30 de mayo de 2024
El Gobierno alienta un incremento de la carga fiscal sobre los monotributistas y una simultánea reducción del aporte que realizan los más ricos a través de Bienes Personales.
Paquete fiscal regresivo. Con subas de hasta un 300% en el Régimen Simplificado y descensos de porcentajes para el impuesto que grava los altos patrimonios.
Foto: Jorge Aloy
Si el Senado convierte en ley el proyecto gubernamental denominado de «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» (con luz verde en Diputados, pero demorado en la Cámara Alta), se profundizará la inequidad del sistema impositivo, que ya grava en forma limitada a los ricos y pasaría a reforzar la carga sobre los no ricos. Es decir, sobre trabajadores, capas medias de la sociedad, Pymes, entre otros, lo cual ni siquiera le asegurará al Estado un resultado recaudatorio favorable.
La reforma propuesta incluye cambios regresivos en el impuesto a los Bienes Personales y en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo), advirtió un documento enviado a los legisladores por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (EFTE). Se trata de una agrupación de organizaciones que se presenta como «una red que busca fortalecer las prácticas e instituciones democráticas e impulsar políticas fiscales que pongan en el centro la justicia social».
La propuesta oficial de reformas al Régimen Simplificado alcanzaría a 2,05 millones de monotributistas y 632.000 monotributistas sociales, según datos del exministerio de Trabajo a diciembre de 2023. De los primeros, un 70% se encontraría en las tres primeras categorías (A, B y C) cuyos ingresos anuales oscilan entre 2,1 y 4,3 millones de pesos, según la tabla vigente de la AFIP. El proyecto libertario eleva el monto total que deberían pagar quienes se encuentran en esas categorías para el conjunto de los tres componentes: impositivo, previsional y de obra social. La suba sería del 120% para quienes actualmente facturan hasta 176.000 pesos al mes y del 72% para ingresos mensuales de entre 260.000 y 365.000 pesos. Se establece, además, la posibilidad de permanecer como monotributistas (en lugar de pasar al régimen de autónomos) a quienes facturan 1.400.000 pesos mensuales para venta de bienes y de un millón a 5,6 millones de pesos para prestación de servicios y realización de obras.
Así, alguien que percibe ingresos por debajo del salario mínimo, vital y móvil pasará a pagar más del doble que antes, mientras que quien percibe casi cinco salarios mínimos se beneficiará con una reducción de más del 40%.
Pero lo más grave, según los analistas, es la prevista eliminación del monotributo social, el régimen que facilita el acceso a la formalidad a personas de muy bajos ingresos (hasta 175.691 pesos al mes). Para ese segmento rige actualmente la exención general de los componentes impositivo y previsional, así como también del 50% del monto correspondiente al componente salud. En este último caso, el proyecto oficial contempla un aumento de su importe mensual de más del 720%. Así, quienes se encuentran en valores cercanos a la facturación máxima de la categoría pasarían de destinar menos del 2% de su ingreso a tener que dedicar más de un 15% al monotributo. Para esos niveles de ingresos, inferiores al salario mínimo, la carga tributaria «implicaría una expulsión de la formalidad y, por tanto, la pérdida del acceso al seguro de salud; además de otros efectos como la imposibilidad de acumular aportes jubilatorios o de emitir una factura», resume el estudio del EFTE, un espacio que integran expertos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; ATTAC Argentina; Transnational Institute; Ecofeminita; y el Observatorio de Economía y Políticas Públicas.
Bienes personales
De manera simultánea el proyecto oficial prevé que gran parte de los actuales contribuyentes del impuesto a los Bienes Personales (el 1% de la población con mayor patrimonio) dejen de estar alcanzados. Y quienes superen el nuevo mínimo no imponible abonen montos significativamente inferiores. El gravamen recae sobre la tenencia de diversos activos, como bienes inmuebles, automotores, acciones societarias y dinero, entre otros, situados en el país y en algunos casos en el exterior, a partir de determinado umbral. Al alcanzar solo a las personas con altos patrimonios es uno de los tributos más progresivos: en 2021 lo pagaron apenas unas 422.000 personas. En la actualidad, las alícuotas se estructuran en seis tramos según nivel de riqueza, con tasas que van desde el 0,5% al 1,75% para bienes situados en el país y desde el 0,7% al 2,25% para los ubicados en el exterior.
El proyecto contempla elevar el mínimo no imponible de 27 millones a 100 millones de pesos; una reducción paulatina de la escala de alícuotas hasta llegar a un nivel plano de 0,25% en 2027; y eliminar el tratamiento diferencial para los bienes ubicados en el exterior.
De este modo se licuaría el aporte al fisco de los ricos, ya relativamente reducido, mientras el efecto de la supresión de las escalas sería una menor equidad interna del tributo, ya que no distinguiría entre las diferentes capacidades contributivas. Hoy ese aspecto está contemplado, ya que el patrimonio del tramo más alto es al menos 34 veces mayor que el de quienes entran en el tramo más bajo.
El análisis del Espacio advierte que lo percibido por Bienes Personales en 2023 fue de apenas el 2,3% del total recaudado por el Estado nacional, mientras que el IVA (uno de los impuestos más regresivos) aportó el 34,4%. El escaso aporte de los más pudientes sería aún menor si se aprueba la reforma gubernamental. Según estima la Oficina de Presupuesto del Congreso, la modificación en Bienes Personales reduciría la carga tributaria de los propietarios de mayores riquezas en un rango de 0,29% a 0,61% del PIB.
Al rechazar la tendencia regresiva del proyecto gubernamental, los expertos del Espacio de Trabajo Fiscal advirtieron: «Para que el sistema tributario sea acorde a los compromisos de derechos humanos debe promover la igualdad sustantiva y la redistribución, impactar de manera equitativa de acuerdo a la capacidad contributiva de las personas y contribuir a movilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos de todas las personas».
