17 de septiembre de 2023

Alberto López Girondo

Dirigentes de La Libertad Avanza desafían los consensos democráticos del país. Economía y represión, puntos de contacto con el quincuagésimo aniversario del golpe en Chile.

Victoria Villarruel tiene, desde que asomó a la política, un objetivo claro: reivindicar a los militares acusados por delitos de lesa humanidad y cambiar la matriz del principal consenso de estos 40 años de democracia, recuperada un 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Tratándose de la compañera de fórmula de Javier Milei, la fecha elegida para su «homenaje a las víctimas del terrorismo» en la Legislatura porteña, 4 de septiembre, no suena a casualidad.
Cuando todavía no se acallaron los recordatorios por los cincuenta años del golpe contra el Gobierno de Salvador Allende, en Chile, no viene mal poner en contexto aquellos acontecimientos y contrastar con estos momentos decisivos que se viven en nuestro país. El 4 de setiembre de 1970 el médico chileno ganó las elecciones a la cabeza de una alianza, Unidad Popular –partidos socialista, comunista y agrupaciones de izquierda– por muy poca diferencia con respecto al conservador Jorge Alessandri, y apenas unos puntitos sobre el demócrata cristiano Radomiro Tomic. Fue una elección de tres tercios que terminó dirimiendo el pleno del Congreso, según la Constitución y los usos y costumbres de la época, en favor del más votado. El 11 de septiembre de 1973, y luego de tres años de acoso mediático, económico y político, tanto interno como desde el aparato de inteligencia de Estados Unidos y la Casa Blanca, tomaría el poder una junta militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet.
La barbarie fue el mecanismo utilizado para desarrollar del otro lado de la cordillera el primer experimento en humanos de las teorías neoliberales pergeñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Fue el modelo que se aplicó en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 y en gran parte del mundo desde entonces, con mayor o menor violencia institucional de por medio.
El acto organizado por Villarruel fue otro desafío más para el consenso del 83 desde que la figura de Milei comenzó a hacerse más visible. Quizás el punto culminante de esa ofensiva sobre valores que parecían indiscutibles haya sido el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, del que se cumplió un año el 1 de septiembre. Gran parte de la dirigencia y del Poder judicial no parecieron dimensionar lo que estaba en juego. La «grieta», ese término útil –aunque excesivamente cómodo– para explicar enfrentamientos ideológicos aparentemente irreconciliables en la sociedad, sirvió para solapar aquel intento de magnicidio que hubiera arrastrado al país a un nuevo abismo.
El discurso de Milei, de tono agresivo y con amenazas explícitas hacia sectores de izquierda o simplemente progresistas, fue calando en los medios ante el festejo de comunicadores que hasta alentaron los exabruptos del candidato. Milei se ocupa de poner sobre la mesa las medidas más impiadosas, simbolizadas en una motosierra alegórica. Villarruel, en cambio, que se postula como encargada de los temas relacionados con la Defensa y la Seguridad ante un eventual triunfo en los comicios, complementa el proyecto neoliberal de La Libertad Avanza con sangre y fuego. El modelo chileno era vouchers educativos y garrote. Hacia allí quieren ir los autodenominados libertarios.

Nuevas grietas
El acto del 4-S despertó el rechazo de diversas agrupaciones y hasta del vicepresidente de la Legislatura, el radical Martín Ocampo, quien argumentó a contramano del planteo de Juntos por el Cambio. El legislador dijo que el permiso para el acto fue otorgado siguiendo las reglas del Parlamento porteño –aunque jura que el petitorio fue engañoso sobre su contenido– y puntualizó que «este señor y esta señora vienen a romper esa política de Estado que teníamos y a plantearnos que ahora hay otra situación en la que hay que revindicar la dictadura». No solo eso. También dijo: «Si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura y no dictadura; y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo ni nosotros», sostuvo.
Dentro de JxC, sin embargo, no hay acuerdo sobre qué grieta quieren explotar de cara al 22 de octubre, y se vuelven a repetir llamativas coincidencias con LLA. «Es ahora. Es el momento de destruir el kirchnerismo, para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país», dijo Patricia Bullrich en el festejo por el aplastante triunfo de Maximiliano Pullaro el domingo pasado, en Santa Fe. Y pronosticó que luego de los resultados que augura en Entre Ríos, Chaco, Mendoza y Buenos Aires, «los kirchneristas no tendrán donde esconderse». El martes, en una recorrida por La Plata, Milei –acompañado por su aspirante a gobernadora, Carolina Píparo– dijo que «si les ganamos a los camporistas no tendrán dónde esconderse, porque ya perdieron hasta en Santa Cruz».
En el marco de la interna que se disputaba en JxC entre Horacio Rodríguez Larreta y la exministra de Seguridad, la lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó en junio pasado que el proyecto de Macri-Bullrich se basara en «un ajuste brutal con una represión indiscriminada». Y para que no quedaran dudas, completó: «Si a la violencia ilegítima de las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, terminamos en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, donde va a ser juzgado hasta el presidente».

La causa Malvinas
En el «mileísmo», a las idas y vueltas del propio fundador de LLA sobre la dolarización o los recortes en las áreas más sensibles del Estado se le sumó una declaración altisonante sobre el tema Malvinas de su candidata a canciller, Diana Mondino, al diario británico The Telegraph, en la que asegura que de llegar al Palacio San Martín «los derechos de los isleños serán respetados». Para rematarla, dijo que «el concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo».
A las críticas de veteranos de la guerra de Malvinas y del Gobierno nacional y de Unidos por la Patria, se le adosaron dirigentes de JxC y cierto malestar dentro de LLA. Según el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), «ya vivimos la dictadura cívico-militar, los modelos neoliberales de los 90 con Menem, De la Rúa, Macri y su referente en este presente, Patricia Bullrich. Nos impusieron la muerte, el terrorismo de Estado, la destrucción del Estado, las privatizaciones, el desempleo, el hambre, la miseria y llevaron a millones de argentinos a la marginación y el olvido». El comunicado del Cecim recuerda, además, que «Bullrich quiso cambiar vacunas por las Islas Malvinas».
Del acto de Villarruel participó un veterano de Malvinas, el ex mayor del Ejército Marcelo Llambías. Condecorado por su actuación en la trágica aventura militar en las islas, fue acusado de delitos de lesa humanidad contra soldados conscriptos y es uno de los referentes de la candidata a vicepresidenta. Pero el hombre fue condenado por el asesinato de un par, el teniente coronel retirado Jorge Osvaldo Velazco, en 2001. Un crimen pasional, nada que ver con la ideología. Néstor Kirchner lo destituyó en 2005. En la cárcel, donde cumplió 9 años de prisión, se recibió de abogado y ahora defiende a acusados de violaciones a los derechos humanos.

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