Las peores formas

26 de marzo de 2014

El combate contra la trata y explotación laboral dio paso a un fuerte crecimiento de las causas judiciales. Resta, sin embargo, identificar a los empresarios que extraen la mayor porción de ganancias.

Producción de tabaco. Uno de los sectores en los que estas prácticas se reiteran en ausencia de controles estatales. (Télam)

El 6 de febrero fue un día claro y tórrido en el denominado «Circuito de los Valles» de Jujuy, óptimo para el disfrute del paisaje y de los paseos de miles de turistas. Muchos de ellos eligieron la localidad de El Carmen, 25 kilómetros al sur de San Salvador: desde allí se accede a los diques La Ciénaga y Las Maderas, ideales para los deportes náuticos, la pesca de pejerreyes, las cabalgatas. Muy cerca de esos escenarios de deleite vacacional se ubica la finca Los Ávalos, propiedad de Gustavo de Tezanos Pinto, donde el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) constataron, ese mismo día, que al menos ocho niños de entre 9 y 15 años, descalzos, realizaban tareas vinculadas con la producción de tabaco, 8 horas diarias, en condiciones de precariedad y sin recibir salario alguno. El relevamiento realizado en ese operativo y el posterior allanamiento demostraron que en la finca vivían más de treinta familias en condiciones extremas de falta de higiene. Mientras los padres se dedicaban al desflore del tabaco, los niños hacían el «encañado» –atar las hojas en pares– lo que representa un riesgo para la salud de cualquier persona que no cuente con los elementos de protección, ya que las hojas de tabaco requieren la aplicación previa de plaguicidas. «Mientras los niños revelaban a las autoridades la tarea que cumplían, irrumpió Tezanos Pinto en su camioneta 4×4 y les ordenó que vuelvan a sus tareas», relataron desde el Ministerio. El productor-explotador «cerró las tranqueras con candados y amenazó a los funcionarios con no dejarlos retirarse del lugar. La tensión provocada por el encierro obligó a interrumpir el relevamiento, pero dos peones adultos contaron que habían comenzado a trabajar en enero y aún no habían cobrado ninguna remuneración por su tarea».

