30 de noviembre de 2023

Adriana Meyer

La Justicia de Río Negro condenó a cinco años de prisión al prefecto que en 2017 mató al joven mapuche. Otros cuatro acusados recibieron condenas por ser partícipes necesarios.

Luego de más de tres meses de audiencias en el juicio oral y público por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión como responsable de homicidio agravado por uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro acusados, también miembros como él del grupo de élite Albatros de la Prefectura Naval –Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa–, recibieron una condena de cuatro años por haber sido considerados partícipes necesarios del mismo delito.
Los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava se pronunciaron en sintonía con el pedido del fiscal Rafael Vehils, quien consideró que los uniformados dispararon en medio de un enfrentamiento con la comunidad mapuche que había recuperado su territorio en Villa Mascardi meses antes, a pesar de que durante este proceso no hubo evidencia alguna de que la Lof Lafken Winkul Mapu haya tenido o usado armas de fuego.
Mientras los abogados de la querella anunciaban que apelarían la sentencia, los padres de «Rafita» expresaban su bronca en una radio abierta afuera del Tribunal. «Nada bueno se puede esperar de esta Justicia, para que mi hijo descanse en paz vamos a seguir pidiendo perpetua para sus asesinos, que siguen sueltos», dijo Graciela Salvo.
La querella había pedido prisión preventiva para los cinco ahora condenados, pero el Tribunal rechazó la solicitud.
«Como resultado de un operativo ordenado por Patricia Bullrich fueron condenados cinco prefectos por homicidio doloso a una pena de cumplimiento efectivo», evaluó ante Acción el abogado Sebastián Feudal, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche. «Vamos a apelar porque no estamos de acuerdo en que hayan actuado en legítima defensa, aún no tenemos los fundamentos, pero creemos que los jueces no están convencidos de que la comunidad disparó, pero sí que hay dudas, y eso juega a favor de la causal de justificación», manifestó el letrado. En su mirada, el Tribunal «no le dio el valor que correspondía a la declaración de los tres integrantes de la comunidad, únicos testigos presenciales del hecho, que declararon acorde con todo el resto de la prueba y dejaron en claro que no hubo ningún ataque de la comunidad sino todo lo contrario, fueron perseguidos; entiendo que esto pasó porque son mapuches».

Más de 150 disparos
Agustina Lloret, abogada del equipo de litigio y defensa legal, aseguró que Prefectura «excedió la orden judicial» en cuanto al territorio habilitado para el despliegue de la fuerza, lo que derivó en una balacera contra un grupo de jóvenes en el bosque. «Más de 150 disparos efectuó la Prefectura y no hubo ningún disparo por parte de estos jóvenes», aseguró Lloret. Según la letrada, «el caso tuvo una intervención muy fuerte del Ministerio de Seguridad, que trató de instalar en los medios y en la causa que se trató de un enfrentamiento armado». La abogada denunció también «contaminación y fabricación de pruebas» y explicó que las pericias revelaron tres resultados diferentes, de las que resultaban tres responsables distintos, con lo que se buscaba «evitar que se sepa quién fue el que mató a Rafael Nahuel».
Afuera del tribunal de General Roca, ciudad que los mapuches denominan Fiske Menuco, fue enorme el despliegue policial y de Gendarmería, donde se congregaron decenas de organizaciones de pueblos originarios patagónicos, sociales, sindicales y de derechos humanos para acompañar a la familia Nahuel, que otra vez debió viajar 482 kilómetros –siete horas en ómnibus– desde Bariloche. A pesar de que ahí ocurrieron los hechos y ellos pidieron que el juicio sea en esa ciudad rionegrina, nunca tuvieron respuesta afirmativa.
Al mismo tiempo, los imputados nunca dieron la cara en forma presencial, participaron del proceso por la vía remota Zoom. La defensa de tres de ellos estuvo a cargo de Marcelo Rocchetti, exfuncionario de María Eugenia Vidal, quien en su alegato había defenestrado a los organismos de derechos humanos y atacado las luchas sociales.
Al ingresar a la sala, el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, se sumió en un cálido abrazo con quien llegó desde lejos para acompañar, Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado en la masacre de Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. También se hizo presente Asunción Avalos, padre del desaparecido Sergio Ávalos de Neuquén.

Un referente
Rafael Nahuel era un joven de 22 años del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel. Quería construir su casa allí, su ruka, criar gallinas y conejos, y tener un caballo. «No era un “delincuente”, o un “mapuche violento”, o “un indio que se lo merecía”, como dicen en comentarios en las redes sociales, los que hace rato perdieron su última gota de dignidad», expresó Fernando Fernández Fierro, docente de Nahuel en la experiencia Alto Construcciones, en un texto que hizo circular en las redes. «Venía todos los días, era uno de nuestros referentes, un pibe con toda una vida llena de dolores, pero con más valores que muchos de nosotros», apuntó.
El sábado 25 de noviembre se cumplieron seis años del crimen y Nahuel fue recordado en su barrio del Alto Bariloche con una olla popular y la realización de un mural. El mismo tiempo se tomó la política para volver a traer estos nuevos viejos nombres como el de Bullrich, y tanto el enorme vallado en torno al Tribunal como la módica pena que recibieron los Albatros podrían ser una señal de los tiempos que se acercan.

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