25 de febrero de 2015
Los acuerdos suscriptos entre nuestro país y el gigante asiático despertaron críticas de parte de la Unión Industrial Argentina y del grupo Techint, que denunciaron concentración de poder.
Reunión. Las autoridades de la UIA fueron recibidas en Casa de Gobierno para explicar los alcances de la alianza estratégica. (Presidencia)
La visita del presidente chino Xi Jinping a la Argentina, en julio pasado, no tuvo un carácter meramente protocolar. La suscripción de una «alianza estratégica integral» implicó un salto cualitativo en la relación bilateral. La profundización de los vínculos nacionales se materializó en un convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión que fue aprobado por el Senado argentino a finales del año pasado. De no mediar inconvenientes, el acuerdo será ratificado por la Cámara de Diputados en una de sus primeras sesiones de 2015.
La segunda visita de la presidenta Cristina Fernández a la República Popular China se enmarca en ese contexto. El saldo del viaje fue la suscripción de 22 acuerdos marco que comprenden un amplio abanico de temas como financiamiento para la construcción de un cuarto reactor nuclear, cooperación en diversas áreas –aeroespacial, salud, financiera–, intercambios culturales, comunicaciones, asistencia jurídica mutua en materia penal, visas, foro de negocios. A su vez, la presidenta anunció desde Beijing la puesta en marcha de la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. El costo de esas obras –que asciende a 4.200 millones de dólares– será financiado íntegramente por tres bancos chinos. Las entidades bancarias liberaron el primer tramo de los préstamos, 287 millones de dólares, tres días antes del arribo de Fernández a la nación asiática. La construcción de las represas será llevada adelante por una asociación empresaria integrada por la compañía china Gezhouba y la argentina Electroingeniería.
Documento de la central fabril
Los medios de comunicación dieron a conocer, en paralelo con la visita presidencial a tierras chinas, un duro documento de la Unión Industrial Argentina (UIA). En él se advertía que el convenio marco binacional «contiene cláusulas de enorme riesgo para el desarrollo argentino». Las críticas más importantes se concentraban en dos aspectos:
1) La posibilidad de «adjudicación directa de proyectos de infraestructura con horizonte a cinco años, a cambio de financiamiento de origen chino». Ese mecanismo «excluiría de forma manifiesta la provisión local de bienes y servicios argentinos, que no cuentan con dichas posibilidades de financiamiento».
2) «La posibilidad de contratación de mano de obra de origen chino en las mismas condiciones que el mercado laboral argentino, desplazando por lo tanto a la mano de obra local».
Los titulares de las carteras de Planificación y Economía contestaron esos reproches. El arquitecto Julio de Vido sostuvo que «ningún acuerdo prevé una participación de empresas nacionales menor al 50%», por lo que habrá un «fuerte impulso en diversos sectores industriales y transferencia de tecnología». El ministro puso como ejemplo que en las obras proyectadas en el ámbito nuclear «el 70% de los componentes serán nacionales». Por su parte, Kicillof aseguró que «los acuerdos no cambian ninguna legislación laboral ni migratoria argentina. O sea que una persona extranjera que viene al país a trabajar debe cumplir primero con las leyes de migración, luego con las leyes laborales y en tercer lugar, tiene que estar encuadrada en los convenios específicos según el sector». En ese marco, lo único previsto es que arriben menos de un centenar de técnicos chinos para la construcción de las represas.
Los funcionarios de la cartera económica agregaron además que las cláusulas cuestionadas son disposiciones generales ya incorporadas a los acuerdos celebrados por el gobierno alfonsinista con Italia (1987) y España (1988).
La presidenta también contestó a la central industrial desde Beijing. Los empresarios chinos y argentinos reunidos en el Foro Empresarial Argentino-Chino la escucharon decir «que se queden muy tranquilos porque seguimos defendiendo el trabajo y la participación del empresariado nacional… No creo que ninguno del centenar de argentinos que me han acompañado haya venido con el temor de perder a sus empresas ni a sus trabajadores».
