28 de marzo de 2025
El documento exhibe el incremento de los casos de gatillo fácil durante los 14 meses de la presidencia de Milei, en un contexto de recorte de garantías y derechos.
2024. El informe anual registra un aumento de casos de gatillo fácil a manos de fuerzas policiales.
Foto: NA
El informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se fue convirtiendo a lo largo de tres décadas en una referencia, y su presentación en un evento. Como lo urgente suele tapar lo importante, ese acto previsto para el miércoles 19 fue levantado para acompañar a los jubilados en su marcha al Congreso.
Sin embargo, el documento fue difundido y exhibe las cifras de las muertes ocurridas durante el año y dos meses de la presidencia de Javier Milei: 549 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, lo que evidencia el fuerte impacto de las políticas del Gobierno de La Libertad Avanza en esta materia. «Todas las reformas estructurales vía decretos, resoluciones del Ministerio y leyes rebotaron en más gatillo fácil y muertes bajo custodia», dijo a Acción la abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi. Esta organización antirrepresiva destacó que «a esto debemos sumar el ataque a las políticas de derechos humanos que intentan barrer con una historia de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país».
La presentación consiste en la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal entre 1983 y 2024. Desde 1996, como respuesta al negacionismo del presidente Carlos Menem y su ministro Carlos Corach frente a las denuncias por hechos de gatillo fácil y otras muertes causadas por agentes estatales, Correpi empezó a registrar de manera sistemática los casos de personas asesinadas en tal contexto.
El informe 2024, titulado «Represión, tortura y muerte bajo el régimen Milei», tiene características excepcionales. «No podría ser de otra manera ante la extrema avanzada represiva de una gestión que, a fuerza de decretos, resoluciones ministeriales y leyes que, con poca resistencia, atravesaron el trámite parlamentario, recortó o directamente destruyó derechos, eliminó garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos y no dejó libertad democrática sin atacar», indicó la organización.
«Ese verdadero cambio de régimen se evidencia especialmente en su política represiva, con gran aumento de los fusilamientos por gatillo fácil, explícitamente promovidos desde el Gobierno, y de las muertes bajo custodia», añadió.
Grave situación
Verdú explicó que por primera vez en 30 años suspendieron el acto y conferencia de prensa «para estar en el Congreso junto a las agrupaciones que ya se han convocado para frenar la represión a las jubiladas y jubilados, que vienen siendo blanco sistemático de las políticas oficiales». Y agregó: «Nos defendemos de este régimen de destrucción de derechos, de represión y muerte en unidad de acción y en las calles».
Correpi manifestó que «con el Gobierno de Milei-Villarruel crecieron el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, de la mano de la reactualización de los protocolos represivos y los proyectos de reformas legislativas, con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza».
Memoria. María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi. La organización denuncia «el ataque a las políticas de derechos humanos» por parte del Gobierno libertario.
Foto: @LaNegraVerdu
Esto implica «la amenaza de la mayor criminalización de niñxs y adolescentes, a propuesta del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; la decisión de reprimir la protesta con la fuerza con un blanco deliberado hacia trabajadores de prensa y con aumento de penas de los delitos típicamente usados para criminalizarlo; la militarización de los barrios, la persecución a las personas organizadas, los ataques odiantes y las campañas de desinformación deliberadas».
Ante este grave situación, luego de una jornada masiva en defensa de lxs jubiladxs, signada por la represión de los Gobiernos nacional y de la Ciudad, que derivó en centenares de detenidos y heridos, y el compañero fotógrafo Pablo Grillo peleando por sobrevivir luego del disparo de un gas lacrimógeno que lo impactó en la cabeza (una imagen que recuerda al asesinato del maestro Carlos Fuentealba en 2007), Correpi difundió su documento de manera virtual.
Datos durísimos
Las 549 muertes de la era Milei hacen un total de 9.672 personas asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de febrero de 2025. «Con la reinstalación y ampliación desaforada de protocolos de actuación sin límites para las fuerzas de seguridad, más la vocación de incorporar esos criterios a través de la reforma del Código Penal, en apenas 14 meses tenemos ya 143 fusilamientos de gatillo fácil registrados, 120 en el curso de 2024, con una tendencia creciente», reza el informe.
Sin embargo, la principal causa de muerte a manos del Estado es la que sucede en las cárceles de todo el país. «Las prisiones están superpobladas por personas que no deberían estar presas, porque no hay peligrosidad, riesgo de fuga ni de entorpecer el proceso, solo adhesión judicial a la política de incrementar la población carcelaria, y esta es una de las principales causas de la enorme cantidad de muertes intramuros: 339 muertes bajo custodia en 2024, y 19 en 2025».
Por otra parte, en la actual gestión se produjeron 19 muertes de mujeres a manos de miembros de las fuerzas, de los cuales 10 se caracterizan como femicidios. «Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal». Desde el inicio de la democracia hubo 471 femicidios, travesticidios y transfemicidios cometidos por miembros de las fuerzas.
El desglose por fuerzas muestra que el 62,62% de las muertes corresponde a los servicios penitenciarios provinciales y federal; le siguen las policías provinciales con el 27,99% de las muertes; la Policía de la Ciudad (27 muertes, 4,97%); la Policía Federal (16, 2,95%); y bastante más lejos Gendarmería (4 muertes); Prefectura (2 muertes); y otras fuerzas como Fuerzas Armadas y personal de institutos de menores.
Se confirma una tendencia ya advertida en años anteriores, la Policía de la Ciudad se volvió el doble de letal que la Bonaerense: 6,15% y 3,6% de índice de letalidad respectivamente. Los varones jóvenes siguen siendo por lejos las principales víctimas.
La Coordinadora volvió a plantear una agenda urgente y necesaria para revertir esta realidad: eliminación de todas las facultades de las fuerzas de seguridad para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente, la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil, el cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva, la derogación de la reiterancia y de la modificación de la reincidencia y cómputo de penas.
