9 de septiembre de 2015
Académicos, expertos y funcionarios advierten sobre la contracara de las altas cosechas: no se reponen los nutrientes extraídos y se pierde fertilidad. Preparan una nueva Ley de Suelos.
Rendimientos. Hoy es un 33% más alto que hace 20 años, pero en esta década –soja mediante– hay un estancamiento del rinde. (Matías Sarlo)
Hay varias formas de decirlo y lo hacen, desde hace ya tiempo, analistas privados, funcionarios nacionales, académicos y expertos de organismos internacionales. El llamado de alerta es el mismo: «Crecen la erosión de suelos y la desertificación»; «Vamos perdiendo fertilidad año a año»; «Los rindes agropecuarios están estancados»; «No se están reponiendo los nutrientes extraídos». El modelo de agricultura extensiva –soja mediante– exhibe así una contracara claramente negativa, cada vez más evidente y sobre la cual empiezan a articularse nuevas respuestas públicas.
Al mismo tiempo que el problema se agrava, en los últimos meses comenzó a trabajar una comisión en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para elaborar el anteproyecto de una próxima ley de suelos, a fin de «legislar la problemática de la promoción, preservación, conservación y restauración de las áreas destinadas al uso agropecuario».
El riesgo de perder (o dañar fuertemente) una de las fuentes tradicionales de generación de riqueza hace que el tema figure de modo habitual en la agenda de seminarios y encuentros de productores, en distintas zonas del país. Y es además, desde luego, materia prioritaria para representantes y técnicos gubernamentales.
«En la Argentina un 20% del territorio está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, lo cual representa unas 60 millones de hectáreas», advierte Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA.
El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Francisco Anglesio, precisa a su vez que «incorporamos solo el 37% de los nutrientes que le extraemos al suelo y perdemos 250.000 hectáreas por año».
Desde el sector privado, Andrés Arakelian, de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, alertó –durante un taller en la cartera agropecuaria– que «como contrapartida del aumento de la superficie cultivada, de la mayor producción y de los crecientes rindes agrícolas, hay un déficit estimado en 8 millones de toneladas de nutrientes que no se reponen en los campos».
En el mismo encuentro, el experto Benjamín Kiersch, de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, alertó sobre «la deforestación por reemplazo de bosques, vinculada particularmente con la extensión de los cultivos de soja».
Las prácticas deforestadoras se concentran particularmente en la ecorregión del Gran Chaco, de donde proviene el 90% de los productos de origen maderero (como carbón, leña y tanino). Según datos oficiales, entre 2006 y 2011 se desmontaron más de 1,5 millón de hectáreas de bosques nativos, debido a la expansión de la frontera agropecuaria y la explotación ilegal.
Erosión
Fernando García, de la sección Cono Sur del IPNI (International Plant Nutrition Institute), precisó a su vez, durante el último congreso de productores maiceros del país, que «estamos aplicando menos nutrientes de los que extraemos con los cultivos: reponemos la mitad del nitrógeno y el fósforo y 40% del azufre, y así vamos en detrimento».
El especialista Kiersch menciona también los efectos de la erosión eólica e hídrica, y el fuerte impacto por la creciente utilización de agroquímicos. «En menos de dos decenios –puntualizó– el uso de pesticidas y herbicidas pasó de 30.000 a 200.000 toneladas anuales, porque se opta por el control químico de malezas».
Anglesio, el titular del INTA, reconoce que «todos buscan rentabilidad y el cultivo que deja más margen», pero en ese proceso, indica, en los últimos años pasaron de la ganadería a la agricultura 12,5 millones de hectáreas.
Desde el mismo Instituto, Casas hace notar que en las regiones áridas y semiáridas del país (que cubren alrededor del 75% del territorio, al sur y al oeste) hay ecosistemas frágiles; 10% de la superficie sufre un grado de desertificación muy grave; y en un 60% el cuadro es de moderado a grave, «por el pastoreo excesivo y sobreuso de los recursos naturales».
El secretario de Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, admitió a su vez la «presión hacia una sobreutilización de suelos, por la mayor demanda de alimentos ante el crecimiento de la población y los mayores ingresos». «El desafío es encontrar las herramientas para conservar sanos y fértiles los suelos que se van a utilizar de manera más intensiva, y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como las funciones esenciales del ecosistema», señaló.
