Comercial del Plata (SCP), un 168,1%, que encabeza Ignacio Noel y entre sus principales activos figuran acciones de las petroleras Dapsa y CGC (donde la mayoría accionaria está en manos de Eurnekian), Canteras Cerro Negro, el molino harinero Morixe, la productora de papas fritas congeladas Lamb Weston, el tren Ferroexpreso Pampeano y un proyecto inmobiliario en las islas del Delta del Tigre. Le sigue Transener, con 168%, la mayor transportista eléctrica del país, propiedad de Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin. YPF, con 110,1%, la petrolera 51% estatal y 49% privada vio cómo sus exportaciones mejoraron en rentabilidad con la devaluación y además pudo aplicar aumentos de precios internos tanto en nafta y gasoil como en gas. Es una de las interesadas en que el Congreso apruebe el RIGI para construir con la malaya Petronas una planta de exportación de gas natural licuado (GNL).
Los ajustados
El salto inflacionario provocado por el Gobierno generó un shock regresivo a raíz de una importante transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia el capital concentrado. En conjunto, el plan «motosierra y licuadora», que implicó un fuerte recorte en partidas del gasto en términos reales, impactó en el bolsillo de trabajadores y jubilados e indujo un freno en la actividad económica por el derrumbe del consumo, con el consecuente impacto en el empleo.
Mientras los salarios registrados del sector privado y del sector público cayeron un 20,6% y un 26,9% respectivamente, el Salario Mínimo Vital y Móvil se redujo un 26,3% real desde noviembre, una pérdida, en los últimos seis meses, equivalente a 485.000 pesos. Pero fue, sin lugar a dudas, el conjunto de jubilados quien sufrió un recorte abrupto en los primeros meses del Gobierno. «Si bien, luego los haberes se recompusieron parcialmente debido a la desaceleración de la inflación, se destaca que quienes cobran la mínima, en junio tienen un ingreso de bolsillo (incluyendo el bono) que está 3,2% por debajo de noviembre», sostiene el informe de IPPyP. «Bajo el régimen actual (de actualización de haberes), en junio la jubilación mínima incluyendo el bono será de 276.931 pesos, lo que representará una caída interanual del 15% en términos reales», señala el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UNDAV).