1 de octubre de 2025
Al igual que su plan económico, el proyecto de ley de leyes del Gobierno presenta varias inconsistencias. Motosierra con foco en la población vulnerable.
Políticas habitacionales, afuera. El rubro Urbanismo y Vivienda dependerá del Ejecutivo, y en el Presupuesto 2026 representa una de las funciones de baja magnitud.
Foto: www.gba.gob.ar
El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Presupuesto, con las mismas inconsistencias con las que administra la economía. Dólar 2028 cotizando a los valores actuales, una inflación de apenas el 10,1% y cuatro años de déficit comercial pero con acumulación de reservas, son algunos de los ejemplos. La única certeza: la motosierra seguirá podando a los sectores más vulnerables. Los recursos para la función Servicios Sociales caerán 16% contra 2023 (antes del inicio de la actual gestión).
De acuerdo con las partidas incluidas en las planillas anexas a la ley de leyes, dentro de los Servicios Sociales se destaca la de Vivienda y Urbanismo, que registrará un incremento nominal de apenas 6%, por debajo incluso de la fantasiosa estimación de inflación para el año próximo. El proyecto incluye además la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares que actualmente se ajustan por inflación y se pagan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La medida puede afectar los ingresos de más de 9 millones de personas, que dependerán de la voluntad exclusiva del Gobierno.
A los efectos del impacto que tendrá esta eliminación, en el Presupuesto figura que se les dará un aumento del 5% a los pensionados por discapacidad, contra una inflación prevista del doble. El anuncio contiene además una trampa (o dos): en verdad, esto se hará mediante un enorme recorte del 13% en la cantidad de beneficiarios totales. De hecho, la eliminación del total de titulares también alcanza, aunque más levemente, a la AUH y a las jubilaciones, entre otros ítems de la seguridad social.
Si se compara con el último Presupuesto vigente, el de 2023, la partida en Vivienda y Urbanismo retrocederá en términos reales (considerando el efecto inflación) un 74%; mientras que en Agua y alcantarillado el ajuste escalaría al 78%. El rubro Educación y Cultura acumulará una caída del 45%, con la derogación del artículo que garantizaba la obligatoriedad de alcanzar pisos mínimos de gasto para el acceso a este derecho. Se suma el ajuste en Trabajo, Promoción y Asistencia Social, que reduciría su presupuesto 67%.
Total discrecionalidad. El proyecto incluye la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares que hoy se actualizan por inflación.
Foto: Jorge Aloy
Ajustes
Pero con una inflación subestimada a apenas 10,1%, incluso hay partidas que se definen por debajo de ese valor. Para llegar a ese guarismo de precios en el caso de este año implica que entre septiembre y diciembre de 2025 la inflación mensual promedio debería ubicarse en torno al 1%, mientras que en 2026 debería ser de 0,8%. En caso de que los aumentos de precios superen los previstos por el proyecto, se produciría una caída más pronunciada del gasto, principalmente en las partidas que no se actualizan automáticamente por ley.
Este es el caso del rubro Urbanismo y Vivienda, cuya ejecución de partida quedó a entera discrecionalidad del gobierno central. Este año se disolvieron fondos vinculados con la vivienda y el urbanismo, como el Fondo Fiduciario Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Esto modificó la modalidad de financiamiento y ejecución de las políticas habitacionales, definida discrecionalmente por el Ejecutivo.
De acuerdo con la información en las planillas anexas, la partida de Vivienda y Urbanismo se encuentra dentro de la finalidad Servicios Sociales y representa una de las funciones de baja magnitud en el Presupuesto 2026, con una asignación que equivale al 0,02% del gasto total de la Administración Nacional.
En el caso de las asignaciones familiares, el artículo 73 del texto oficial sostiene: «Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160». Estos tres artículos sostienen que tanto el valor de las Asignaciones como los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determina el cobro de esos beneficios serán móviles. Este rubro engloba a las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral. Todas pasarían a depender de incrementos a voluntad del Poder Ejecutivo.
Con estos cambios, el Gobierno se reserva la potestad de dar aumentos discrecionales a las asignaciones, como así también la actualización de los límites y rangos de ingresos familiares. En su discurso, Milei ya avisó que puede recortar partidas para garantizar el rumbo fiscal del año que viene en caso de que no se cumplan las estimaciones delineadas en la ley de leyes. Pero acá también hay una trampa, ya que la supuesta suba para los discapacitados se dará únicamente gracias a que habrá, al mismo tiempo, un recorte en la cantidad total de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez. Es decir, se aplicará la partida sobre un universo menor.
Según las tablas presentes en el proyecto oficial de Presupuesto 2026 que el Ministerio de Economía envió al Congreso, en el apartado «Función Seguridad Social» del «Análisis de gasto por Finalidad y Función», se determina que en 2025 hay 1.133.549 titulares de PNC por Invalidez Laborativa. En cambio, establece que para 2026 solo habrá 977.943 titulares. Esto implica una baja de 155.606 titulares de estas pensiones, equivalente a una caída del 13%.
