20 de octubre de 2025
Si bien el hecho, que expuso un entramado de relaciones entre el sindicalismo, el poder político y judicial, y las fuerzas de seguridad, fue esclarecido, se investigan maniobras ilegales de encubrimiento.
20 de octubre, Avellaneda. Marcha y acto en un nuevo aniversario del asesinato de Ferreyra.
Foto: Federico Imas
A 15 años del asesinato de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero que fue emboscado por una patota sindical en una zona de Barracas liberada por la Policía Federal, en los tribunales federales de Retiro transcurre el juicio oral por el intento de sobornos en el proceso.
Durante la investigación del homicidio fue detectada una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de Casación Penal y así poder garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza. El plan fue diseñado por integrantes de la UF, un exagente de inteligencia, el estudio jurídico de un exjuez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de Casación. Se habrían pagado al menos 50.000 dólares con el objetivo de encubrir el crimen y lograr la impunidad de sus perpetradores.
En este juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 8, es querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sus abogados consideraron que «llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano», en referencia a las denuncias por espionaje ilegal y causas armadas que acumula el Gobierno de Javier Milei.
En diálogo con Acción, Tomás Griffa, abogado querellante del CELS en representación de la madre de Mariano, Beatriz Rial, expresó: «Acompañamos a la familia desde el primer momento, buscamos justicia por su muerte y ahora esperamos no solo que se repare judicialmente el intento de encubrimiento, sino poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos».
Mariano tenía 23 años aquel 20 de octubre de 2010 cuando junto a sus compañeros del PO y de otros espacios sociales y políticos participaron de una protesta en apoyo a los trabajadores ferroviarios que reclamaban por las condiciones precarias de contratación y protección de los tercerizados de la Línea Roca. Un sector del grupo había advertido que no estaban dadas las condiciones de seguridad para realizar el corte de las vías, porque sospechaban que serían reprimidos. Sin embargo, se impuso la postura de cortar.
Cuando se retiraban de la acción de protesta, una patota de la UF atacó a los manifestantes con botellazos, piedras y disparos de armas de fuego. Mariano murió alcanzado por una bala en el abdomen, otras tres personas resultaron heridas.
Por el crimen de Mariano fueron condenados en 2013 miembros del sindicato, entre ellos Pedraza, y miembros de la Policía Federal. Pero quedó pendiente un eslabón más: la maniobra que buscó la impunidad de Pedraza y los demás autores intelectuales del homicidio. Según el CELS, hay pruebas para afirmar que el plan estuvo orquestado entre sindicalistas, un exagente de inteligencia, abogados prominentes y funcionarios judiciales.
Así, desde el 19 de agosto las personas procesadas en 2012 que finalmente están siendo juzgadas son el exjuez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y uno de los que manejaban el sistema informático de sorteos.
Juan José Riquelme, exagente de la SIDE también estaba imputado, pero falleció poco tiempo antes de que comenzaran las audiencias. Estaba acusado de ser el enlace entre todas las partes que conformaban la conspiración. Según la hipótesis de la acusación, les habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria mover sus contactos para que la causa tramite en un tribunal «amigo» y que así pudiera revocarse el procesamiento de los involucrados.
Pedraza. El fallecido dirigente sindical en un traslado tras su condena por el crimen del militante del Partido Obrero.
Foto: NA
Sorteos sin suerte
Durante las audiencias se produjo un testimonio clave, la declaración del jefe de Seguridad de la empresa Belgrano Cargas, quien confirmó que fue citado por Stafforini para encontrarse con Planas en el banco donde retirarían una suma de dinero destinada al pago del soborno a Aráoz de Lamadrid. Este utilizaría sus contactos para influenciar al juez de la Sala III Eduardo Riggi para que el plan pudiera concretarse. En el allanamiento realizado al estudio de Aráoz de Lamadrid fue encontrado un sobre con los 50.000 dólares. Durante el juicio, el exsecretario de Cámara dijo que ese dinero se lo había dado su hermano.
En esta causa llegó a estar procesado José Pedraza, quien falleció en 2018, dos años antes de que fuera elevada a juicio. En cuanto a Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera haber sido citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
La maniobra que está siendo juzgada iba a ser posible con alguien que manipulara el sorteo en la Cámara de Casación Penal. El acusado de hacerlo es Ameghino Escobar. Durante las audiencias ya declararon testigos que pudieron dar indicios de que efectivamente el sorteo pudo haber sido manipulado y lo que es preocupante: el sistema es manipulable. Uno de los testigos era compañero de trabajo de Ameghino Escobar, y declaró que, al momento de ingresar la causa por el crimen de Mariano Ferreyra para su sorteo, el imputado la tomó del escritorio y pidió sortearla él mismo.
Pero fueron los testimonios de quienes trabajan en el Departamento de Organización y Sistemas de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura quienes explicaron ante el tribunal cómo funcionaba el sistema de sorteos, y dejaron en evidencia las formas posibles para manipularlo y que una causa cayera en manos de la Sala III, donde, según los imputados, se garantizaría la impunidad.
Sin dudas, el crimen expuso un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, y de las fuerzas de seguridad. El ataque conmovió al Gobierno, incluso al punto de una versión que sostuvo el entorno del presidente Néstor Kirchner, según la cual «la bala que mató a Mariano rozó su corazón». Esto explicaría la rapidez que hubo en el hallazgo de los autores materiales, sobre todo por la labor de la fiscal Cristina Camaño y la querella de la Correpi y el CELS. Y para sus compañeros y compañeras, Ferreyra se convirtió en un emblema de lucha.