Situaciones
No se trató de un episodio aislado. En gran cantidad de campos y ciudades (incluida Capital Federal) se comprueban casos de trata laboral, servidumbre y explotación infantil por parte de empleadores abusivos. Son prácticas que se reiteran en ausencia de controles estatales y con la lamentable vista gorda de entidades empresarias y sindicales.
Lo novedoso en este terreno es que la problemática parece empezar a encauzarse por vía judicial. Por lo pronto, ya se dictaron 71 procesamientos en todo el país por trata laboral, en casos que incluyen 156 personas imputadas y 516 identificadas como víctimas de este delito, desde la sanción de la ley N° 26.364, de 2008, según surge de un reciente informe presentado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal. El estudio consolida la información de las causas iniciadas tras las acciones fiscalizadoras realizadas por distintas áreas del gobierno nacional, en conjunto con autoridades municipales y provinciales.
En los últimos meses se intensificaron los controles por parte de la cartera laboral (en especial, encabezados por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, Renatea) y de la AFIP (a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social), no sólo para reducir el nivel de empleo informal, que se ubica en aproximadamente un tercio del total, sino especialmente para limitar los casos extremos de explotación y trata laboral.
El siguiente es apenas un breve repaso por los hechos registrados sólo en lo que va de 2014, revelador del alcance de las violaciones a los derechos laborales y humanos de los involucrados:
• En los primeros días del año, el Renatea realizó operativos en Baradero, provincia de Buenos Aires y en San Pedro, Misiones. En el primer caso se relevó a trabajadores dedicados al desflore de maíz, durmiendo en carromatos en condiciones de extrema insalubridad. En el segundo, se detectó en un campo yerbatero que 21 trabajadores adultos y dos adolescentes acampaban con carpas hechas de bolsas de nylon y dormían sobre colchones ubicados en el piso, mientras que el agua que utilizaban para beber e higienizarse provenía de una vertiente estancada.
• El 15 de enero el Ministerio de Trabajo informó sobre nuevas denuncias de trabajo infantil en las localidades bonaerenses de Carlos Spegazzini (dos menores, de 14 y 15 años, en tareas de apilado y corte de ladrillos) y Mar del Plata (un niño de 15, elaborando alimentos en un comercio de venta de pollos).
• El 28 de enero la AFIP comprobó que en la estancia La Julieta, de Carmen de Areco, 135 peones (uno, menor) trabajaban los 7 días de la semana y sólo cobraron el jornal de su primer día laboral.
• El 31 de enero, el Renatea fiscalizó una finca de la empresa FJW (en Ituzaingó, Corrientes) y constató que 14 trabajadores dedicados a tareas de poda y raleo de pinos, incluidos dos menores de 15 y 17 años, habitaban campamentos en pésimas condiciones, sin acceso a agua potable, electricidad, ropa de trabajo ni elementos de seguridad. En una explotación contigua, Estancia Las Palmas, se relevaron similares condiciones para 15 trabajadores dedicados a la actividad forestal y ganadera.
• Días después, se inspeccionó la estancia yerbatera I Porá, en la localidad misionera de Santa Inés, Garupá, debido a reiteradas denuncias de los propios trabajadores. De los 61 casos relevados, había un menor en tareas de cosecha, mientras que las condiciones habitacionales eran de extrema precarización.
• El 6 de febrero, inspectores de Trabajo y el Renatea comprobaron en la finca perteneciente a la firma DJC, de Los Cerrillos –cercana a la ciudad de Villa Dolores, Córdoba–, graves incumplimientos a la Ley de Trabajo Agrario, casos de trabajo infantil y condiciones paupérrimas de vivienda, seguridad, higiene y alimentación de los peones vinculados con la cosecha de papa.
• Días después, la cartera laboral realizó otro operativo en un campo de plantación del mismo producto en Pla, partido bonaerense de Alberti, explotado por la firma Maguos, donde se encontró que una cuarta parte de los 68 trabajadores relevados no estaba registrado y se hallaba bajo «condiciones deplorables».
• El 13 de febrero la AFIP informó que el 90% de los 117 trabajadores dedicados a la cosecha de papa en siete predios rurales de General Belgrano (Buenos Aires) trabajaban en negro, y varios estaban en condiciones de servidumbre, por lo que fueron trasladados a un hotel de la zona por orden judicial. Las empresas agrícolas serían proveedoras de importantes comercializadoras de papas fritas congeladas en el mercado local, pero no cumplían medidas de higiene. Los peones –que habían sido trasladados desde Santiago del Estero– dormían en dos colectivos en desuso y sufrían «condiciones de vida inhumanas». La Afip precisó que se «investiga en forma conexa la posible tercerización que efectuaría una importante multinacional comercializadora de papas con las empresas en cuestión».
• El mismo día en Trabajo se informó de operativos en 51 establecimientos dedicados a la siembra y cultivo de la papa, propiedad de 41 productores, ubicados en Tandil, Azul y Lobería, provincia de Buenos Aires. Se encontraron allí 112 trabajadores en negro, de los 185 relevados. El caso más flagrante fue el de un campo de Lobería, propiedad de Antonio Cardoso e Hijo, donde un menor de 15 años, oriundo de Santiago del Estero, operaba un equipo de riego pesado durante aproximadamente 16 horas diarias.
• El 14 de febrero el organismo recaudador denunció a ocho encargados de tres talleres textiles del barrio porteño de Parque Chacabuco, quienes fueron detenidos y procesados por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre de 57 trabajadores de nacionalidad boliviana. A raíz de esta investigación se citó como imputados a los nueve dueños de las marcas de ropa que se abastecían en los talleres ilegales.
• A mediados de febrero el Renatea inspeccionó seis establecimientos en el partido bonaerense de Villarino, donde registró a 700 trabajadores hasta entonces informalizados e identificó a cinco adolescentes trabajando en la cosecha de cebolla, por lo cual intervino la Fiscalía General de Bahía Blanca.
• El 18 de febrero se detectó a 11 trabajadores rurales no registrados en la finca salteña Las Garzas, perteneciente a Moreno Agrícola Ganadera, que realizaban tareas de desmonte y alambrado. Vivían hacinados en contenedores de chapa, sin sanitarios ni agua corriente, dormían en colchones sobre el piso y no habían recibido ninguna remuneración por su trabajo. En el operativo se secuestró un arma de fuego Magnum 44 del titular del predio, no declarada.
• El 21 de febrero el Renatea detectó condiciones de hacinamiento, precariedad y trabajo en negro en explotaciones forestales de Entre Ríos (Concordia y Federación). Se comprobaron numerosos incumplimientos al Régimen de Trabajo Agrario, incluidas las precarias condiciones de habitabilidad, en ranchos y casillas de madera o chapa en medio de cañaverales. En general, los trabajadores no conocían con precisión la identidad de sus empleadores y, en algunos casos, ante al temor de no volver a ser contratados, optaron por esconderse entre ramas y pastizales para evitar ser descubiertos en semejantes condiciones de situación laboral.