18 de julio de 2024
Encubrimientos, pistas falsas, mentiras y operaciones políticas signaron las investigaciones sobre el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Crónica de tres décadas sin verdad ni justicia.
«En julio del 94 pertenecía a una empresa de electricidad que trabajaba para Edesur. Yo estaba de encargado de la cuadrilla. Ese día íbamos a hacer un trabajo en diagonal a la AMIA. Estábamos bajando las herramientas, para empezar el trabajo, y llegó un colectivo que transportaba tela. No entraba y me pidió que le corriera el camión. Lo corrí, el colectivo estacionó y en ese momento explotó todo. Pienso que si no hubiese sido por ese colectivo, nos agarraba la onda expansiva de lleno. Caían vidrios de todos lados. Y me tiré debajo del camión. No se veía nada, quedó todo oscuro. No tuve ninguna herida. Lo único que vimos fue la montaña de escombros, una persona arriba gritando. Me tropecé con algo y era un brazo. Estaba shockeado. No caí en lo que pasó hasta después de dos, tres días y me duró un montón: hacían ruido al lado mío y me asustaba».
El testimonio del sobreviviente Rafael Jesús Lezcano refleja la tragedia que se vivió el 18 de julio de 1994 a las 9.53, cuando un coche bomba se estrelló contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicado en Pasteur 633, en pleno barrio del Once, en lo que se considera que fue el mayor atentado terrorista de la historia argentina. El saldo: 85 muertos, 300 heridos, familias destruidas y decenas de personas que salvaron su vida, pero sufrieron graves daños psicológicos. Dos años antes, un ataque similar que registró 22 víctimas mortales había provocado la voladura de la Embajada de Israel.
La Justicia argentina, con la complicidad de funcionarios del entonces presidente Carlos Menem, encubrió el atentado durante años y armó una causa para imputar a expolicías bonaerenses, los que fueron encarcelados por casi una década. El denominado «primer juicio» se inició en 2001 contra 22 acusados de haber formado parte de la conexión local y de haber provisto la camioneta con explosivos. El 2 de septiembre de 2004, el tribunal dictó sentencia absolutoria para todos los acusados y ordenó su liberación. A raíz de ese fallo, se promovió la destitución del juez de la causa Amia, Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, por irregularidades en la investigación, en especial por el pago ilegal de 400.000 dólares a Carlos Telleldin, un reducidor de automóviles que habría facilitado la camioneta utilizada como coche bomba.
El memorándum de entendimiento
En 2004, después de 10 años de pistas falsas y complicidades, el presidente Néstor Kirchner creó una fiscalía especial para abordar el complejo caso y designó para dirigirla al fiscal Alberto Nisman. Dos años más tarde, sobre la base de informes de los servicios de inteligencia argentino, estadounidense e israelí, Nisman acusó formalmente al entonces Gobierno de Irán de haber planificado el atentado y a la organización político-militar libanesa Hezbollá de haberlo ejecutado. La Justicia argentina imputó a siete ciudadanos iraníes y uno libanés de la autoría y solicitó a Interpol la emisión de alertas rojas de captura que fueron aprobadas.
A partir de entonces, los sucesivos Gobiernos argentinos solicitaron a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para que fueran juzgados, pero no obtuvieron nunca un resultado positivo. Infinidad de acusaciones, denuncias y operaciones de inteligencia oscurecieron aún más los indicios que se pretendían utilizar como pruebas.
En 2013, el Congreso Nacional ratificó un memorándum de entendimiento con Irán, firmado por el Gobierno argentino, con el objetivo de establecer un mecanismo para tomar declaración indagatoria a los acusados. Pero en enero de 2015 el fiscal Nisman (que inicialmente había expresado su acuerdo con el documento), presentó una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por considerar que el memorándum formaba parte de un plan orientado a encubrir a los iraníes.
Horas antes de hacer su presentación ante el Congreso, el lunes 18 de enero de 2015, para informar sobre la denuncia que había presentado el miércoles anterior, Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. En 2018, la Cámara Criminal y Correccional Federal afirmó que fue un asesinato, aunque todo indicaba que se había tratado de un suicidio. Se inició a partir de entonces una fuerte disputa política que involucró incluso a los familiares de las víctimas. La causa tiene actualmente un solo procesado, Diego Lagomarsino, un empleado de la fiscalía de Nisman que le proporcionó el arma que causó la muerte del fiscal.
En octubre de 2021 el tribunal resolvió que el memorándum no constituía un delito y liberó de cargos a todos los acusados. El fallo fue apelado.
Pasaron pocos meses de la muerte de Nisman cuando se inició el segundo juicio, denominado AMIA2, que el fiscal había preparado. El principal acusado era el expresidente Carlos Menem. El 28 de febrero de 2019 se dictó sentencia y fueron condenados por encubrimiento y corrupción el exjuez Galeano, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, el reducidor Telleldín y otros funcionarios del Estado argentino. Menem y el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, fueron absueltos. Los exfiscales fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero sobreseídos de los otros cargos.
18 de julio de 1994. 85 personas murieron tras el estallido del coche bomba en la mutual judía.
Foto: NA
Causas y consecuencia
El tercer juicio se inició en mayo de 2019 y el acusado fue nuevamente Telleldín como partícipe necesario del atentado, por haber acondicionado y entregado al autor o los autores directos la camioneta Traffic que fue utilizada como coche bomba, pero el 23 de diciembre de 2020 se lo absolvió de culpa y cargo.
Una investigación de la Mossad que data de 2022 concluyó que el Gobierno de Irán fue el autor intelectual del ataque, pero lo desligó de haber actuado con agentes operativos en el país, aunque le atribuye haber financiado y suministrado entrenamiento y equipo a libaneses miembros de Hezbollá que fueron identificados y, según el documento, serían los que lo llevaron a cabo.
En el contexto de una campaña judicial persecutoria contra Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal revocó en 2023 su sobreseimiento en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán y ordenó que fuera juzgada por encubrimiento.
Pocos meses después, en abril de 2024 y en el marco de la causa AMIA 2, la Cámara de Casación Penal falló que el atentado fue un delito de lesa humanidad y redujo las penas de Galeano y Anzorreguy. Uno de sus integrantes, Carlos Mahiques, consideró que tanto el ataque a la AMIA como el que sufrió la Embajada de Israel fueron motivados por la decisión unilateral del Gobierno argentino de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán.
El 14 de junio de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por múltiples violaciones del Estado en perjuicio de las víctimas del atentado y sus familiares e impuso 14 reparaciones, que incluyeron el reconocimiento público de su responsabilidad.
A 30 años del dramático acontecimiento, el Gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley que autoriza a juzgar en ausencia a los imputados iraníes, lo que –según la mayoría de los juristas– atenta, entre otras cosas, contra la irretroactividad de las leyes. Todo indica que el único objetivo es reafirmar –como si hiciera falta– el alineamiento del país con Estados Unidos e Israel.
