13 de enero de 2022
El Gobierno restauró el vigencia de bandas tarifarias para dar mayor sustentabilidad al sistema de cabotaje, aún afectado por las consecuencias de la pandemia.
Línea de bandera. El macrismo benefició a las low cost en detrimento de Aerolíneas Argentinas.
NA
Tras el fracaso que significó a la sustentabilidad del sistema aerocomercial la apertura total de los cielos para las aerolíneas low cost, el Gobierno actual restauró el esquema de bandas tarifarias para ponerle un coto a las operaciones que se ofrecen por debajo de los costos y evitar, además, precios artificialmente altos. Desde el sector sostienen que no impactará en un alza en los precios actuales de los vuelos, ya que las bandas mínimas se colocan cerca de los valores vigentes. La medida busca eliminar la competencia desleal de empresas que pudieran ofrecer pasajes por debajo de sus costos, lo que pondría en riesgo la seguridad y el servicio brindado.
A través del Decreto 879/2021, publicado en el Boletín Oficial, se define el sistema de bandas tarifarias que serán aplicadas a los servicios de cabotaje de transporte aerocomercial. En relación con la medida dictada por el Gobierno, respecto a las bandas tarifarias en el sistema comercial, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, aclaró que «es un sistema que históricamente rigió en la Argentina para asegurar un sistema de transporte aéreo sustentable a corto, mediano y largo plazo que evite tanto precios predatorios como abusivos». «No permitir la venta indiscriminada de tarifas y regular los costos de los vuelos de cabotaje brinda un desarrollo sostenible al sistema aerocomercial», agregó la funcionaria. Sin embargo, la restauración de la banda tarifaria aérea generó ruido mediático sobre el supuesto impacto que tendrá entre empresas «tradicionales» y las que ofrecen servicios económicos (low cost). «Estas medidas protegen la situación financiera de las empresas, brindando servicios regulados y conectividad aérea a nivel nacional», detalló la titular del ente regulador de la aviación.
Las tarifas mínimas o de referencia en vuelos de cabotaje existieron prácticamente en toda la historia del transporte aéreo argentino. Fue a partir de 2002 y al incorporar también tarifas máximas que se estableció un sistema de bandas tarifarias. Ninguna de las líneas aéreas que participaron durante la flexibilización tarifaria sobrevivió. Desde la ANAC sostienen que, aún con un esquema de bandas tarifarias, todas las líneas aéreas creadas luego de la instauración del sistema en 2002 (como LAN Argentina, Sol, Andes o Macair) funcionaron y crecieron hasta el 2015.
Cielos abiertos
Durante el macrismo, la política de cielos abiertos que aplicó la gestión bajo el rótulo de «Revolución de los aviones» benefició a las low cost con exenciones impositivas, inversiones directas de las provincias y también del Estado nacional en desmedro de un achicamiento de Aerolíneas Argentinas (AA), la empresa de bandera. Incluso se reacondicionó la terminal de El Palomar, con dinero público, para que lo usen las low cost y ahorren tasas aeroportuarias, que AA paga. En 2019, el costo operativo anual para mantener el Aeropuerto El Palomar llegó a 298,3 millones de pesos. Así, las firmas low cost que comenzaron a quedarse durante la gestión anterior con parte de las rutas que operaba la aerolínea de bandera recibieron también subsidios, en su mayoría provinciales, como es el caso de Flybondi, Avianca, Norwegian y Jetsmart, por parte de las gobernaciones de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Chubut.
En la actualidad, solo se mantienen operativas tres empresas: Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi con vuelos regulares de cabotaje, aunque todas tuvieron pérdidas e inyecciones de capital, de acuerdo a los balances del sector. La pandemia, a su vez, agravó la situación económica y exigió destinar subsidios estatales también a las low cost, en especial para sostener los salarios de sus trabajadores. El año pasado, en plena pandemia, cuando los vuelos se paralizaron, el Estado nacional aportó a AA unos 594 millones de dólares, levemente por encima de los 426 millones que desembolsó el macrismo en 2019.
«El escenario actual muestra que la guerra de tarifas aéreas se da en un marco donde todas las compañías pierden dinero, poniendo en serio riesgo la continuidad de sus actividades, de la conectividad del cabotaje argentino y de los puestos de trabajo relacionados», concluye la ANAC.
