26 de diciembre de 2024
En sintonía con la prédica oficial de «memoria completa» sostenida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Cámara Federal porteña dictaminó la reactivación de una causa a la que la Corte Suprema declaró prescripta en 2012.
Comodoro Py. Una Cámara intenta iniciar un proceso sobre un hecho ocurrido hace 48 años y que ya fue considerado por la Justicia.
Foto: Horacio Paone
Cuarenta y ocho años después, la Cámara Federal porteña ordenó investigar el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en el que murieron 23 personas. Los jueces no solo habilitaron poner bajo la lupa a los militantes de los años 70, sino que también plantearon el fallo como una etapa refundacional del proceso de justicia. «Ahora tal vez haya llegado el momento de iluminar alguno de esos espacios de sombra», escribió el camarista Mariano Llorens. La nueva era de la «justicia completa» –como reclaman Victoria Villarruel y los sectores que reivindican lo actuado por las fuerzas durante el terrorismo de Estado– implica que los acusadores pasen a ser quienes hasta ahora habían sido los acusados.
El 2 de julio de 1976 estalló una bomba en el comedor de Moreno 1417, donde funcionaba la SSF, popularmente conocida por su anterior nombre, Coordinación Federal. En ese edificio, la Policía Federal Argentina (PFA) –la fuerza más entrenada en la represión política– tenía su área de inteligencia y regenteaba un centro clandestino desde antes del golpe de Estado.
El ataque –reivindicado por Montoneros– provocó un cimbronazo dentro de la fuerza, que terminó con la eyección de su jefe, Arturo Corbetta, que había asumido diez días antes. La PFA sacó a sus perros de cacería buscando venganza. La Justicia federal investiga el vínculo de esa fuerza con la masacre de los sacerdotes y seminaristas palotinos, ocurrida el 4 de julio de 1976 en la parroquia de San Patricio en el barrio de Belgrano. También se asoció la masacre de Fátima de agosto de 1976 con una represalia por la bomba en Coordinación Federal.
La dictadura hizo justicia a su modo: secuestrando, torturando y desapareciendo. Así pasó con José Salgado, acusado por los servicios de inteligencia de haber dejado el artefacto explosivo, que fue ejecutado brutalmente. También asesinó y desapareció al periodista Rodolfo Walsh, a quien también sindican como responsable desde la PFA.
La PFA únicamente confeccionó un sumario, pero no presentó una denuncia. Ni un fiscal ni un juez actuaron de oficio. El afán por buscar justicia llegó en agosto de 2003, casualmente cuando el Congreso anuló las leyes que impedían el juzgamiento de los perpetradores de la última dictadura. La denuncia escaló hasta la Corte Suprema, que en 2012 ratificó que la bomba en Coordinación Federal no había sido un crimen contra la humanidad y, por ende, estaba prescripto.
En noviembre de 2021, la denuncia volvió a moverse. Fue después de que Javier Milei y Victoria Villarruel ganaran sus bancas en la Cámara de Diputados. Tres años después, la Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sostuvo que el hecho se trató de una grave violación a los derechos humanos porque el Estado no investigó lo sucedido.
La resolución tiene algunas particularidades. Se firmó cuatro meses después de que Villarruel dijera que iba a procurar la apertura de las causas contra los militantes de los años 70 porque ella quería a «todos los montoneros presos». Más allá de la sintonía fina del tribunal de apelaciones de Comodoro Py con la vicepresidenta, hay algunos elementos que vinculan a Villarruel con la iniciativa. Uno de los abogados que impulsa la investigación es José María Sacheri, de quien la vice fue su asistente o secretaria. En 2006, Sacheri fue el vocero del reclamo de una amplía amnistía que favoreciera a los represores que estaban volviendo a ser juzgados.
LLorens. «Tal vez haya llegado el momento de iluminar alguno de esos espacios de sombra», expresó el juez.
