6 de mayo de 2025
El Gobierno avanza en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad y las habilita a realizar detenciones en la frontera norte. Reclamo del CELS y situación de los pueblos originarios de la región.
Tartagal. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con Bullrich y Petri en la frontera norte, lanzando el operativo Roca, ampliación del plan Guemes.
Foto: @MinDefensa_Ar
El Gobierno superpone nuevos operativos en la frontera norte del país, con más fuerzas de seguridad y ahora militares, cada vez con nombres de próceres diferentes. No importa que hayan provocado dos muertes que aún no fueron esclarecidas. La administración de Javier Milei ya había anunciado su intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y acaba de poner en marcha la resolución 347/2025-Operación Roca, que ya movilizó centenares de efectivos del Ejército hacia Salta, donde están siendo entrenados para el control de la frontera con Bolivia. El objetivo es siempre el mismo, combatir el «narcotráfico», de la mano de su flamante «ley antimafia».
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, pretenden desplegar más de mil soldados entre las ciudades Salvador Mazza y Misión La Paz, sumando uniformados al alambrado de 200 metros que va desde la terminal de Aguas Blancas hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas. La nación aporta los efectivos y la provincia de Salta invertirá más de 150 millones para reacondicionar instalaciones que los alojarán, según confirmó el gobernador Gustavo Sáenz. Se trata de los «rodillas negras», como se conoce a los integrantes del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la dictadura.
Rechazos
Quienes en la primavera democrática pensaron en blindar los retoños institucionales para que crecieran libres del autoritarismo de las botas hoy se agarran la cabeza y se deprimen, otros protestan. Como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se pronunció enérgicamente en contra del anuncio de la autorización a efectivos de las fuerzas armadas para detener personas en casos de presenciar delitos flagrantes en el marco de este operativo Roca que dispuso el Ministerio de Defensa. «Es un anuncio flojo de papeles en cuanto a la justificación normativa que pueda tener esta decisión, porque ese fundamento que tiene que estar en las reglas de empeñamiento que acompañan el decreto que instala este operativo siguen siendo secretas y reservadas», dijo a Acción Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS. «Es decir, el Gobierno decidió que sean secretas y solamente comunicó este aspecto con lo cual no queda claro cuál es su respaldo jurídico».
Este especialista explicó que el Operativo –que lleva el apellido de quien lideró la Campaña del Desierto entre 1878 y 1885 en la Patagonia y parte de La Pampa para apropiarse de territorio que estaba ocupado por pueblos originarios– va en contra de las leyes de Seguridad Interior, porque no es un supuesto de intervención de las Fuerzas Armadas que esté contemplado en esa norma. «Esto de detener personas en pasos fronterizos o que estén ante situaciones de delitos flagrantes, salvo que estén invocando un artículo del Código Procesal Penal, el de las llamadas detenciones ciudadanas, que autoriza a cualquier persona a retener a otra si ve que está cometiendo un delito hasta que llegue la policía», indicó. Por eso, Tufró planteó que «es confuso lo que dice el Gobierno porque no queda claro si lo está enmarcando en esa facultad o si está autorizando a las Fuerzas Armadas a detener a las personas con el trámite pertinente, lo cual sería un avasallamiento de facultades que son policiales y no militares».
Dotación. Centenares de efectivos fueron movilizados hacia Salta.
Foto: @MinDefensa_Ar
Criterio ideológico
Para el integrante del CELS, «hay que destacar que el Gobierno está dando facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en temas de seguridad, y lo hace bajo normas secretas que en realidad son incompatibles con las tareas de seguridad ciudadana. Una cosa es el secreto en un conflicto bélico y en el campo de la acción militar, donde tiene sentido para que fuerzas enemigas no conozcan los planes y las capacidades de las propias fuerzas». Y enfatizó que «en temas de seguridad ciudadana esto no funciona así, lo que puede o no puede hacer las policías y las fuerzas de seguridad son temas públicos, están las leyes y los ciudadanos pueden y deben saber cuáles son los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad. Entonces estaríamos ante una intervención de fuerzas militares que no sabemos qué atribuciones tienen». Por esa razón, el CELS hizo un pedido de informes al ministro Petri.
Al momento del anuncio de la Operación Roca, este funcionario apenas dio una pista sobre las bases jurídicas de la iniciativa, pero fue enfático al decir que rechaza el «sesgo ideológico» que persiguió y encarceló a las Fuerzas Armadas. El funcionario libertario mencionó «una ley de 1944», y al parecer se refiere al decreto ley 15385/44 que crea «zonas de seguridad de fronteras» y «zonas de seguridad del interior», donde los militares tendrían permitido intervenir.
«Está claro que todos estos operativos que propone el Gobierno responden más a un criterio ideológico que de eficacia, que esta medida pueda tener algún resultado relevante en términos de vigilancia y disminución de ciertos delitos en la frontera», analizó Tufró. «Las Fuerzas Armadas no están preparadas para este tipo de tareas, las fuerzas de seguridad son mucho más numerosas, de modo que no tiene ningún sentido salvo seguir profundizando que los militares intervengan en temas de seguridad interior», concluyó el experto.
Petri y Bullrich lanzaron el Operativo en un territorio donde habitan gran parte de los pueblos indígenas que siguen viviendo en lo que hoy se llama provincia de Salta y donde el Estado argentino llevó a cabo otra campaña criminal, la denominada «Conquista del Chaco», entre 1870 y 1917, también con el objetivo de apropiarse de territorio indígena.
Desde la Cátedra Libre «Saberes, creencias y luchas de los Pueblos Originarios» de la Universidad Nacional de Rosario, expresaron su preocupación. «El Gobierno de turno ha demostrado en múltiples ocasiones su odio hacia las 37 naciones preexistentes que coexisten en este territorio denominado Argentina con, por ejemplo, la derogación de la Ley de Emergencia territorial indígena que automáticamente puso a más de 100 comunidades originarias en peligro de desalojo, varios de ellos ya concretados». Desde esa unidad académica expresaron que «ahora, presentan esta “operación” con olor al plan Güemes que terminó con el asesinato de Fernando Gómez, trabajador informal de la frontera, en Orán, Salta». En el mismo sentido, Daniela Planes, docente y candidata a concejal del PTS-FITU en Salta, opinó que «Bullrich y Sáenz dicen que el Plan Güemes viene siendo un “éxito” contra el narcotráfico, pero la verdad es que es un plan contra el pueblo trabajador. Es en el marco de ese plan que Gendarmería mató a Fernando, por quien hoy seguimos pidiendo justicia». Para Planes, lo que subyace en estas iniciativas es la preparación para sofocar cualquier tipo de resistencia organizada a las políticas económicas del oficialismo. «Lo que quieren es hacer pasar este ajuste con mayor represión», afirmó la trabajadora de la educación.