Además, cinco ministros recibieron a la conducción de la UIA. Al término del encuentro, el titular de la entidad Héctor Méndez manifestó que «me voy muy conforme de la reunión, nos permitió aclarar las dudas que teníamos».
El crítico documento de la UIA no refleja la opinión de todos sus asociados. El empresario metalúrgico, ex presidente de la entidad y actual miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, Juan Carlos Lascurain, salió a defender los acuerdos con China. La posición del empresario fue secundada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y por José Urtubey (Tapebicuá-Celulosa Argentina), entre otros. El panorama se completa con un conjunto de empresas (metalmecánica, bienes de capital) con una postura intermedia: no reniegan de los convenios con la potencia asiática pero advierten acerca de la falta de previsión «taxativa» de la incorporación de tecnología nacional.
Operación política
La «filtración mediática» del documento interno de la UIA fue una jugada del grupo Techint. Según Lascurain, el propio Luis Betnaza (representante de Techint) reconoció ante el comité ejecutivo que había ordenado su difusión pública. La presidenta no dejó pasar la operación política del conglomerado de la familia Rocca, y sostuvo: «Cuando me enteré de que los representantes de esa empresa eran quienes habían impulsado un documento contra los acuerdos firmados con China, me dieron ganas de decirles a los chinos que no les presten nada 400 millones de dólares… los chinos verán qué hacen. Nosotros también veremos qué hacemos». La mandataria hacía referencia al préstamo otorgado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Cexim) a Techint para la construcción de la represa El Tambolar. Ese dique integra un conjunto de obras hidroeléctricas que permitirá el aprovechamiento múltiple del río San Juan. El posicionamiento crítico de Techint tiene razones políticas y económicas. En declaraciones al diario Página/12, Lascurain explicó que «lo que ellos quieren es disputarle poder al Gobierno». En la gestión de la Alianza, el grupo Techint impuso como secretario de Industria y Comercio al ingeniero industrial Javier Tizado (por entonces, presidente de Siderar). En el artículo «Javier Tizado, el hombre de Techint que comandara industria: retorno de Machinea al primer amor», el fallecido periodista Julio Nudler comentaba que los conocedores de esos asuntos afirmaban que «la Secretaría de Industria fue siempre 50% Techint, 50% Adefa (cámara de las automotrices)». Además de Tizado, el conglomerado de la familia Rocca aportó por lo menos otros tres ejecutivos importantes a la administración De la Rúa.
La pérdida de poder político es la principal causa de irritación de los Rocca. Más allá de eso, también existen algunas razones económicas para oponerse a los acuerdos con China. En ese sentido, el periodista Alfredo Zaiat explica en su artículo «Sombras chinescas» que «el conglomerado de los Rocca le teme a China en un mercado que tiene sobreproducción de acero por el estancamiento de las economías europeas, la débil recuperación de Estados Unidos y el menor crecimiento de Asia. El gigante asiático es el principal productor de acero en el mundo, concentrando el 49,2% del total en 2013. También es el primer consumidor mundial. Un reciente informe de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), donde participa activamente Ternium Siderar, advirtió sobre la expansión china en la región. Las importaciones de acero desde China hacia Latinoamérica crecieron un 56% en 2014 respecto del año anterior.
El año pasado, China exportó al mundo 84,8 millones de toneladas de acero laminado, y de ese volumen, 8,3 millones de toneladas llegaron a América Latina. Los principales destinos latinoamericanos para el acero laminado chino fueron: Brasil (24% del total de la región), Chile (15%) y Centroamérica (14%). En el reporte se destaca que la Argentina y Paraguay mantienen volúmenes de importación reducidos. El menor ingreso al mercado argentino está vinculado con el accionar del Estado aplicando medidas antidumping. Esta es la intervención estatal que Techint avala; no otra que pretenda conducir el desarrollo industrial.
El documento de Alacero denuncia que la política china respecto a la baja de precios «refleja la existencia de prácticas desleales de comercio, ya que los precios del mercado doméstico de China no se han reducido en la misma proporción».
—Diego Rubinzal
