25 de diciembre de 2023

Adriana Meyer

Hay incertidumbre sobre la dirección que tomarán las políticas en la materia. Delitos de lesa humanidad y violencia institucional.

Como sucedió con todas aquellas áreas que al Gobierno de Javier Milei no le interesan, no hubo interlocutores para la transición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En estos días se impuso la incertidumbre sobre cuál será el destino de las políticas de derechos humanos, tanto respecto del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura como sobre la violencia institucional de los gobiernos constitucionales.
Así, un grupo de representantes de los organismos de derechos humanos que tienen su sede en el predio de la exESMA –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros– tomaron la iniciativa de ir a golpear la puerta del despacho del flamante secretario de Derechos Humanos, el exjuez Alberto Baños.
Según pudo reconstruir revista Acción con uno de los participantes, luego de hacerlos esperar tres horas, lo primero que les advirtió fue que no los recibiría nunca más sin haber solicitado cita previamente. Lo siguiente fue quejarse de que las primeras notas aparecidas sobre él en la prensa lo «estigmatizaron». Sucede que el funcionario de Milei fue hasta antes de jubilarse el juez de la causa que investiga la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, de quien nada se sabe desde el 24 de febrero de 2019, y su actuación en ese expediente fue muy cuestionada por el abogado de la familia y exdirector de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Mariano Przybylski, sobre todo a partir de su tolerancia frente a las innumerables irregularidades cometidas por la Policía de la Ciudad, por caso haber borrado «por error» el contenido del teléfono celular de Karhanyan.
El exmagistrado se negó a apartar a esa fuerza de la investigación al afirmar que los policías asignados a la causa gozaban de su «entera confianza». Es un secreto a voces en Tribunales que Baños era un juez «amigo» de los uniformados.
En el encuentro, el sucesor de Horacio Pietragalla repitió el latiguillo mileísta: «No hay plata». Estas tres palabras fueron suficientes para poner en vilo a todos los trabajadores de los Sitios de Memoria de todo el país, así como de todos los programas desplegados durante la gestión anterior.
Al lado de Baños estuvo quién fungirá como su número dos, el abogado Marcelo Ruiz, reconocido por su carrera en el derecho comercial, civil y empresario, pero de nula trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos. Ruiz es presidente del elitista club Belgrano Athletic, cuyo ingreso requiere del pago de una cuota millonaria y de la recomendación de otro socio. La institución había solicitado al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta un espacio en el Parque Sarmiento para la práctica de rugby a cambio de mejoras que nunca concretó.

Memoria «completa»
Sin embargo, lo que dejó más preocupados a sus interlocutores fue otra de las definiciones que expresó Baños. Les dijo que tenía instrucciones del presidente Milei para ocuparse de «todas las víctimas». No hubo espacio para que precisara si se refería a quienes fueron blanco de acciones de los grupos armados en los años 70, que ellos llaman «terroristas», o si la amplitud también abarcará, por caso, a policías caídos en el cumplimiento del deber. En definitiva, la directiva parece una orden para dilapidar la labor anterior de la Secretaría, por ejemplo, como querellante en casos emblemáticos de violencia institucional, como el reciente juicio oral donde fueron condenados los cinco miembros de la Prefectura Naval por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.
Se fueron de la reunión con la sensación de que habrá más bien una tabula rasa respecto a los objetivos de la gestión previa, que incluso con sus límites, errores u omisiones, tuvo una clara actividad orientada a la lucha contra la impunidad por los crímenes de Estado del pasado dictatorial y del presente constitucional.
Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue modificar el nombre del Ministerio. En 1989, durante su gestión, León Arslanian sumó el área de Derechos Humanos, y cuando le tocó a Ricardo Gil Lavedra ser ministro de Justicia cambió el nombre de la repartición oficial al llamarlo «de Justicia y Derechos Humanos». Consultado por el diario El País sobre la eliminación de Derechos Humanos dispuesta por Javier Milei, el flamante ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona expresó que «los derechos humanos son mucho más que los desaparecidos, el terrorismo de Estado, el terrorismo. Derechos humanos es el pobre señor que va al parque, quiere leer y rezar y por robarle el celular le cortan el pecho. Derechos humanos es una pobre señora que la engañan, le entran a la casa y le llevan la plata. Nuestra política general va a estar orientada hacia la víctima. Hay que proteger a la víctima, darle soporte psicológico, material, legal, ayuda». Con estas palabras quedó un poco más claro cuáles serían «todas las víctimas» que mencionó Baños.

Máscara
Cuatro días antes de la asunción del nuevo Gobierno, la periodista Luciana Bertoia publicó que la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) le había pedido a Milei que elimine la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) al asumir el Gobierno. «Lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de la República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados “juicios de lesa humanidad”, que no son más que la “máscara” de la justicia venganza que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron de la guerra antisubversiva», escribieron.
La UPMAC centró sus ataques en los dos integrantes del cuerpo de peritos de la SDH y en uno de los abogados que interviene en los procesos contra criminales de lesa humanidad. No accedieron al pedido, pero el contenido de las políticas que desplegarán Cúneo Libarona, Baños y Ruiz probablemente contemple las preocupaciones de la UPMAC.
Con o sin acompañamiento de la SDH como querellante, los juicios de lesa humanidad programados siguen su curso, aunque algunos de los represores están siendo absueltos. Es el caso de Horacio Losito, quien festejó el veredicto con el lema de Milei «Viva la libertad, carajo».
La única buena noticia dentro de este panorama fueron las declaraciones del secretario Baños respecto del destino de la ex ESMA. Dijo que no tendrá su despacho allí sino en el Ministerio de Justicia, pero precisó que «la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos, y además rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la Justicia Federal; por lo tanto, no se puede tocar». De esta manera dilapidó las ilusiones negacionistas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que pretendía que esas 17 hectáreas fueran «disfrutadas por todo el pueblo argentino», como si todos y todas no tuvieran la posibilidad de acceso tal como está.
La semana pasada fue vandalizada la señalización colocada por la Secretaría en la Pu Lof de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado, y es altamente probable que nadie se preocupe por restaurar el cartel, a cuya colocación asistió Pietragalla y el hermano de Santiago, Sergio Maldonado. Quizá sea una metáfora de los tiempos que se vienen, del negacionismo de los derechos humanos y la apología del genocidio que llegaron para quedarse.

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