El empresario Arakelian precisó que el área sembrada con los principales granos llegó en la última campaña, con apoyo de agroquímicos, a las 37,6 millones de hectáreas, luego de superarse la barrera de los 30 millones en 2007. Los rendimientos, en tanto, se ubican hoy en 3 toneladas por hectárea, un nivel 33% más alto que el que se registraba dos decenios atrás. Pero desde comienzos de la década actual se observa un estancamiento en el rinde, ligado con la evolución del clima, pero también con la no reposición de nutrientes.
En términos económicos, calcula Casas, los productores retiran del suelo una riqueza valuada en 4.300 millones de dólares por temporada, mientras que solo se reponen alrededor de 1.300 millones.
Las entidades de grandes productores, agrupadas en la Mesa de Enlace, atribuyen el menor uso de fertilizantes a «la intervención del Gobierno en el mercado agrícola». Lo cierto es que en el reverso de la súper renta –repartida básicamente entre los dueños de la tierra, los pooles de siembra, las compañías exportadoras y la gran molinería local– aparece el peligro cierto de los campos yermos.
Pese a la relevancia del sector, en este Año Internacional de los Suelos –proclamado por la Asamblea General de la ONU–, uno de cada tres productores no aplica fertilizantes, y los que sí lo hacen aplican dosis inferiores a las necesarias.
Cuando el dueño de campos arrienda a productores su tierra, se desentiende del problema; en otros casos, prima el mero cálculo de rentabilidad de corto plazo.
Por lo pronto, el mercado actual de fertilizantes es de 3,2 millones de toneladas (el pico fue de 3,7 millones en 2007). Para que las producciones sean sustentables, se estima, ese volumen debería incrementarse a 4 o 5 millones por año.
Proyectos
Frente a esas necesidades, los grupos concentrados maniobran para esquivar responsabilidades y sacar partido. En ese sentido, un proyecto impulsado en el Congreso nacional apunta a promover el uso de fertilizantes mediante la deducción como gasto del 100% del impuesto a las ganancias. En respaldo de la iniciativa, el diario La Nación remarcó que por esta vía «la demanda de fertilizantes podría subir a 900.000 toneladas, se producirían 9 millones de toneladas más de granos, y el país recibiría divisas adicionales por 2.300 millones». Sobre quién se apropiaría la mayor rentabilidad, en cambio, no se dice nada.
El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela destacó que la ley en vigencia «debe ser revisada porque no tiene una aplicación concreta», y porque, además, es clave para garantizar la seguridad alimentaria y la producción de excedentes, «en una gran cuenca –la del Mercosur– que hoy es la mayor reserva de proteína animal y vegetal del mundo».
El anteproyecto que elaboran en Agricultura especialistas de la cartera y del INTA, en cambio, prevé impulsar nuevos mecanismos frente al fenómeno multidimensional de la degradación de suelos. Entre ellos, los «índices de sustentabilidad del suelo», a fin de preservar recursos naturales, evitar pérdidas de fertilidad y otras consecuencias en los agroecosistemas.
El Instituto sería el encargado de establecer esos índices, que se aplicarán para cada región del país, a efectos de «poder contribuir a la definición de medidas de prevención, corrección o restauración» en campos destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera y forestal.
En cuanto a la posibilidad de recuperar otros predios afectados por la deforestación, el Gobierno nacional prevé poner en marcha próximamente el proyecto «Bosques nativos y comunidad», al que destinará unos 70 millones de dólares hasta 2018.
El objetivo es apoyar la implementación de planes de manejo forestal sustentable y el desarrollo de proyectos productivos en beneficio de unos 150.000 pequeños productores y sus familias, en su mayoría integrantes de pueblos originarios, que viven en Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones.
De forma complementaria se llevará adelante el proyecto «Corredores rurales y biodiversidad», con recursos de una donación de 6,2 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a fin de promover un manejo integral de casi un millón de hectáreas ubicadas en el Gran Chaco, en la estepa patagónica y en áreas marino-costeras.
—Daniel Víctor Sosa
