15 de junio de 2022
Avanza la investigación judicial sobre el envío de pertrechos militares al país andino en noviembre de 2019 para respaldar al Gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez.
Evidencia. En julio de 2021, Bolivia exhibió las municiones enviadas por Argentina. El embajador Ariel Basteiro junto a funcionarios bolivianos.
TÉLAM
Una prueba crucial se sumó a la causa en que se investiga el envío de armamento a Bolivia por parte del Gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019. El juez en lo penal económico Alejandro Catania investiga un contrabando agravado y en el marco de esa pesquisa recibió vía exhorto un extenso informe de la Justicia del país vecino que da cuenta del hallazgo de lo que implica la prueba del delito: las 70.000 balas antitumulto y cientos de granadas que envió de forma irregular la Argentina para respaldar a los golpistas. Las municiones estaban en depósitos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local.
El informe de 191 páginas que recibió el juez Catania se giró desde Bolivia vía la embajada argentina y contiene diversos documentos. Entre ellos se destaca el que indica el hallazgo de 40.000 balas antitumulto, 121 granadas y 23 gases spray en guarniciones de la FAB. Son las que había agradecido el exjefe de esa fuerza, Jorge Terceros Lara, en una nota al embajador argentino durante el macrismo, Normando Álvarez García, y que estaban siendo intensamente buscadas. Estas municiones se complementan a las 26.900 balas antitumulto, 129 granadas y 47 gases en aerosol argentinos que se encontraron en depósitos de la policía boliviana en julio del año pasado. Los detalles de cómo fue la recepción de ese material también constan en el documento que se giró a Catania.
El informe deja en claro que el régimen de Jeanine Áñez, recientemente condenada a 10 años de prisión, recibió el material armamentístico apenas aterrizó en La Paz el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que transportaba a un grupo de élite de la Gendarmería para proteger la sede diplomática, en plena crisis social. Allí viajaron las armas. La entrega, tanto a la FAB como a la policía, fue en las primeras horas del 13 de noviembre de 2019, en el aeropuerto.
La coartada de la Gendarmería para disimular el faltante de las balas antitumulto en sus depósitos fue que se utilizaron en ejercicios y prácticas de tiro, lo que quedó demostrado que es falso. Los gendarmes que estuvieron en La Paz declararon como testigos ante Catania y dijeron que no realizaron disparos.
Un informe de la Fuerza Aérea Boliviana «sobre el inventario de las armas de fuego, municiones explosivas y otros materiales antidisturbios, ingresado a sus almacenes en los meses de octubre y noviembre de 2019» se refiere a un «único registro de ingreso». Se trata de municiones «provenientes en calidad de donación de la República Argentina» que «fueron entregadas sin ningún tipo de documentación, tampoco inventario, motivo por el cual, al ingreso a los Almacenes de Material Bélico de las Fuerza Aérea Boliviana, se procedió a realizar el inventario correspondiente». El documento precisa incluso cómo fue la operación.
Obsequios
«El material antidisturbios recibido por la Fuerza Aérea Boliviana fue distribuido a requerimiento, entre las distintas unidades de la FAB», se indica en uno de los documentos. Las 40.000 balas antitumulto, por ejemplo, se repartieron entre diez dependencias de la fuerza y un remanente quedó en el Almacén de Material Bélico. El arsenal «no fue empleado ni utilizado».
Como si esto fuera poco, la Aduana boliviana concluyó que no hubo control sobre la «entrada y salida de material antidisturbios, así como de la aeronave» C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Es decir, todo ingresó de forma ilegal.
Para el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, Macri «obsequió» las municiones. Y remarcó que «salieron de manera totalmente irregular, sin trámites ni documentación; fue un contrabando de armas para reprimir al pueblo boliviano».
En el marco de la investigación judicial por este envío de armamento, que se abrió en la Argentina por una denuncia del Gobierno de Alberto Fernández, están imputados el expresidente Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García e integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero. «Hay muchos elementos para procesarlos y culparlos», señaló Basteiro.
En Bolivia, por su parte, se investiga la recepción de las municiones como tráfico ilegal de armas y ya fueron imputados los jefes de la Fuerza Aérea y de la Policía local al momento de los hechos, Jorge Terceros Lara y Yuri Calderón.
