3 de agosto de 2023

Franco Mizrahi

Nuevos peritajes muestran manipulaciones y adulteraciones en los anotadores del chofer Oscar Centeno sobre los que se basa un proceso iniciado por el exjuez Bonadio y el fiscal Stornelli.

A cinco años de la aparición del caso «Cuadernos», un peritaje oficial confirmó que los anotadores adjudicados al chofer Oscar Centeno fueron manipulados y adulterados por el sargento retirado de la Policía Federal y remisero Jorge Bacigalupo. La novedad, que se conoció en un expediente paralelo al central, puede desmoronar la causa que sacudió al mundo político durante el Gobierno de Mauricio Macri y que está elevada a juicio. Por ejemplo, Cristina Fernández ya pidió que el nuevo estudio se incorpore al caso principal.
Un peritaje de la división de Scopometría de la Policía Federal y un estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, confirmaron que Bacigalupo adulteró al menos dos de los tres cuadernos analizados en este caso. De acuerdo con los estudios oficiales «surge la intervención del Sr. Jorge José Bacigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en (el) cuaderno 7» (etapa 2013/2015) y el cuaderno 4 (período 2008/2009) en lo que hace a los nombres de «Armando», de «Ing. Ferreyra» y a direcciones como «Alem 855».
Las referencias son a los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra, ambos involucrados en el caso «Cuadernos». Ferreyra estuvo detenido un año y medio por los hechos que le adjudicaron. Los peritos de Bacigalupo aceptaron la conclusión del estudio.
Esto implica que los cuadernos no fueron escritos únicamente por Centeno y que estuvo la mano de un expolicía, lo que abre diversos interrogantes que Martínez de Giorgi deberá resolver. El punto central es por qué Bacigalupo hizo las adulteraciones. ¿Alguien le pidió al sargento retirado que pusiera esos nombres?
En lo inmediato, el juez debe resolver la situación procesal de Bacigalupo, que está imputado en este expediente paralelo. Se descuenta que será procesado. También habrá que esperar los resultados de los peritajes a los teléfonos y celulares del sargento retirado, que según el relato oficial fue quien tuvo en custodia los anotadores y los entregó al periodista Diego Cabot de La Nación para su difusión, de la que el 1 de agosto pasado se cumplió un lustro.
La investigación sobre la adulteración de los cuadernos adjudicados a Centeno tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi, en un expediente que se abrió en abril del año pasado a raíz de una denuncia de Loson. En esa causa se analizan los cuadernos 4, 7 y 8, ya que allí se encuentran los fragmentos que involucran a ese empresario. Loson ya había encargado un peritaje privado que evidenciaba una manipulación en la escritura de esos anotadores. Martínez de Giorgi avanzó luego con un peritaje oficial que confirmó las conclusiones del estudio privado. Fue devastador: se encontraron más de 1.600 irregularidades en la confección de esos cuadernos, que incluyen sobreescrituras, uso de liquid paper y tachaduras. Ahora se sabe que al menos Bacigalupo participó de esa adulteración. ¿Fue el único?

A cuatro manos
Según aquellos dos peritajes participaron varias manos en la escritura de esos anotadores y dos de los cuadernos se escribieron de corrido, es decir, no fueron confeccionados día por día cual registro diario de agenda, como se desprendía del relato oficial.
Con esos resultados Martínez de Giorgi apuntó a las dos personas que tuvieron los anotadores en custodia, de acuerdo con la versión original del caso: Hilda Horovitz, pareja de Centeno, y Bacigalupo. El sargento retirado quedó comprometido luego de que se realizara un examen pericial caligráfico entre los cuadernos digitalizados y, por un lado, escritos de Horovitz y, por otro, escritos suyos. Respecto al expolicía, Martínez de Giorgi determinó que «no puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos». Por eso lo imputó y ordenó un procedimiento en su domicilio.
Tras el allanamiento de su vivienda, en el que se recogieron escritos suyos, el magistrado ordenó que se haga otro peritaje, esta vez, para determinar si Bacigalupo fue quien escribió al menos parte de los cuadernos. El resultado fue positivo. Según manifestaron desde el entorno de Loson, el empresario no descarta avanzar con una demanda civil contra el expolicía.
¿Cómo se confirmó que Bacigalupo adulteró los cuadernos? La división de Scopometría de la PFA comparó la letra de los fragmentos de los anotadores que ya se sabía que estaban modificados con la caligrafía de Bacigalupo, obtenida a través del allanamiento a su casa, anotaciones que el juez le hizo realizar en su despacho cuando lo indagó e incluso aportes de la ANSES, donde había papeles completados por el expolicía para cobrar su jubilación.
Respecto a la escritura del sargento retirado en el despacho del juez, el último peritaje oficial señala que hubo una «falta de espontaneidad en su concreción, lo que, si bien puede ser atribuido a un estado de nerviosismo del acto propio, resulta destacable y pasibles de mención en las variaciones ejecutivas desplegadas a lo largo de la formación de dicho cuerpo». Esto implica que el expolicía parece que buscó confundir a los investigadores algo que finalmente no logró.
Una de las preguntas centrales es qué sucederá ahora con la causa central de los «Cuadernos», que impulsaron el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli y apuntó a la corrupción en la obra pública. Esa pesquisa, repleta de irregularidades, hoy está elevada a juicio. Allí, nunca se realizó un peritaje de los anotadores, a pesar de que fue reclamado por las distintas defensas. La falta de ese estudio generaba un manto de sospecha sobre el proceso porque ya en agosto de 2018 se dijo que los cuadernos originales habían sido quemados y siete de ellos aparecieron en la víspera de las elecciones presidenciales de 2019.
Los resultados de este nuevo estudio oficial ya tienen impacto en el caso central, que está en manos del Tribunal Oral Federal 7: los abogados de Cristina Fernández reclamaron que se incorpore al expediente «en procura de garantizar el ejercicio del derecho de defensa en juicio y, por sobre todas las cosas, arribar a la verdad objetiva y esclarecer tanto los hechos aquí imputados como las circunstancias que rodearon la génesis de este proceso».

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