30 de marzo de 2023
Tras los reiterados apagones del verano la decisión del Gobierno busca asegurar inversiones en la distribuidora de electricidad para mejorar la calidad del servicio.
En problemas. Cerca de 200.000 afectados por cortes de energía en el AMBA en poco menos de un mes.
Foto: Télam
La escena, replicada de veranos anteriores y agravada por la ola de calor, volvió a mostrar a miles de usuarios porteños y del Conurbano bonaerense afectados por cortes de luz prolongados. Ese cuadro se extendió durante casi un mes y reflejó el deficiente estado de la red de energía eléctrica, especialmente de la distribuidora Edesur. Tras las protestas de los vecinos (se estima que hubo casi 190.000 usuarios a oscuras), el Gobierno nacional dispuso intervenir la compañía por 180 días y encargó al exministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, un diagnóstico detallado. El objetivo inmediato es mejorar la calidad del servicio a partir de un programa de inversiones de urgencia.
En sus primeros contactos con intendentes del área metropolitana, Ferraresi (jefe comunal de Avellaneda) rechazó que los problemas se hayan originado por tarifas inadecuadas. Al contrario, remarcó que la empresa cuenta con recursos suficientes, por lo cual su tarea apuntará a revisar que el dinero que deba ir a obras de mantenimiento tenga ese destino y no otro.
El cometido de la intervención a la concesionaria, hoy gestionada por el grupo italiano Enel –que ya anunció su intención de salir del negocio– puede resumirse en: fiscalización, control y resarcimiento a los alcanzados por el apagón. A partir de ahora, los gerentes de Edesur «no pueden gastar en lo que ellos consideren, sino que tienen que conversarlo con Ferraresi y demostrar qué hacen con cada peso que gastan», definió el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti.
En forma simultánea, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) prepara sanciones monetarias que podrían ascender a 2.700 millones de pesos, según anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien señaló que el organismo constató el «incumplimiento en las obras de inversión». Desde septiembre pasado ya se aplicaron multas a la empresa por 3.772 millones. Lo que buscan los funcionarios es que se cumpla de modo efectivo el denominado Plan Invierno previsto por la concesionaria, luego de que desbarrancara el Plan Verano, con cortes frecuentes y masivos en un promedio de 70.000 hogares por día. En el Gobierno admiten que la prestación de Edesur fue deficiente inclusive cuando obtuvo aumentos del 3.000% durante el Gobierno de Mauricio Macri. El argumento del «retraso tarifario» fue reiterado a comienzos de este año, cuando Edesur, al igual que Edenor, solicitó una suba de 262%. El pedido fue acompañado de una profusa campaña mediática según la cual esas compañías ofrecen la energía a valores muy inferiores a los de las provincias.
De haberse aceptado esa propuesta, cada usuario debería pagar 3.620 pesos por cada mil de la factura previa. El ENRE autorizó en cambio alzas del 60% promedio para todo 2023, y las consideró suficientes para sostener las inversiones necesarias.
Informe de situación
Junto con la intervención se informará al Congreso y al mercado de capitales cuáles fueron los incumplimientos detectados por la inspección del ENRE. La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que la estatización o el quite de la concesión a la compañía (de la que restan aún 60 años) no son medidas que estén descartadas, pero aclaró que esa decisión «demandaría más tiempo» y dependerá de cómo evolucione la situación. «La empresa tiene decidida la venta, pero la intervención no afecta este proceso», aclaró.
En caso de revertirse la concesión, concluiría el ciclo iniciado en 1992, cuando Edesur se hizo responsable de operar el servicio en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos bonaerenses (2,7 millones de clientes en la actualidad), tras el desmembramiento de la ex-Segba (la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires). En aquel momento se adjudicó el 51% de las acciones a la oferta (de 511 millones de dólares) presentada por el consorcio Distrilec Inversora S.A., integrado por Pérez Companc, Chilectra, Enersis, la subsidiaria chilena de la española Endesa, PSI y Taico. En diciembre de 1995 Enersis adquirió el 39% de las acciones que conservaba el Estado nacional, por 390 millones de dólares. El desembarco en Edesur por parte de Enel, perteneciente al Estado de Italia, se produjo en 2008, al adquirir la participación de Endesa.
Mientras avanza el proceso de venta de la distribuidora, que debería concretarse a fines de este año, el ENRE presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa, para que se los investigue por defraudación, desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. Días después, el organismo le solicitó a la Justicia que impida la salida del país de sus directivos, para evitar que incurran en una fuga mientras avanza la investigación, a la vez que se allanaron oficinas de la compañía. La Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora requirió instrucción respecto de esos ejecutivos, luego de que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunciara penalmente a la empresa por la mala prestación del servicio. La fiscal Cecilia Incardona consideró que la actuación de Edesur «constituye el delito de entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad, previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal».
