Política | Sentencia a CRISTINA FERNÁNDEZ

Las elecciones de la Corte

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Franco Mizrahi

El máximo tribunal deberá expedirse sobre la causa «Vialidad» y el futuro electoral de la expresidenta queda en manos de la Justicia. Proyecto «Ficha limpia» y negociaciones en curso. 

Fallo. Los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña ratificaron la sentencia que el Tribunal Oral Federal N°2 dictó en diciembre de 2022.

Foto: Enrique García Medina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá cambiar el futuro de cualquier elección en que pretenda competir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Supremo tendrá en su poder la libertad de la actual titular del PJ luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara su condena en la causa Vialidad a 6 años de prisión y la inhabilitara para ejercer cargos públicos. 

Esta centralidad de la Corte resignifica la discusión en torno a una nueva conformación del máximo tribunal del país, que a finales de diciembre de este año quedará con tres integrantes por la jubilación de Juan Carlos Maqueda, que aceleró el Gobierno de Javier Milei. Hasta que no se sumen nuevos jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán emitir todos sus fallos por consenso. Si no reúnen tres votos de mayoría se requerirá convocar a conjueces hasta llegar a esa cantidad de voluntades.

Actualmente, en el Senado se discuten los pliegos de los dos candidatos que propuso el Poder Ejecutivo para reemplazar al jurista cordobés que pronto dejará su sillón, y a Elena Highton, quien renunció en 2021: se trata del juez de Comodoro Py, Ariel Lijo, y del abogado Manuel García Mansilla. 

Esos dos nombres también son parte de una negociación más amplia entre el oficialismo y el peronismo. El bloque del PJ en el Senado, que con 33 legisladores sobre un total de 72 es el que permite alcanzar los dos tercios de los votos que se requieren para nombrar a un ministro de la Corte, apunta a una ampliación del máximo tribunal. Y Cristina Fernández tiene una importante ascendencia en la Cámara Alta.

En este contexto, una serie de interrogantes se hacen inevitables: ¿El peronismo dejará la libertad de su presidenta en manos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, a quienes el kirchnerismo quiso hacer un juicio político? ¿O profundizará una negociación con Milei para ampliar su número de integrantes? ¿Lijo y García Mansilla serían fiables para la exvicepresidenta? 


Los tiempos del tribunal
Maqueda afirmó en una entrevista con el diario cordobés La Voz que el caso de Cristina Fernández no es un tema prioritario para la Corte y que el tratamiento del expediente demandará «mucho tiempo». La declaración se da un mes y medio antes de que deje el cargo. ¿Qué peso tienen sus palabras? ¿Fue una opinión propia o habló por decisión de sus colegas para enviar un mensaje al mundo político? 

En términos estrictamente jurídicos, el expediente aún no llegó a la Corte; se encuentra en la Casación, que el 13 de noviembre pasado, con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña –los tres vinculados con Mauricio Macri–, ratificó la sentencia que el Tribunal Oral Federal N°2 dictó en diciembre de 2022 en el caso de la Obra Pública Vial en Santa Cruz, en la que Fernández –junto con otros funcionarios– fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

El caso arribará al Tribunal Supremo luego de que las partes presenten un recurso para discutir los resuelto por la Casación. Los abogados defensores de los condenados ya adelantaron que recurrirán la sentencia para pedir la absolución de sus representados. Se espera que la fiscalía haga lo propio porque pretende penas más altas que las que se resolvieron. Las partes tienen 10 días hábiles para hacer su planteo para acceder a la Corte a partir del fallo. Desde el entorno del empresario Lázaro Báez adelantaron que pedirán una prórroga para tener un plazo mayor para confeccionar su escrito.

