2 de septiembre de 2024
En sintonía con los diputados que visitan genocidas y promueven proyectos de impunidad, la vicepresidenta impulsa una revisión de la historia que reivindica la dictadura.
En el Senado. Acto encabezado por Villarruel con motivo del «Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo».
Foto: NA
En Argentina, la palabra «revisionismo» remite a esa corriente historiográfica que desde la segunda mitad del siglo XX hurgó en tono crítico en la versión de la historia construida por las élites nativas desde la Carta Magna de 1853, muy al gusto de una inserción liberal en el mundo decimonónico.
Otra construcción historiográfica se fue elaborando colectivamente desde la recuperación de la democracia, en 1983, y tuvo como eje el juicio y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Ahora, en un intento de mover hacia atrás las agujas del reloj, se pretende encarar una nueva corriente revisionista, desde la emergencia como figura pública de Javier Milei, que no por casualidad se sumó en ese anhelo a la reconocida negacionista y reivindicadora de la dictadura, Victoria Villarruel. Algunas de las diferencias entre ellos radican en que el presidente recupera la figura del autor del texto en que se cimentó aquella Constitución, Juan Bautista Alberdi, mientras que su vicepresidenta recurre a un nacionalismo extremo con el objetivo confeso de reivindicar a los militares juzgados y condenados en estas cuatro décadas.
El horror vivido en los años de plomo es tan profundo que cada tanto se vuelve sobre él. En estos días se cumplirán, precisamente, dos años del estreno de la multipremiada 1985, película dirigida por Santiago Mitre –comparte apellido pero no lazos sanguíneos con Bartolomé, el pionero en aquella historia oficial del siglo XIX– que revive el juicio a las juntas militares y fue la más vista en 2022. Ahora se acaba de presentar Traslados, un documental sobre los vuelos de la muerte, ese atroz método de extermino también utilizado por los genocidas, y que dirige Nicolás Gil Lavedra, hijo de Ricardo, quien integró el tribunal que condenó a los comandantes de la dictadura.
La visita de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a presos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza del 11 de julio pasado despertó fuertes críticas desde amplios sectores de la oposición y generó disputas internas que llevaron incluso al quiebre del bloque oficialista.
A esta leña le agregó combustible la vicepresidenta, cuando en una reunión en el senado en ocasión del Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, dijo: «Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años», y agregó: «Todos los montoneros tienen estar presos por ensangrentar nuestra Nación».
Celebró esa postura una organización de Estados Unidos, Counterpoint Institute, creado y dirigido por Shea Bradley-Farrell, una adalid de conservadorismo global que integró el gabinete de Donald Trump y fue asesora de su hija, Ivanka Trump.
El discurso generó prontos intentos de «despegue» del presidente y sus principales espadas, que están en una lucha ya sin cuartel con la compañera de fórmula electoral y ahora virtual enemiga íntima. Pero también abrió viejas heridas en el peronismo, donde algunos de sus integrantes, como el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, vienen intentando un acercamiento con Villarruel. También se sumó el senador José Mayans, quien invitó a la vicepresidenta a profundizar la amistad, en medio de un diálogo suscitado durante el debate de la ley de movilidad jubilatoria en la Cámara alta. Esto fue respondido ácidamente por Cristina Fernández de Kirchner.
A esta escalada «revisionista» se sumó, aunque desde otro ángulo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja fustigó la agenda que en el Congreso se viene llevando en ese ámbito desde hace décadas.
El debate demostró que más allá de los brulotes con que los espacios libertarios condenan las políticas de derechos humanos y de género que la sociedad fue asumiendo desde el 10 de diciembre de 1983, son temas que calaron lo suficientemente hondo como para que una vuelta atrás aparezca como impensble.
Por el lado de los juicios a responsables de los crímenes contra la humanidad, porque todas las instancias judiciales ya dieron su veredicto, y porque la misma Justicia ya dictaminó que en el caso de las organizaciones guerrilleras, los delitos ya prescribieron. Un dato que alguien esgrimió en las redes sociales es que esa es otra impostura de LLA, que en un debate presidencial puede acusar a Patricia Bullrich de haber puesto una bomba en un jardín de infantes y luego de amigarse convenientemente, la unge como ministra de Seguridad. Otros recordaron que la dictadura no juzgó a sus víctimas y que muchas de ellas siguen desaparecidas. Como sucede con los padres de la exdiputada Victoria Donda.
Sin embargo, más allá del barullo mediático, si algo positivo tuvo todo el escándalo circundante es que ejerció una enorme tarea didáctica al menos para la diputada Lourdes Arrieta. Visitante en Ezeiza y radiante en la «foto familiar» junto a sus colegas y los presos, alegó desconocer quién era Alfredo Astiz, a pesar de ser hija de un cabo del ejército, porque, se disculpó, «nací en 1993».
En la ordalía caníbal en LLA, la acusaron de «no tener los patitos en fila» y ella pidió una investigación interna sobre cómo se organizó el viaje a Ezeiza. Además, presentó audios y chats del grupo de legisladores que asistieron, donde se desmienten los descargos de los involucrados.
Por si fuera poco, también afirmó que finalmente había comprendido el alcance de lo que había ocurrido en los 70. Fue en declaraciones a Daniel Tognetti en la radio AM 530, cuando tras conformar un bloque unipersonal en el Congreso, afirmó estar leyendo el Nunca Más que se le vio bajo el brazo en las últimas sesiones y aseguró haber entendido por qué se decía que eran 30.000 los desaparecidos.
