10 de febrero de 2024

Adriana Meyer

Se retomaron los juicios por crímenes de lesa humanidad en un contexto adverso para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El represor que quería ir al teatro.

Más allá de los vientos reivindicatorios de la dictadura y del genocidio que trajo el Gobierno de Javier Milei, sigue adelante el proceso de juzgamiento de los sicarios del terrorismo de Estado. En ese marco, uno de ellos, que está siendo juzgado en La Plata, solicitó permiso al Tribunal Oral Federal 1 para asistir a un teatro porteño. Alberto Jorge Crinigan, miembro de alta jerarquía en el Regimiento 7 del Ejército en esa ciudad, pretendía ver la obra Matilda, el musical con el argumento de que en ella trabaja un pariente suyo. Crinigan –quien revistó en el Batallón 601, fue el compilador del libro apologético de la dictadura de la vicepresidenta Victoria Villarruel La Nación dividida.
El abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, Pablo Llonto, dijo a revista Acción que ante el clima de época permisivo para las demandas de los genocidas «hay que estar muy atentos a la respuesta del Poder Judicial», al mismo tiempo que aclaró que en el pasado las excepciones y permisos dentro del régimen de encarcelamiento fueron frecuentes, así como el otorgamiento del beneficio del arresto domiciliario, que encima ha sido violado de manera muy frecuente. Tal es el caso del represor Jorge Olivera, quien lo solicitó invocando «razones humanitarias» y el 3 de febrero organizó una fiesta que contó con la presencia de Palito Ortega para amenizar la velada por sus bodas de oro, tal como reveló la periodista Luciana Bertoia.
«Me cuesta decir que esto antes no pasaba, en la época de Fernández, de Macri, de Cristina los represores han hecho muchas de estas provocaciones», expresó el letrado. Crinigan goza del beneficio de cumplir la prisión preventiva en su casa, y es uno de los 10 imputados en el juicio el juicio que acumula las causas «1 y 60» y Comisaría 8^a. Fue detenido por su posible participación en los secuestros y desapariciones de los militantes montoneros de la Contraofensiva. En su defensa, Crinigan aduce que no es una persona de acción sino un analista de inteligencia.

Actos provocativos
«Crinigan quiere concurrir a ver el musical infantil Matilda porque actúa un pariente cercano, es de lo más desfachatado el pedido, espero que la fiscalía lo rechace como hicimos nosotros, es una falta de respeto», explicó Llonto antes de la definición del pedido del represor. El abogado de Crinigan, Gonzalo Miño, adjuntó a su pedido la partida de nacimiento del pariente, reconoció que la solicitud era «peculiar y fuera de lo común», pero adujo que «una pena no debe transferirse a los parientes de los privados de libertad».
«Lo hicieron siempre, han pedido y hecho cosas descaradas en estos 20 años, pero claramente con el Gobierno de Milei están agrandados, se sienten de otra manera, es probable que veamos el 24 de marzo algún acto de provocación impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel como ya lo hizo en la Legislatura cuando entregó medallas a los familiares que lucharon contra la subversión, como dice ella», vaticinó el abogado de derechos humanos. Finalmente, el tribunal rechazó el pedido de Crinigan y no podrá asistir a la función teatral.
En este sentido Llonto recordó «los actos provocativos tremendos y agresivos que hacían en la Plaza San Martín en pleno Gobierno de Cristina, ponían ofrendas florales y empezaban a hablar exmilicos vestidos con boinas, muchos de ellos fueron luego condenados», y sintetizó: «Si bien no es novedoso lo que pretenden ahora, están agrandados, y por eso hay que estar preparados para dar respuesta».

En busca de unidad
El abogado –que también es periodista y fue delegado sindical en Clarín y despedido de ese grupo– compartió que el clima de época mileísta trajo «temores y angustia. En este mes y medio me han llamado cantidad de familiares de víctimas para manifestar su preocupación por lo que se pueda venir». Y comentó que han tenido reuniones entre los organismos de derechos humanos «para alertar sobre la posibilidad de que vengan por diferentes conquistas, y para que estemos preparados para la respuesta judicial y en la calle». En este sentido, enfatizó que «se están haciendo todos los esfuerzos para que el 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado de 1976, haya una sola marcha, y que sea la más grande de la historia de esa fecha, para dar una respuesta preventiva».
Los organismos de derechos humanos están preparados para eventuales trabas que aparezcan por parte del Poder Ejecutivo respecto del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y también antes de ella, por la Triple A, como el caso del proceso Villazo/Acindar, que se desarrolla en Rosario. Llonto aclaró que, por ahora, no hay ninguna señal en tal sentido, pero advierte que «seguramente en alguna de las carpetas de sus planes está este tema, sobre todo en manos de Villarruel».
Lo esencial del manejo de los tiempos, la investigación y el desarrollo de los juicios lo tiene el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Sin embargo, al igual que durante el macrismo, podrían ser desactivados o disminuidos los equipos de investigación que dependen del Ejecutivo; por ejemplo, hay uno en el Ministerio de Defensa que trabaja sobre los archivos de las Fuerzas Armadas.
El macrismo disminuyó su potencia, recortando personal y quitándole trascendencia, y eso podría suceder tanto en Defensa como en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. «Hasta ahora en lo que va de diciembre y febrero no ha sucedido, pero no quiero meterme en la cabeza de ellos», alerta el letrado.
Respecto de la posibilidad de que los operadores del sistema judicial, la llamada «familia», modifiquen sus posiciones por haber votado a Milei, Llonto consideró difícil que esto ocurra porque «van más de 300 sentencias en unos 20 años por lo tanto no es fácil salirse de esa línea general, más allá de alguna excepción, que consiste en: “Esto es lesa humanidad, aquí no hubo una guerra, no hay teoría de los dos demonios y no hay consideraciones de ningún tipo para quienes cometieron estos crímenes”».

Bajo el poncho
Sin embargo, la activista castrense ahora vicepresidenta milita desde hace más de una década para «hacerle la cabeza a los jueces», y tiene carga intelectual para pensar distintas variantes. En términos de esas posibilidades, el Gobierno podría sacar un indulto para los represores, pero corre el riesgo de que se lo declaren inconstitucional; podría enviar una ley de amnistía que tenga el mismo destino; podría conmutar penas aunque luego sea cuestionada. «Ellos avanzan así, de modo que no podemos descartar nada, pero ahora están ocupados en lo económico porque el país se está hundiendo», apuntó Llonto.
Entre los procesos orales y públicos en marcha se encuentran Villazo/Acindar, sobre los crímenes contra trabajadores de Rosario y San Nicolás; 1 y 60 y Brigadas, ambos en La Plata; ESMA imputados Guerrochena y Ferrari, en CABA; Zona V Ejército en Bahía Blanca; Funcionarios judiciales en Neuquén; Juicio D2 en Mendoza; La Huerta en Mar del Plata; y el proceso por la apropiación de Victoria Donda, entre otros.
Respecto de la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños garantizó la presencia de las querellas con una veintena de abogados de ese organismo en los juicios en marcha, a pesar de haber anticipado que «no hay plata». Una fuente de la secretaría consultada por Acción ratificó que «por ahora» no hubo recortes, a pesar de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que reducirán hasta un 50% la planta de personal de la gestión anterior. «Estamos alerta porque los contratos están en revisión, eso para ellos es una planilla Excel, no les importa la función que cumplas, y en muchas áreas no tenemos autoridades», describió la fuente.
Por las dudas, Llonto sintetizó: «Igual hay que estar mirándoles el poncho todo el tiempo para ver qué traen debajo».

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