La desregulación del sector hidrocarburífero pone en evidencia que el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético queda relegado a un segundo plano. Destrucción de puestos laborales calificados «compensada» con empleos precarios.
12 de octubre de 2017
El gobierno de la alianza Cambiemos produjo un giro de 180 grados en materia económica. La implementación de un conjunto de medidas liberalizadoras implicó, entre otras cosas, desmantelar las regulaciones estatales preexistentes. Así, en los primeros días de gobierno, Mauricio Macri derogó todas las normas que regulaban las inversiones, permisos de exploración y explotación del sector hidrocarburífero. El decreto presidencial disolvió la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que había sido creada en 2012; en consecuencia, el repliegue estatal resultó funcional al proceso de liberalización sectorial auspiciado por el gobierno nacional.
El siguiente paso fue, en enero de 2017, suscribir un «Acuerdo para la Transición de Precios Internacionales de los combustibles» con las petroleras. El convenio establecía un ajuste trimestral del precio de los combustibles, para todo el año, de acuerdo con la evolución de determinadas variables, como el precio internacional y el tipo de cambio, entre otros. Sin embargo, el 26 de setiembre, el ministro Juan José Aranguren sorprendió anunciando la suspensión del Acuerdo. En efecto, el titular de la cartera de Energía comunicó la liberalización total del precio de los combustibles a partir del 1 de octubre de 2017, con el objetivo de que los precios internos converjan con los internacionales.
El adelantamiento del cronograma liberalizador obedeció a cuestiones electorales. Con el Acuerdo, las petroleras deberían haber incrementado el precio de los combustibles alrededor de un 6% a partir del 1 de octubre, pero los trascendidos indican que, a cambio de la liberalización sectorial, el gobierno negoció trasladar los aumentos para después de los comicios. Los especialistas estiman que, bajo el nuevo esquema, el futuro incremento rondará el 10%. El principal riesgo que esto conlleva es quedar atado a los vaivenes de un mercado muy particular, donde un fuerte crecimiento del precio del crudo podría provocar un devastador impacto interno.
De producirse esta situación, el gobierno contaría con dos herramientas para moderar la suba del precio: a) la mayoritaria porción de la comercialización doméstica de combustibles (55%) todavía está dominada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En consecuencia la petrolera estatal podría fijar «precios testigo» que moderen la suba de la competencia, pero de acuerdo con trascendidos, esta alternativa no está en los planes del gobierno nacional. Y b), la otra posibilidad, sería atenuar la carga impositiva, cercana al 45% del precio total. La idea sería reducir la alícuota del Impuesto a la Transferencia de Combustibles ante un aumento del precio internacional del petróleo (y viceversa).
Esta política desreguladora para el sector pone en evidencia que el objetivo estratégico de alcanzar el autoabastecimiento energético queda relegado a un segundo plano, debido a que, de ahora en más, las petroleras tienen vía libre para definir su estrategia comercial. En otras palabras, las compañías evaluarán en cada etapa si les conviene importar o producir internamente.
Una paradoja de este esquema de libre mercado es que, en el caso del gas, los argentinos pagan un precio muy superior a los valores internacionales. El integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), Marcos Rebasa, explica en su trabajo Adiós al autoabastecimiento que «los valores de estas tarifas siguen sostenidas por la remuneración del gas a las petroleras, subsidiada por todos los usuarios y garantizada y sostenida también por el Estado. Esos precios otorgados al gas producido en el país resultan de remunerar los yacimientos convencionales, mayoritarios en el suministro de gas a la demanda, con precios sustancialmente superiores a sus costos. De la misma manera con el precio con que se subsidia los no convencionales de Vaca Muerta. Son las compensaciones al oligopolio petrolero. Y expone también con claridad las contradicciones entre los principios alegados de competitividad y alineamiento con los precios mundiales, con la realidad de protección estatal a los precios especiales del gas a los usuarios, sin justificación en sus costos, que implican cuantiosas ganancias de las empresas petroleras».
Bajos ingresos
La creación de empleo continúa siendo muy débil a pesar del rebote económico. Sin perjuicio de eso, los funcionarios resaltan que se crearon 126.000 puestos de trabajo formales desde el comienzo del gobierno de Cambiemos, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Lo cierto es que ese resultado no es motivo de festejo porque ni siquiera alcanza a cubrir la demanda de mayor empleo por crecimiento vegetativo. Sin embargo, este número esconde que el 85% de los nuevos «puestos de trabajo» se explican por ocupaciones de bajos ingresos (monotributistas, empleados públicos municipales, casas particulares, monotributistas sociales). En muchos casos no se trata de creación de empleo sino solo de la inscripción para cobrar la Asignación Universal por Hijo, ya que ese beneficio se extendió al universo de monotributistas en abril del 2017.
La tendencia positiva se modifica si el análisis hace eje sobre el empleo privado registrado. En ese caso, la cantidad de puestos de trabajo retrocedió en cerca de 66.000 trabajadores desde noviembre de 2015 (ver cuadro), y la mayor caída se registró en el sector industrial. En resumen, los datos duros evidencian una destrucción de puestos calificados compensada con empleos precarios que registran ingresos bastante por debajo del promedio salarial.
En ese sentido, un documento del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala advierte que «los puestos perdidos fueron compensados con empleo precario y de menor remuneración, lo que implica un notable deterioro en la calidad del empleo argentino. Como los cambios en la composición del empleo mencionados tienen un impacto negativo en la masa salarial, esto repercute negativamente en el consumo masivo de bienes. A su vez, esta nueva configuración entre los asalariados no solo afecta al consumo, sino que probablemente refuerza el efecto en el empleo industrial, dado que la principal demanda de este sector es el alicaído mercado doméstico».