Foto: NA
Dar vuelta la taba
El fallo tiene otras particularidades que hablan del intento de dar vuelta la taba y poner a los perpetradores en calidad de víctimas y, peor aún, de acusadores. La Cámara Federal aceptó a Eduardo Emilio Kalinec como querellante. Kalinec era entonces un joven oficial de la PFA y, según él, estuvo ese 2 de julio de 1976 en Coordinación Federal y sufrió heridas tras la explosión. Pese a sus dichos, su nombre no figura entre los heridos.
Kalinec no es una persona más: cumplirá en agosto próximo 20 años preso. Purga una pena de prisión perpetua por su rol como torturador en el circuito represivo conocido como Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Una de sus hijas, Analía, repudia sus crímenes y fundó un colectivo de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia.
«Mi papá en ningún momento asume que los crímenes que cometió –secuestros, torturas, desapariciones forzadas– son crímenes. Él piensa que lo que hizo estuvo bien y que fue para defender la patria. Desde ese lugar, él se reconoce injustamente preso, por lo menos así lo dijo textualmente en la demanda que me hizo para declararme indigna. Por otro lado, estoy segura de que él está buscando un resarcimiento económico –así lo decía–, porque entendía que estaba viviendo una injusticia. Todo esto se da en un contexto en el que la vicepresidenta tiene un discurso de que hubo héroes que defendieron la patria frente al avance del comunismo», dice Analía después de enterarse de que su padre podrá actuar como querellante en una causa contra militantes de los años 70.
Entre ellos se encuentra el periodista Horacio Verbitsky, a quien la Cámara Federal le revocó el sobreseimiento en la causa. El nombre de Verbitsky tampoco es uno más. Como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consiguió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
De hecho, Justicia y Concordia –la asociación de abogados que impulsa el expediente– publicó hace unos años un libro titulado El pacto, en el que denuncia una supuesta concertación entre Verbitsky y Néstor Kirchner para volver a sentar en el banquillo a los integrantes de las fuerzas por los crímenes de la dictadura. Justicia y Concordia –que repartió el libelo tiempo atrás en los tribunales de Comodoro Py– está representada por los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, los dos letrados que combinaban con diputados de La Libertad Avanza (LLA) distintas estrategias para favorecer a los represores presos.
La Cámara Federal también admitió como querellante a la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, una ONG que se creó meses después de que fracasara el intento del 2×1 para los genocidas. En sus primeros tiempos, el grupo se dedicó fundamentalmente a presentar denuncias contra aquellos a quienes consideraban actores claves del proceso de verdad y justicia: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el juez supremo Ricardo Lorenzetti y los fiscales Jorge Auat y Javier de Luca, entre otros. La asociación tiene como referente al abogado Guillermo Fanego –que suele atacar a los sobrevivientes de la dictadura en los juicios–. También participa de este grupo Javier Vigo Leguizamón, integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Villarruel. Vigo Leguizamón es también el abogado de otros dos casos de «memoria completa»: el de la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure –que espera resolución en la Corte Suprema– y el del asesinato del capitán Humberto Viola –que está radicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La pregunta es si el fallo de la Cámara Federal inaugurará una nueva etapa en el proceso de juzgamiento. «Creo que la voluntad fundamental es intentar establecer una equivalencia entre lo que no es igual: la acción estatal frente a la acción de organizaciones insurgentes, la creación de un sistema de campos de concentración en todo el territorio nacional frente a hechos ocasionales (un atentado, un asesinato, una bomba)», afirma el sociólogo Daniel Feierstein, que hace cinco años ya había advertido el proceso mucho más nocivo que el de los dos demonios. «La Justicia ya ha determinado la diferencia cualitativa de ambos universos en numerosas sentencias. Espero que mantenga dicha doctrina en esta causa, más allá del repudio que nos generen las acciones bajo análisis, ya que no es de allí que se derivan las categorías del derecho internacional», añade.
La causa volvió a manos de la jueza María Servini, que ya había dicho en dos oportunidades que el caso no debía abrirse. Sus superiores le encomendaron convocar a indagatoria a Mario Firmenich, líder de Montoneros. En febrero, se podrán presentar apelaciones a la resolución, aunque nadie vaticina que la Cámara de Casación vaya a desandar el camino que abrieron Llorens, Bertuzzi y Bruglia.
