14 de marzo de 2024

Franco Mizrahi

El juicio por el encubrimiento del atentado sumó otro capítulo: la Cámara de Casación convocó a una audiencia para resolver si fija nuevas penas y revoca absoluciones. La voz de Memoria Activa.

El caso AMIA revela, acaso como ningún otro, las relaciones obscenas que pueden existir entre los tribunales federales de Comodoro Py, los servicios de inteligencia y el poder político de turno. Lo que sucedió el último martes en la Cámara Federal de Casación Penal expone que a 30 años del ataque terrorista aquellos vínculos no parecen haberse cortado del todo y que un sector del Poder Judicial sigue teniendo un accionar corporativo. 
La Cámara de Casación realizó el 12 de marzo una audiencia para resolver si fija nuevas penas y revoca absoluciones en el caso donde se investigó el encubrimiento del atentado a la mutual judía, conocido como «AMIA II». Se trata del proceso que hizo foco en la desviación de la pesquisa sobre el atentado por parte de la SIDE menemista y la Justicia federal. Ese juicio culminó el 28 de febrero de 2019. Cinco de las trece personas que estaban sentadas en el banquillo de los acusados fueron absueltas y el resto recibió penas menores. Por eso las querellas reclaman que se revise ese veredicto.
En ese marco, la máxima instancia penal del país realizó una audiencia de carácter obligatorio, donde tuvo a la vista a las personas acusadas y las debía interrogar sobre cuestiones elementales como su estado emocional y sus relaciones familiares. El proceso estuvo liderado por el camarista Carlos Mahiques, quien tuvo un rol escandaloso, según denunciaron las querellas, ya que hizo preguntas tendenciosas en favor de los acusados.
Mahiques le preguntó al exjuez Juan José Galeano, destituido en 2005: «¿Usted recibió ayuda terapéutica cuando era juez de la causa AMIA?». O: «¿Cuáles eran las presiones que sufría un juez en ese momento?». Consultó por el clima de época. Y llegó a decirles a los funcionarios judiciales que «hay jóvenes generaciones de empleados judiciales que los escuchan» y que «sin dudas su testimonio tendrá valor para ellos».
Al exfiscal Eamon Mullen lo interrogó: «Usted era demasiado joven, ¿estaba preparada su fiscalía o la unidad AMIA para investigar la causa, tenían recursos? ¿Cómo incidió eso en el resultado (de la investigación)?». 

Las víctimas y la sociedad
El accionar de Mahiques fue muy criticado por las querellas. «Después de 30 años, no creíamos que un juez podía burlarse de las víctimas del atentado en la cara. Qué ingenuos. Mahiques lo ha logrado hoy», se tuiteó en la red social X desde la cuenta de asociación Memoria Activa, querellante en la causa. «Fue una verdadera falta de respeto a las víctimas del atentado y a toda la sociedad», agregaron desde la asociación y recordaron «que estos encubridores exfuncionarios, tan empoderados por el juez Mahiques, tenían cámaras ocultas en sus oficinas mediante las cuales filmaban a escondidas a abogados, imputados y testigos, con fines espurios». «Todo, absolutamente todo, es una vergüenza», destacaron.
El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, dijo estar «impresionado con la actuación del juez Mahiques en la audiencia». «Más que preguntas, hizo afirmaciones que sugerían la ausencia de responsabilidad de los acusados, sobre todo en relación con (el exjuez) Juan José Galeano y (los exfiscales) Eamon Mullen y Carlos Barbaccia», señaló a este medio. La referencia es al juez y los fiscales que estuvieron a cargo de la desviación de la investigación del atentado y fueron condenados con penas bajas en AMIA II. «Mahiques daba a entender que eran “jóvenes inexpertos”, que actuaron presionados, que el contexto los condicionó, como si el accionar encubridor que ellos emprendieron fuera culpa del contexto o “de las fallas del sistema” y no de sus propias decisiones», añadió Borda. 
«La audiencia por el artículo 41 es por las condiciones personales del imputado, para conocer sus medios de vida, su relación familiar y temas de salud de cara a una condena. Tanto Memoria Activa como yo sentimos que hubo un desequilibrio por parte de la presidencia de la sala», señaló a este cronista el abogado José Ubeira, quien representa al grupo de policías bonaerenses que fueron acusados por el reducidor de autos Carlos Telleldín luego de recibir 400.000 dólares por parte de la SIDE. «Fue un oprobio, una injusticia, una vergüenza», añadió sobre el accionar de Mahiques.
Carlos «Coco» Mahiques es uno de los magistrados que Mauricio Macri designó  en Casación, fue ministro de María Eugenia Vidal en la gobernación de Buenos Aires y uno de los cuatro jueces que viajó a la mansión de Joe Lewis junto con funcionarios porteños y un exespía donde compartió un encuentro con dos ejecutivos de Clarín, lo que le valió una denuncia penal que recientemente fue archivada.
Junto a Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña (también nombrado por Macri en Casación), Mahiques deberá resolver si revoca las absoluciones y eleva las penas de los condenados.

