13 de enero de 2024

Daniel Víctor Sosa

Distintos subsectores del agro pulsean con el Gobierno con la esperanza de reducir la carga impositiva prevista en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso.

El punto de discordia entre el denominado «campo» y los funcionarios pasa por la decisión oficial de elevar cargas impositivas con el objetivo de acercarse lo más posible al déficit cero en las cuentas públicas. Como el severo recorte de gastos no parece ser suficiente, se contempló una suba de retenciones a la exportación como vía más expeditiva para obtener ingresos.
El esquema propuesto prevé subir el tributo sobre los subproductos de la soja del 31% al 33%. Lo cual representaría, según la consultora AZ-Group, un aumento en la recaudación de 387 millones de dólares. Vale recordar, sin embargo, que el exministro y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, le había devuelto a la industria exportadora de harina y aceite de soja esos dos puntos de derechos de exportación que ahora volverían a ser incrementados. De manera simultánea, se desistió de la intención inicial de afectar a 18 producciones regionales con una alícuota del 15%, como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo. La marcha atrás implicó la exención (0% retenciones) a los envíos de los rubros olivícola, arrocero, de cueros bovinos, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Para los lácteos, en tanto, se ratificó la suspensión del cobro de derechos por otros seis meses. La baja fue dispuesta en octubre pasado por Massa, desde niveles de 4,5% para quesos y 9% para leche en polvo.
Los productores y empresas exportadoras de la oleaginosa y sus derivados, así como de las economías regionales alcanzadas, manifestaron su inmediato rechazo al nuevo cuadro. Sin mencionar, por supuesto, los beneficios obtenidos apenas semanas atrás por otra vía: la devaluación del peso del 110%, que consolidó las ventajas concedidas en el último tramo del Gobierno anterior, con las sucesivas ediciones del llamado «dólar soja».
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó pronto su «profunda preocupación y rechazo» a la propuesta de suba de retenciones, que va «en contra de la generación de empleo, la producción y las exportaciones». La intención gubernamental es alcanzar igualmente a los embarques de carne y a la pesca. El consultor Pablo Andreani, virtual vocero del segmento más concentrado de los agronegocios, sintetizó la protesta al cuestionar la «improvisación, desconocimiento, falta de coordinación entre los distintos organismos de gobierno y falta de evaluación del impacto sobre los mercados ni de las consecuencias de los anuncios en la toma de decisiones de los principales actores de la cadena».
Por lo pronto, el lobby del sector, en parte a través del diálogo de la Mesa de Enlace con los funcionarios, va logrando algunas revisiones. Por ejemplo, para la actividad vitivinícola las retenciones quedarían en 8% en lugar del 15% propuesto en principio, mientras el trigo y el maíz tendrán este último porcentaje, igual que el girasol. A la vez, están bajo análisis la producción de cerdos, tabaco, la forestación y el maíz pisingallo, para excluirlas del tributo, revelaron voceros de la entidad que nuclea a la Sociedad Rural (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales (CRA).
También discuten cambios representantes de otras producciones, como Carlos Almiroty, presidente de la cámara algodonera, quien advirtió que la suba de retenciones (de 5% al 15%) «según el rendimiento obtenido puede causar el quebranto del productor y llevar a menos trabajo, menor inversión y menor volumen de exportaciones, con lo cual vamos a ingresar menos dólares a la economía». Luego, desde Tucumán los productores de limones dicen haber sido discriminados frente a otras actividades frutícolas, ya que estaban exentos de retenciones desde fines del Gobierno anterior y ahora deberían pagar el 15% propuesto como norma general. Otros sectores afectados serían el forestal, que denunció el achicamiento de los márgenes brutos de las exportaciones de pasta celulósica, madera y pellets de madera; y la avicultura, hoy con retenciones del 9%, dado los sobrecostos previstos de modo directo e indirecto, sin posibilidad de trasladarlos a los precios de venta de pollos al exterior.

Caducidad
Mientras se aguarda el resultado de las múltiples tratativas, antes y durante las sesiones extraordinarias del Congreso, la expectativa es que el proyecto incorpore un cronograma de disminución de los derechos de exportación, «para que en 3 años, como mucho, pasemos a nivel cero de retenciones», resumió el titular de la Asociación Argentina de Girasol, Juan Martín Salas Oyarzún. «Si realmente hay que aguantar alguna suba de retenciones, que sea solo para esta campaña. Si no podemos evitar los impuestos, por lo menos pongámosle fecha de caducidad», dijo el dirigente.
Como telón de fondo de la pulseada impositiva, una reciente encuesta demostró el clima de confianza y optimismo en chacras y estancias, pese al aumento de retenciones, sobre las perspectivas de corto plazo. «Un 95 % de los productores piensa que va a mejorar sustancialmente la rentabilidad del sector agropecuario», planteó la Universidad Austral, tras procesar un sondeo que abarcó a 400 productores con un valor bruto de producción anual de 200.000 dólares o más. La mejora esperada se debe a factores como: el sinceramiento del tipo de cambio, menos retenciones (en promedio), la posibilidad de bajas de otros impuestos y en las tasas de interés, incentivos a la inversión y la incorporación de tecnología.

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