18 de diciembre de 2024
Encarcelamientos, gases lacrimógenos, disparos y gatillo fácil son algunas de las acciones que delinean una buscada criminalización de la protesta en el Gobierno libertario.
Policía de la Ciudad. La fuerza porteña detenta un índice de letalidad superior a su par bonaerense, aun con cuatro veces menos de efectivos.
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Un abogado de derechos humanos perdió la visión de un ojo por las balas represivas, decenas de manifestantes estuvieron presos en penales de máxima seguridad y sufrieron torturas, una niña de 10 años fue gaseada frente al Congreso, a periodistas y a quienes monitoreaban los violentos operativos no les sirvieron sus chalecos identificatorios, no pudieron zafar de gases y fueron blanco de disparos. En los barrios de todo el país crecieron las muertes a manos policiales. A lo largo de 2024, las cifras sobre gatillo fácil superaron ampliamente a las del año pasado, y lo mismo sucedió con la cantidad de protestas reprimidas y manifestantes criminalizados. Desde la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia alertaron que «este cambio de régimen está destruyendo todo el sistema de derechos y garantías que con tanto esfuerzo lograron construir las generaciones anteriores», tal como lo expresó a Acción la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). También pusieron énfasis al destacar que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe están operando como laboratorios represivos para el resto del país.
«Un año de lucha contra la destrucción planificada de los derechos humanos y la democracia» es el título del extenso documento que aborda las políticas de Javier Milei en todas las áreas. «Debemos reconocer que la magnitud del atropello rompió todos los límites imaginables, con una avanzada antiderechos, antipopular y contra todas las libertades democráticas y garantías que supera el pronóstico inicial», sostiene el informe a modo de balance. Sus integrantes dedicaron estos 12 meses a hacer presentaciones judiciales ante las sucesivas represiones, y fueron parte de las acciones de autocuidado en las calles. Ahora se proponen la realización de un 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que sea masivo y en unidad.
En el capítulo represivo, la Red expuso que el total de muertes de personas bajo custodia del Estado fue de 430, de las cuales 108 fueron fusilamientos de gatillo fácil, es decir, ejecución de personas desarmadas o en fuga en la vía pública; 302 fueron muertes en cárceles o alcaidías, 14 fueron muertes intrafuerza o intrafamiliares, de las cuales en 4 casos se trató de femicidios; y 6 corresponden a otras modalidades, tales como el uso del patrullero como arma o la asfixia al momento de la detención.
El informe ratificó que el índice de letalidad de la Policía de la Ciudad sigue siendo superior al de su par bonaerense. En un mismo período –enero 2017 a octubre 2024– entre ambas fuerzas fusilaron a 543 personas, 152 la porteña y 391 la bonaerense. Pero la primera tiene cuatro veces menos personal que la segunda. Por otra parte, la mayoría de los casos de gatillo fácil de la policía porteña ocurrieron en el Conurbano, es decir, cuando los efectivos estaban fuera de servicio. Relevarlos de portar el arma cuando no están trabajando bajaría estas cifras.
En cuanto a la situación carcelaria, se mantuvo el crecimiento exponencial de la población privada de la libertad. Entre 2001 y 2024 se pasó de 34.000 personas presas en cárceles a más de 117.810. Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, el informe sostiene que no es exagerado el adjetivo «desaforada» para referirse a la política judicial de encarcelamiento. En 2019 había no más de un centenar de personas detenidas, al 30 de junio de 2024 eran 2.052, un incremento de cerca del 50% en un año.
Cordón de la Federal. En cada una de las movilizaciones populares, la fuerza con funciones de policía de Seguridad de Estado y de auxiliar de la Justicia participa con violencia.
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Verdú enumeró las medidas tomadas por este Gobierno de la mano de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: Protocolo Antipiquetes, Comando Unificado Urbano, Transferencia del Servicio Penitenciario de Justicia a Seguridad, Protocolo de uso de armas para las fuerzas de seguridad, Uso de armas de fuego largas para Prefectura, Comando Unificado de Seguridad Productiva, Unidad de Inteligencia Artificial y Cuerpo de agentes encubiertos, analiza el informe. También el trabajo hace eje en los proyectos legislativos en trámite para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, el de Reiterancia, el aumento de las penas a los delitos típicamente usados para reprimir la protesta, y la mal llamada Ley Antimafias.
Arde la calle
«A lo largo de 2024, bajo el lema “no hay plata” y “para cada necesidad habrá un mercado”, el Gobierno de Milei desmanteló diversas áreas de intervención del Estado y se recortó el financiamiento a varios sectores sociales; en contraste, las estructuras de las fuerzas represivas fueron reforzadas, tanto a nivel material como simbólico», indica el documento. Entre el 10 de diciembre y el 31 de octubre hubo 41 represiones a la protesta social ejercidas en todo el país, con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires. Según la Red, en dos de ellas hubo presencia de sujetos paraestatales. El accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la agresión física a 1.146 manifestantes –que para dos personas significó la pérdida parcial de la visión– y produjo la detención de al menos 139 personas. Otra modalidad represiva fueron los allanamientos –77 procedimientos violentos– a organizaciones populares acompañados por causas federales contra militantes o referentes, elaboradas a partir de denuncias anónimas a la línea 134. «Es un plan sistemático para silenciar la protesta, desarmar la resistencia y mantener el control social», expusieron.
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia nació hace un año en el seno de la CTA, con el objetivo de «sostener la lucha contra los atropellos cotidianos de la actual gestión de gobierno, en forma conjunta, horizontal, diversa y en plena unidad». Está integrada por más de un centenar de organizaciones antirrepresivas, sociales, sindicales, académicas, religiosas, de la cultura, de géneros y diversidades, de juristas y de derechos humanos. Algunas de ellas son Justicia Legítima, Asociación de Abogados Laboralistas, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Serpaj, Cels, Correpi, AEDD, Liberpueblo, H.I.J.O.S. Capital, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sipreba. Y adhieren a la Red Adolfo Pérez Esquivel, Nelly Minyersky, Eduardo Barcesat, Atilio Boron, Padre Paco Olveira, María Laura Garrigós, Luis Alem, Sabina Frederic, María José Lubertino, María del Carmen Verdú, Ana María Careaga, Sergio Maldonado, Luis Paz, Lita Stantic y Stella Calloni.
A la hora de las propuestas, en su presentación del informe el 9 de diciembre pasado en ATE, la Red trazó un amplio abanico de acciones, desde «analizar querellas contra el protocolo antipiquetes» y «destacar la importancia de la batalla cultural en materia de salud sexual», hasta «promover el juicio político a Bullrich» y «recuperar la palabra libertad».