Casación deberá definir si hace lugar a los recursos extraordinarios que se plantearán para llegar a la Corte o los deniega. Si se inclina por la primera opción, el expediente ingresará al 4º piso del Palacio de Talcahuano. Si vota por la segunda opción, las partes deberán plantear un recurso de queja ante el Alto Tribunal para que abra el caso. Es decir, los cortesanos intervendrán de una u otra manera en esta causa y más tarde o más temprano tendrán en sus manos la libertad de Cristina (y la de los otros condenados).


En Santiago del Estero. La flamante líder del Partido Justicialista continúa con sus actos políticos mientras su suerte depende de la decisión de los jueces.

Foto: NA

El Tribunal Supremo no tiene plazos para expedirse. Lo puede hacer en cualquier momento. También puede demorar años en hacerlo. Y a la hora de intervenir, lo puede hacer de diferentes maneras. Puede abrir el caso, estudiarlo y luego expedirse ratificando la condena o revocándola. A su vez, puede dejar firme la condena aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial conocido como «La plancha». Es una forma que tiene la Corte de rechazar un recurso extraordinario sin adentrarse en la causa.

Ya ungida presidenta del PJ, Cristina Fernández dijo este fin de semana en un acto que encabezó en Santiago del Estero que «las condenas y la proscripción son el vuelto» a las decisiones que tomó durante sus gobiernos. «No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada», resaltó, desafiante.


El proyecto de «Ficha limpia»
Este miércoles se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto «Ficha limpia» que impulsa el macrismo junto con La Libertad Avanza (LLA) para inhabilitar a un candidato condenado en dos instancias. El debate jurídico que se abrió sobre esta normativa es si de aprobarse –tras Diputados pasará al Senado– puede aplicarse a la expresidenta o no dado a que la ratificación de la condena fue previa al tratamiento legislativo del proyecto.

La iniciativa «Ficha limpia» tiene por objeto «establecer la inhabilitación para la postulación como precandidato o candidato a cargos públicos electivos nacionales de las personas que hayan sido condenadas y su sentencia confirmada por una instancia superior hasta el cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena correspondiente o hasta su eventual revocación o anulación posterior». A sabiendas de las implicancias que tiene el proyecto tras el fallo de Casación, Milei adelantó que LLA impulsa también la iniciativa. Un sector de la UCR y la Coalición Cívica ya adelantaron que apoyarán la propuesta. 

Más allá de las intenciones del macrismo y LLA, el proyecto debe aprobarse en Diputados y luego en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría. Pero, además, aun siendo aprobada en la Cámara Alta, de acuerdo a prestigiosos juristas la ley no podría aplicarse a la expresidenta.

El constitucionalista Gustavo Ferreyra señaló que «en el caso de que se legisle y se sancione la ley de “Ficha limpia”, deberá abarcar las conductas acaecidas con posterioridad a su entrada en vigencia; en caso de que se pretendiese su aplicación retroactiva la ley deberá ser acusada de inconstitucionalidad porque corromperá el principio de legalidad en materia procesal y penal». Es decir, no podría aplicarse a Cristina Fernández porque la condena fue previa a la existencia de la ley. En una línea similar se manifestó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

De ejecutarse este criterio jurídico, la iniciativa perdería su sentido. Por eso, el diputado del PRO, Damián Arabia, salió al cruce de esta posición y buscó instalar que la retroactividad debe contemplarse desde el momento de la oficialización de una candidatura y no desde la ratificación de la condena de un futuro postulante. «Ante reiteradas consultas lo pongo para que quede claro: la ley nunca es retroactiva, pero tampoco es necesario. En las próximas elecciones podemos establecer el criterio que se considere, porque no es sobre un juicio o condena pasado, sino condiciones electorales futuras. Fin», tuiteó el mismo día en que se conoció el fallo de Casación.

En este contexto, la iniciativa de «Ficha limpia» parece buscar quitarle presión a la Corte. De todos modos, no caben dudas de que, si llegara a fallar el proyecto parlamentario que busca evitar una candidatura de Cristina Fernández, apelarán a ella para que deje firme la condena de Vialidad.

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