28 de junio de 2024
Con la sanción de las dos leyes que el Gobierno impulsaba desde enero se inicia una nueva etapa de la gestión libertaria. Apoyo de la oposición «amigable» para un marco jurídico regresivo.
Respaldo. Numerosas concesiones mediante, el oficialismo logró mayoría para sus proyectos.
Foto: NA
La fase del Gobierno de Javier Milei en la que pudo montarse sobre la paradoja de ser presidente y al mismo tiempo un outsider que se rebela contra el sistema político ha terminado. A partir de ahora, su gestión ingresa en los senderos de la «habitualidad» institucional. Milei logró que el Congreso Nacional aprobara su Ley Bases y el paquete fiscal. Tuvo que ceder muchas de sus pretensiones iniciales para conseguirlo. La sanción le quita la posibilidad de culpar a «la casta» por los resultados de su gestión, pero también implica un triunfo y una muestra de gobernabilidad del experimento de extrema derecha que conduce la Argentina.
La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la norma la madrugada de este viernes 28 de junio. Fue con 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones. El respaldo lo aportaron los bloques de la Libertad Avanza, el PRO, Hacemos Coalición Federal, y el radicalismo (UCR), que volvió a votar dividido. De los 34 integrantes de la UCR, nueve lo hicieron por la negativa. Además de este puñado de boinas blancas, los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda reiteraron su rechazo por la norma.
El debate que duró más de 13 horas tuvo el sabor de una comida cocinada de antemano. A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, prácticamente estaba todo acordado antes del comienzo de la sesión. El Gobierno consiguió una docena más de votos de los que había logrado en abril en esta misma cámara, una muestra del efecto de la negociación con los gobernadores, a quienes la Rosada tiene contra las cuerdas con los recortes de fondos.
Triunfo cultural
Milei pudo construir una base de sustentación parlamentaria a cambio de una enorme poda de su intención original. Sin embargo, la sanción también mostró un clima de época. Buena parte de las fuerzas políticas argentinas avala, de algún modo, la concepción de que es necesario recortar la capacidad del Estado para intervenir en la economía y de impulsar reformas de corte neoliberal, aunque ya hayan fracasado. Estas posiciones pueden ser por afinidad ideológica o adaptación a los «vientos de época». En ambos casos confirman el triunfo cultural que logró, por ahora, la derecha.
El recorrido de las bases de Milei había comenzado a fines de diciembre del año pasado. La norma es parte de una estrategia pergeñada en el seno de lo que fue Juntos por el Cambio. El ideólogo fue Federico Sturzenegger, figura clave en el equipo económico del Gobierno de Mauricio Macri.
El punto de partida de la estrategia fue una evaluación sobre los motivos del fracaso del fundador del PRO en la presidencia. La conclusión de la derecha fue que el «gradualismo», que supuestamente Macri aplicó, terminó siendo el responsable de la suerte de esa gestión. Por eso el nuevo plan, que se había elaborado para Patricia Bullrich y que terminó asumiendo Milei, era el supershock. Se impulsó con dos instrumentos: el DNU 70/23 –que continúa vigente, aunque con varios capítulos interrumpidos por amparos judiciales– y la Ley Bases. La intención era (y es) dar vuelta el país como una media y producir la restauración conservadora de un plumazo.
La realidad siempre es más compleja. En la norma original, Milei se proponía tener luz verde para privatizar 40 empresas del Estado, incluidas algunas estratégicas como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. En la versión final sólo quedaron: Intercargo, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina y Yacimientos Carboniferos de Río Turbio. Y para un esquema de privatización-concesión: Aysa, Belgrano Cargas, los ferrocarriles y los corredores viales.
Festejo. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se abraza con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de la votación.
Foto: HCDN
Disputa legal
Otro punto central que tuvo que ceder el Gobierno fue la moratoria jubilatoria, que pretendía eliminar. Hace casi 20 años, en diciembre de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1.454. Fue la primera moratoria. A partir de allí, el proceso continuó. El 65% de los actuales jubilados accedió al derecho a través de algún plan de regularización de los haberes. Y dentro de ese universo la mayoría son mujeres, que pueblan las filas del empleo informal en tareas como el servicio doméstico.
Un elemento estratégico que el Gobierno logró fue la reforma laboral. No tiene la misma magnitud que en la versión original, pero convirtió en «causa justa» los despidos por bloqueos y tomas de empresas, extenderá hasta ocho meses el período de prueba –que antes era de tres– y habilitará a empresas con menos de cinco empleados a contratar sin generar relación de dependencia, es decir, sin derecho laborales.
Lo mismo puede decirse del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Tuvo varias modificaciones en el Senado. Se acotaron los sectores de la economía a los que se puede aplicar y se introdujeron porcentajes obligatorios de participación de la producción nacional. Esto, sin embargo, no modificó el corazón del RIGI, que genera una batería de ventajas tributarias por 30 años para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares y transforma al país en una economía de enclave al estilo africano.
En el capítulo de facultades delegadas, la norma puso límites en los organismos públicos que el presidente podrá fusionar y disolver. Quedaron bajo ese paraguas entes como el INTI, el Servicio Meteorológico, el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre varios otros. Habrá que ver si Sturzenneger, que se incorporará al Gobierno justamente para avanzar con el desguace del Estado, no trae algún artilugio escondido bajo la manga.
El paquete fiscal también fue ratificado por Diputados. Promete escalar como debate jurídico. En el Senado había sido rechazado por completo en algunos puntos y ahora Diputados insistió con la restitución de Ganancias para los trabajadores y la modificación en Bienes Personales para bajar impuestos a los más ricos. Uno de los argumentos esgrimidos en contra por UxP fue que, al haber sido rechazazado en el Senado, la norma no cumple con el requisito de doble sanción que exige la Constitución para que sea una ley. Se viene una lluvia de amparos.
Efectos políticos
En el diverso archipiélago de fuerzas que conforman la «oposición», desde Unión por la Patria hasta los bloques filooficialistas, como el comandado por Miguel Pichetto, hubo un debate conceptual durante estos meses. Una de las posturas sostenía que la oposición no tiene por qué acompañar iniciativas del Gobierno que no coincidan con sus bases, valga la redundancia. La otra planteaba que había que aprobar la norma, entre otras cosas, para quitarle a Milei la excusa de que no lo dejan gobernar.
Lo cierto es que un primer efecto político innegable es que el gobierno salió fortalecido, a pesar de las concesiones que tuvo que hacer. El oficialismo partía de una base de 75 diputados (38 de La Libertad Avanza y 37 del PRO). Y consiguió 147, lo que implica que casi duplicó su caudal en la Cámara Baja. En cualquier contexto, ese resultado es un triunfo para un oficialismo. Es lo que los bloques denominados «dialoguistas» le otorgaron a Milei. Tendrán que pasar varios meses para evaluar si además tiene el efecto de que la sociedad deje de «disculpar» al presidente por su gestión y empiece a exigirle mejoras concretas en su vida cotidiana.
Es cierto que para Milei será más difícil aparecer como el francotirador televisivo, revulsivo y violento, que encarna la rabia de una parte de la sociedad enojada con la dirigencia política. Ahora es un presidente con una gestión que está multiplicando la pobreza y el desempleo a una velocidad inusitada. Habrá que cómo se mueve el amperímetro en esta nueva realidad.
