23 de marzo de 2024
Si bien el desacople con la canasta básica viene desde hace más de un lustro, el ajuste fiscal recayó fuerte en los ingresos de los adultos mayores. AFJP y regreso a los 90.
En picada. La baja del gasto en las jubilaciones y pensiones llegó al 43% durante el primer bimestre del año.
Foto: Jorge Aloy
El supuesto recorte a la casta política tuvo como principales destinatarios a los jubilados y pensionados, quienes aportaron cerca de la mitad de lo «ahorrado» por el Gobierno en lo que va del año. El ajuste fiscal ortodoxo de la administración de Javier Milei recayó sobre los jubilados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el desarticulado Potenciar Trabajo y las provincias. «Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos compensatorios) mostraron una reducción real de 43% durante el primer bimestre de 2024 comparado con el mismo período del año pasado», destaca el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). «La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, que toma como referencia períodos anteriores asociados a la recaudación de Anses y salarios, como así también por la frecuencia de actualización trimestral, parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Los haberes sin bonos cayeron un 43%, mientras que la pérdida con bono incluido fue de 27,8% interanual», indicaron desde la OPC.
Sin acompañamiento del Congreso, el Gobierno modificó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria. Desde abril las jubilaciones se actualizarán por IPC y suman, por única vez, un adicional del 12,5% en abril, como compensación por la pérdida de los primeros meses del año. Lo cierto es que de este modo se consolida el brutal retroceso del poder adquisitivo de los haberes por la inflación de los últimos meses. El Gobierno, además, ratificó en el comunicado de anuncio de la nueva fórmula, su intención de ejecutar una reforma previsional integral.
Actualmente, los haberes medidos en dólares se ubican en sus mínimos desde la década del 90, cuando las Administradoras de Fondos y Pensión (AFJP) irrumpieron en la realidad nacional, las mismas que Milei admitió que busca volver a implementar.
La reforma previsional de 1994 (Ley 24.241) tomando como referencia explícita al sistema chileno, significó la adopción de un sistema de carácter mixto que, al trastocar la lógica de solidaridad intergeneracional como su único principio constitutivo, incluyó la capitalización individual como un elemento central de la futura jubilación del trabajador. Un régimen de carácter mixto, porque se combinaban dos sistemas, uno administrado por el Estado (de reparto) y otro por las AFJP y las Compañías de Seguro de Retiro (CSR), en su mayoría privadas y vinculadas entre sí.
En lo que respecta a la determinación de los haberes jubilatorios también se presentaban diferencias: mientras que en el sistema de reparto resultaban de la composición de tres tipos de prestaciones a cargo del Estado, en el de capitalización se combinaban recursos públicos con un haber financiado por las AFJP con los fondos capitalizados de sus afiliados. Ahora bien, es preciso advertir que, en diversos aspectos, la reforma beneficiaba al régimen de capitalización. Algo que comienza a promoverse sottovoce hoy desde el entorno del presidente libertario.
En el trascurso de los 14 años en que el sistema previsional mixto estuvo vigente en el país hasta su estatización para volverlo a convertir en un sistema solidario, se puso de manifiesto que muchos de los argumentos con los que se justificó la reforma de 1994 poco tuvieron que ver con los resultados reales del sistema. En principio, basta con advertir que, lejos de impulsar el crecimiento económico y mejorar los haberes de los jubilados, las consecuencias de la reforma fueron negativas para los ingresos del Estado y regresivas para la clase trabajadora.
Volver al pasado
Durante los 90, bajo el plan de la Convertibilidad en el que un peso era igual a un dólar, el nivel de haberes, entre 1993 y 2001, no se contrajo, pero esto se explica en gran parte por la ausencia de inflación en el período, más que por un incremento en el valor nominal de las jubilaciones y pensiones. Es más, los haberes jubilatorios a lo largo del régimen de convertibilidad evaluados a pesos constantes fueron 10,6% más reducidos que los registrados en la década del 80.
En 1998 un jubilado recibía como mínimo 150 dólares mensuales, mientras que en marzo de 2023 llegaba a 156 dólares. Sumado el bono, el valor asciende a 195 dólares. En ambos casos muy por debajo de la canasta básica. Hoy se ubica en 130 dólares. En 2012 sumaba 398 dólares y en 2017 se mantenía en 445. Luego comenzó la licuación de haberes con las constantes devaluaciones. En los últimos siete años las jubilaciones fueron el principal foco de ajuste presupuestario en las tres administraciones del Estado, de la mano de una caída del poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, con Milei el ajuste se hizo aún más profundo en un sistema previsional nacional que integran en la actualidad más de 5,7 millones de jubilados y pensionados (90,5% más que en 2001), de los cuales el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria.
De acuerdo con cálculos del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex), que se acercan a las cifras expresadas por la OPC, las jubilaciones y pensiones implicaron el 45% de los recortes en montos.
Por su parte, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) asegura que, en el acumulado del primer bimestre del año, el gasto primario habría caído un 33,6% interanual. Los rubros de mayor caída real interanual habrían sido: transferencias totales a provincias (-65%), Bienes y servicios (-46%) y prestaciones del Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados (INSSJP), con -39,5%. El gasto más importante, el de jubilaciones y pensiones, habría descendido un 32,6% real interanual, algo menos que la caída real del gasto promedio. «De nuevo, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43 % del total, equivalente a 1.682.000 millones de pesos. Les seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros», agrega el Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz.
Esto refleja que la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre explica la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el período analizado. Un jubilado con la mínima terminará marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto del mismo período de 2023. La contracara de semejante pérdida de poder adquisitivo es una baja importante del gasto real en jubilaciones y por esa vía del total de gasto.
