La presión cambiaria, la aceleración inflacionaria y el llamado urgente al FMI desnudaron las inconsistencias del modelo. Profundización del recorte del gasto, especialmente en subsidios y obra pública, como perspectiva a corto plazo.
23 de mayo de 2018
El gobierno asegura que lo peor ya pasó y se recuperó la calma después de la «turbulencia cambiaria» pero el cortísimo plazo, el segundo semestre, luce sin embargo preocupante en lo económico y social para la mayor parte de la población bajo el signo del ajuste. Casi nadie niega que se prepara un duro reparto de estrecheces, aunque sí se oculta que el proceso vendrá de la mano de transferencias regresivas de ingresos y una nueva ronda de acumulación de riquezas en beneficio de los híper ricos. Quienes pergeñan los detalles en estos días, son los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). O los «mercados», definidos como los holdings empresarios dominantes. O el gobierno nacional, que es todo eso, al fin de cuentas y en una mirada panorámica, prácticamente lo mismo.
El diagnóstico oficial se repite hasta el hartazgo: «No podemos gastar más de lo que tenemos»; «El déficit fiscal es insostenible»; «Hace falta un gran acuerdo nacional para terminar con los privilegios»”. Esto último, sin embargo, no involucra a quienes se beneficiaron de la última corrida del dólar (y de las que podrían sobrevenir). Ni a los grandes especuladores en Lebac y otras variantes financieras y bursátiles, que para eso consiguieron dinamitar antiguos «cepos» inconvenientes. Ni a quienes mantuvieron sus ventajas impositivas en el campo, las minas y los yacimientos de petróleo y gas. En todo caso, el Fondo Monetario y las autoridades nacionales se concentran en lo inmediato en unos pocos objetivos: el achique del gasto público (nacional y provincial); la licuación de los salarios, jubilaciones y pensiones; y el sostenimiento a ultranza de un esquema tributario regresivo y el tarifazo en servicios públicos (quizás vía veto presidencial del proyecto del Congreso) para eliminar subsidios del fisco.
Descalabros
El deterioro del escenario económico y social, desde luego, no representa todavía el riesgo de una crisis terminal ni mucho menos. Una evidente solidez en sectores como el bancario y el escaso reflejo de la corrida en segmentos minoristas (quizás por la existencia previa de una alta dolarización de ahorros) aleja la comparación con otros salvajes derrumbes de fines del siglo pasado y comienzos del actual. Lo que sí retorna, una vez implementada, al menos en gran parte la devaluación de la moneda nacional (con la salida en pocas semanas de 8.500 millones de dólares de reservas monetarias) son las incombustibles presiones sobre la urgencia presunta de reducir el Estado en cualquiera de sus variantes. Y aunque el declamado «nuevo FMI» se dice ahora desvelado por el impacto social de sus recetas, no pocos observadores consideran lícito preguntarse sobre la futura calidad de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y justicia.
En todo caso, ya se anunció un drástico recorte de las partidas de inversión en infraestructura, que previsiblemente sufrirán una disminución mayor que los $ 30.000 millones anunciados por el ministro Nicolás Dujovne antes del pico de la crisis. Bajo la lupa se encuentran además el gasto compuesto por salarios (incluidas las transferencias a universidades para tal fin) y las prestaciones sociales (Asignación Universal por Hijo y pensiones no contributivas), que en 2017 representaron el 30% de las partidas del Presupuesto. Otro 20% correspondió a subsidios, gastos de capital y transferencias a provincias.
Lo que se mantendrá invariable, se descuenta, serán los pagos por la creciente deuda del Banco Central, que se alimenta de Lebacs a una tasa del 40%. Un precio que pone un freno al nivel de actividad en la economía real y que revela el daño real de la crisis que el presidente Mauricio Macri dio prematuramente por terminada. De momento, en la Casa Rosada le encienden velas a dos santos. Uno, el «rescate preventivo» del FMI, con su esperada bendición de 30.000 millones de dólares, según se dejó trascender. El otro beatífico intercesor ante el dios Mercado podría de pronto tornarse satánico. Así sería si el Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) pospone otra vez en junio el premio de la calificación del país como «emergente», tras el castigo de haber permanecido desde 2009 en el ostracismo «de frontera».
El tablero incluye en forma adicional un contexto externo menos amigable por la suba de tasas en Estados Unidos, que alentó en parte la rápida salida de fondos especulativos del país. En todo caso, resurgió como indicador a seguir minuto a minuto el «riesgo país», es decir, el sobrecosto a pagar por el endeudamiento público o privado. Un dato que amenaza con pegar nuevos sustos, aunque el ministro Luis «Toto» Caputo consiga aportes momentáneos como los que hicieron los fondos Black Rock o Templeton para demostrar que el incendio está bajo control.
La «calma» en el valor de la divisa estadounidense no será obstáculo para que su traslado a precios se despliegue en todas direcciones, lo cual revelará la dimensión del daño de la política gubernamental, que hasta diciembre proyectaba para 2018 una inflación de 8-12%, la elevó luego a 15% y sostiene esa meta incluso hoy, a fines de mayo. Hasta se insiste en que la película se llama «Desinflación».
Lo que se ve venir, en cambio, son los estragos en los sectores populares de una carestía implacable que se sumará a la ya acumulada: en solo cuatro meses los precios mayoristas medidos por el Indec avanzaron entre 13,8% y 15,9%. Hasta los economistas amigos del gobierno pronostican alzas de entre 28% y 30% anual, que no está mal cotejar con salarios que subirán un 15% promedio, si es que son trabajadores formales (unos 9,3 millones, privados y públicos en todo el país). El mundo pyme e informal, ligado al mercado interno, se llevará sin duda la peor parte, no solo con mermas coyunturales en sus ingresos y rentabilidad. En realidad, con la profundización del modelo (haya crisis cambiaria o no, y sea cual fuere el trauma devaluatorio o inflacionario) habrá secuelas negativas en la mayor parte de la sociedad.
