5 de enero de 2025
En los primeros días del año, el Gobierno nacional profundizó su agenda económica, de política exterior y achicamiento del Estado, especialmente enfocado en las áreas de memoria, verdad y justicia.
Abrazo. Manifestación ante la exEsma del 27 de diciembre. Los días siguientes se sucedieron asambleas, misas y otras actividades para rechazar el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti.
Foto: NA
El 2025 comienza con aumentos en los precios de todos los servicios –gas, electricidad, agua– y combustibles, con lo que el costo de los boletos de transporte también se incrementará más temprano que tarde, a pesar de que, según las cifras oficiales, la inflación viene en baja. El año nuevo ya se había anunciado con malas noticias por el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado, comentaba el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una asamblea del gremio para tratar los despidos en la exEsma y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. No se había cumplido una semana de esta nueva hoja del almanaque cuando el Gobierno le dio una vuelta más de tuerca a la tormentosa relación con Venezuela: mientras reclamó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme Nahuel Gallo, arrestado desde el 8 de diciembre en algún lugar de Caracas no revelado, Javier Milei recibirá al antichavista Edmundo González Urrutia, al que reconoce –al igual que países europeos y EE.UU.– como presidente de Venezuela, cuando el próximo viernes Nicolás Maduro será investido con un nuevo mandato.
Parecen muchos temas para tan pocos días, pero se sabe que la gestión paleolibertaria actúa con urgencias para implementar sus políticas. Para remachar en caliente, como se suele decir, o simplemente para cambiar los ejes de la sociedad antes de que las variables económicas dejen de resultar favorables. Y ojo que Milei no se anda con vueltas a la hora de explicar su estrategia. Ya lo dijo en el cierre del Coloquio de IDEA, la ONG empresarial, en el encuentro que se realizó en Mar del Plata en octubre pasado.
«Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo», dijo esa vez, con un guiño canchero y sin sonrojarse.
Parece que en este verano pretende repetir aquel impacto y comenzó con despidos en todas las áreas del Estado y especialmente en las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y los Espacios de la Memoria. Sitios que la sociedad fue recuperando para resaltar los valores con que buscó construir la democracia luego de los años del horror de la dictadura cívico-militar.
La dupla ganadora del balotaje de noviembre de 2023 era rotundamente negacionista, con un candidato a presidente que resaltó en cada ocasión su rechazo a las políticas desarrolladas por Raúl Alfonsín desde el 10 de diciembre 1983, y Néstor y Cristina Kirchner en este siglo. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por lo demás, desplegó su carrera política reivindicando a los condenados por crímenes contra la humanidad.
Las notorias diferencias que fueron creciendo entre ellos en este año y monedas nunca borraron, y puede aventurarse que no lo harán, esa coincidencia de matriz.
Lo que para un mandatario que hace gala de elementos de la lógica para ridiculizar a quienes se oponen a su línea de pensamiento –con términos como «falacia ad hominem», propios de manuales de escuela secundaria–, estos días marcaron también groseras contradicciones, solo explicables por la banalidad esencial de sus argumentaciones.
Veamos: que las fuerzas de seguridad impidan el acceso a los edificios destinados a mantener la llama de los derechos humanos, en los mismos sitios donde se produjeron las peores atrocidades, espacios que siguen una línea que en Europa se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial y para mantener el permanente recuerdo de la barbarie nazi en los campos de exterminio.
Que luego de los incidentes con el Gobierno de Maduro –que llegaron al punto de un generarme argentino detenido por intentar su ingreso irregular en Venezuela, en condiciones difíciles de explicar para las autoridades nacionales– la cancillería recurra al la Corte Penal Internacional (CPI) se convierte en un despropósito. Más aún, cuando la ministra Patricia Bullrich, jefa de la institución en la que reporta Nahuel Gallo, habla de «desaparición forzada» del joven a manos del «régimen de Maduro». Y que lo catalogue de «crimen imprescriptible para los autores», al mismo tiempo que desde otros rincones de esa gestión se analizan mecanismos para liberar a los condenados de la última dictadura.
Por si esto fuera poco, la CPI es el mismo tribunal al que adhiere Argentina, donde tiene rango constitucional, y que recibió fuertes críticas de la Casa Rosada en noviembre a raíz de la orden detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza. Lo que evidencia una ostensible doble vara, aunque en el contexto actual de las relaciones internacionales, habrá que reconocer que no desentona tanto.
Para un Gobierno que se basa en irritaciones varias diseminadas en las redes sociales, provocaciones calculadas y el ejercicio pertinaz de la simulación, el despido de la subsecretaria de Turismo, la segunda del titular de esa área, el excandidato peronista Daniel Scioli, aparece como otra puesta en escena de pretendida austeridad. Yanina Martínez viajó a Londres y cayó mal que hubiera desoído la orden presidencial de no salir de vacaciones al exterior. Por otro lado, Bullrich explicó su visita a Disney en que era una vieja promesa a sus nietos para «cuando terminaran la primaria». El vocero Manuel Adorni irá por esos lares también. Él aseguró que hace diez años vacaciona con su familia en Miami y no era cuestión de cambiar las costumbres.
En este rubro marquetinero habría que anotar al retiro de la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid. En este caso, Bullrich respondió públicamente a una orden de Milei para proceder en un asunto que lo preocupa, dice, como es el uso que se les da a los impuestos de los ciudadanos, que, afirma, deben ser «para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».