Sentencias en revisión
Mahiques, Ledesma y Barroetaveña deben revisar lo resuelto por el tribunal de juicio en AMIA II, que estableció:
▪ 6 años de prisión para el exjuez Juan José Galeano. Memoria Activa, por ejemplo, había pedido 20 años y Ubeira, 14 años.
▪ 2 años de prisión en suspenso para los exfiscales Eamon Gabriel Müllen y Carlos Barbaccia. Memoria Activa había pedido 13 años para cada uno y Ubeira, 14 años.
▪ 4 años y 6 meses pare el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy. Memoria Activa había pedido 10 años.
▪ 3 años de prisión del exsubsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar. 
▪ 3 años de prisión para el excomisario Carlos Castañeda. 
▪ 3 años y 6 meses de cárcel para el reducidor de autos Carlos Telleldín.
▪ 2 años de prisión en suspenso para Ana María Boragni, expareja de Telleldín. 
Los absueltos fueron: el expresidente de la Nación, Carlos Menem (cuya imagen fue incluida en el flamante salón de los Próceres por parte del Gobierno de Javier Milei) y el excomisario Jorge «Fino» Palacios, ambos ya fallecidos; Rubén Beraja (expresidente de la DAIA); Víctor Stinfale (abogado de Telleldín al momento de los hechos); y el exintegrante de la SIDE, Patricio Finnen. Memoria Activa había pedido 6 años de prisión para Menem; 4 años y 8 meses para Beraja; 3 años y 6 meses Stinfale; y 5 años para Finnen, quien luego también quedó involucrado en causas de delitos de lesa humanidad.
Tras la audiencia de este martes los camaristas de Casación están en condiciones de resolver.

El caso
El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó en 2015 y terminó el 28 de febrero de 2019. Todo el proceso atravesó el Gobierno de Macri y provocó internas en el entonces oficialismo. Elisa Carrió y el exjefe de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, apuntaron contra quien era ministro de Justicia, Germán Garavano, por querer beneficiar a Mullen y Barbaccia. Cimadevilla dijo que el Gobierno de Macri «pedía por los fiscales Mullen y Barbaccia y por el Fino Palacios» y que «Macri, a través del ministro Garavano» le pedía que «fuera para atrás en el caso AMIA».
¿Qué se debatió en el juicio del encubrimiento? La manipulación de la investigación sobre el ataque terrorista a la AMIA, que sacudió a la Argentina el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas. No es casualidad que a casi 30 años del hecho no haya detenidos. La investigación se direccionó desde la SIDE menemista. Se comprobó que los servicios comandados por Anzorreguy le pagaron a Telleldín para que acusara a un grupo de policías bonaerenses. Todo durante el Gobierno de Menem con el visto bueno del juez Galeano y de los fiscales Mullen y Barbaccia. Por eso el enojo de las querellas. Desde Memoria Activa consideraron que lo que hizo Mahiques este martes «fue un show a favor de los encubridores». En un hilo de X se preguntaron: «¿Cuál será el verdadero motivo? ¿Defender a los suyos? ¿Convencer a algún otro juez de salvar a sus amigos? ¿Por qué tantas preguntas  tendenciosas en extremo?». «Sin pudor alguno, sin disimulo, los jueces hicieron una puesta en escena para intentar nuevamente salvar a la corporación judicial», criticaron.

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