3 de noviembre de 2023
La Justicia federal rechazó la apelación de dos empresas para evitar el cobro de la tasa. Mientras que los cuatro países signatarios, tras sus reclamos iniciales, aceptaron la percepción.
Zona delimitada de cobro. Solo aplica para el norte de la vía troncal navegable, desde el kilómetro 1.238 hasta el kilómetro 548 del río Paraná.
Foto: Marcelo Manera
Luego de que un fallo de primera instancia rechazara el pedido de suspensión del cobro de peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el tramo entre Confluencia y Santa Fe, la justicia federal rechazó la apelación presentada por Petrolera San Antonio y Mercopar. Además, las firmas demandantes solicitaron que se ordene a las autoridades nacionales abstenerse de aplicar medidas tendientes al cobro de la tasa o que embargara o interdictara la navegación de las embarcaciones con las que ejercen su actividad comercial transportando mercadería por los ríos Paraguay y Paraná.
Las empresas argumentaron que la pretensión de cobrar una tasa de peaje en la vía troncal navegable desde el kilómetro 1.238 hasta el kilómetro 548 del río Paraná constituía un «obstáculo» a la navegación internacional y un incumplimiento de los tratados internacionales y de la Constitución nacional.
La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, en coincidencia con lo dispuesto en primera instancia, consideró que las empresas no habían agotado la vía administrativa, requisito que las normas imponen como paso previo al reclamo judicial. Los camaristas Eduardo Gottardi, Florencia Nallar y Alfredo Gusmán recordaron que la ley 26.854 impone que en estos casos la demanda judicial debe estar precedida por el agotamiento de la vía administrativa o que, solicitada la suspensión de los efectos de un acto, no se hubiese obtenido respuesta en el término de cinco días, lo que no se probó en esta causa.
Si bien las normas del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, suscripto por Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y aprobado por Argentina mediante la Ley 24.385, prevén un Protocolo para la Solución de Controversias, el arbitraje solo es para los países signatarios entre sí e inoponible a particulares.
La discusión
A comienzos de septiembre, los cuatro gobiernos signatarios emitieron un comunicado conjunto en el cual «lamentan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná». En ese momento, criticaron la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes.
Los cuatro países de la Cuenca del Plata expresaron, en ese momento, «especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo». Por último, solicitaron a la Argentina que adopte «las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la Hidrovía».
Sin embargo, pasado el malestar inicial, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay aceptaron el cobro de peaje a las embarcaciones que se trasladen por la Hidrovía. Hasta que se establezca el nuevo valor, el acuerdo prevé que el peaje se seguirá cobrando según la tarifa vigente sin modificaciones. Argentina ofreció una mesa técnica para evaluar las obras sobre las que se pondrá la atención ahora y, si corresponde, redefinir el monto del peaje. También se propuso iniciar discusiones técnicas en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía sobre la tasa del peaje establecido y, de llegar a un acuerdo, los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa, en caso de que se modifique.
Por su parte, la delegación argentina se comprometió a evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios y también a no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje mientras el tema esté en análisis y evaluación en la Comité.
