17 de noviembre de 2025
El Estado argentino deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos represivos que afectaron a los vecinos de Andalgalá en su pelea por el ambiente sano.
Reclamo. La asamblea El Algarrobo presentó el recurso ante la CIDH.
Foto: Captura
Tras décadas de lucha, el conflicto por la actividad minera en Catamarca pasó a una instancia internacional. El Estado argentino deberá responder por las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de las vecinas y vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su pelea por la defensa del agua y contra la megaminería extractivista, en este caso en particular en el marco de la causa internacional contra la explotación minera en el yacimiento de oro, cobre y molibdeno Agua Rica, que utilizaría la infraestructura de la mina La Alumbrera para el procesamiento del mineral. El organismo internacional otorgó un plazo de tres meses, prorrogable solo por 30 días, para que Argentina presente sus observaciones en el marco de esta denuncia impulsada por la asamblea socioambiental El Algarrobo. «Se trata de un logro de la lucha sostenida del pueblo de Andalgalá, que no bajó los brazos pese al hostigamiento y la violencia institucional del Estado», dijo a Acción Sergio Martínez, abogado de la Asamblea. La consecuencia concreta consiste en que hasta que el organismo internacional se expida queda frenada toda la actividad cuestionada.
Martínez detalló que en los 90 la empresa La Alumbrera fue pionera de la megaminería a cielo abierto. «En los inicios comenzaron con una licencia social solapada, porque el Gobierno decía que sería un motor de desarrollo importante, pero al poco tiempo vimos que no se cumplieron ninguna de las promesas», dijo. Según el letrado, los andalgalenses comprobaron que «es un sistema de contaminación, destrucción y saqueo», y comenzaron a interpelar a las autoridades nacionales y provinciales.
Ana Chaile, integrante de la Asamblea, explicó a Acción que «a esta instancia de intervención de la CIDH se llega porque durante 15 años los vecinos y vecinas no tuvieron justicia ante el reclamo que se inició en 2010, que pasó por diferentes órganos judiciales y llegó a la Corte de Justicia de Catamarca, que dejó caer un amparo que había sido interpuesto ese año para frenar la exploración y explotación de este proyecto minero». El Gobierno provincial había autorizado esta actividad a espaldas del pueblo de Andalgalá. «Nunca hubo una consulta previa, libre e informada, como marca la ley, ni se escuchó al pueblo para saber si había licencia social para tal actividad, de hecho, tantos años de resistencia marcan que no la hay», precisó Chaile.
Rendir cuentas
La causa fue iniciada en abril del año 2024 por el equipo de abogados de la Asamblea de Andalgalá. Luego de ser estudiada por la CIDH, a finales de octubre se les notificó de la apertura del expediente. Es un primer gran paso, una medida importantísima, inicia el proceso de verificación de la admisibilidad de nuestro reclamo, por las sistemáticas violaciones de derechos humanos; y lo más importante es que mientras la Comisión esté analizando el caso y elabore un informe sobre la responsabilidad de Estado argentino, el Gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones sobre la «etapa de exploración avanzada», que en los hechos era un inicio de explotación encubierta.
Desde la Asamblea El Algarrobo precisaron que «el Estado argentino deberá rendir cuentas por las acciones de la provincia durante todos estos años, por ejemplo la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación» de las y los activistas que vienen luchando por su derecho a un ambiente sano, y la preservación sin contaminación de Andalgalá, y por la «sistemática denegación de sus derechos constitucionales de vivir en ambiente sano por parte del Poder Judicial provincial y la Corte Suprema, con el único objetivo de avanzar con la explotación del proyecto Agua Rica, hoy denominado MARA» (Minera Agua Rica Alumbrera), de la empresa Glencore.
Para Chaile, «las grandes corporaciones tienen un peso muy fuerte y eso hace que los reclamos de los vecinos no tengan respuestas justas, un amparo que debió tener una respuesta inmediata ha demorado 15 años, y encima fue declarado abstracto, mientras tanto fueron autorizando etapas para permitir que el proyecto avance muchísimo, y a nivel nacional le fueron otorgando más y más beneficios, incluso hablan de modificar la ley de Glaciares, el camino a los megaemprendimientos mineros está bastante allanado, mientras los pueblos que no dan licencia social para ellos solo encuentran trabas, y a pesar de eso siguen resistiendo».
El conflicto por la explotación de este yacimiento comenzó en la década del 70. Entonces, una rebelión popular logró frenarlo y el proyecto quedó «dormido» durante varios años hasta que en diciembre de 2009 se produjo una filtración del dato sobre el estado activo de la iniciativa en el yacimiento que queda a 15 kilómetros del pueblo, que tiene unos 20.000 habitantes. «La reacción popular fue de mucho enojo, hubo bloqueos de camiones como forma de protesta, ya trabajaba a pleno en otro yacimiento la empresa Bajo La Alumbrera, que ahora forma parte de este mismo proyecto MARA con la fusión de firmas», rememora Chaile.
Poner el cuerpo
Las acciones de los pobladores incluyeron recorrer puerta por puerta, armar mesas informativas en las plazas, pedidos de informes e incluso una radio FM. Pero ¿a qué se debe tanta resistencia? El yacimiento se encuentra en la cuenca alta del río Andalgalá, principal curso de agua dulce de la región, y está en la zona donde nacen otros ríos en ambiente glaciar y periglaciar, verificado y constatado, protegida por una ley nacional. «Por eso cuando hablamos de vulneración de derechos humanos estamos diciendo que este proyecto viola claramente el acceso al agua, un derecho consagrado por Naciones Unidas, y otros derechos que tienen rango constitucional como el de vivir en un ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta», indicó la activista. La única que hizo la empresa fue en plena pandemia, presencial, con un cuarto de hora para leer 3.000 páginas, con partes en inglés. «Hablamos de dictadura minera porque es un engranaje bien aceitado, los órganos judiciales, de gobierno, los grupos económicos y los grandes medios de comunicación comerciales actúan en forma consecuente para callar las voces disidentes», agregó.
Chaile mencionó que la activa resistencia se pone en evidencia en las más de 820 caminatas que vienen haciendo desde enero de 2010. «En estos años hubo todo tipo de persecuciones y atropellos, represiones armadas, judicializaciones, detenciones arbitrarias, armado de causas, vigilancias, incluso patotas parapoliciales que golpearon a los vecinos autodenominadas “pro-mineras”, y a pesar de esto el pueblo de Andalgalá nunca vaciló en seguir protestando», enfatizó la vocera de El Algarrobo. El 15 de febrero de 2010 hubo una represión que el abogado Martínez calificó como «una carnicería» por parte de la policía provincial, para «apagar una pueblada impresionante, que ganamos».
En mayo de 2022 la policía disparó contra niños y niñas, personas de la tercera edad que estaban protestando, también fue reprimido un acampe cercano al yacimiento. Los vecinos y vecinas tienen más de 100 causas abiertas en su contra. En 2021 doce vecinos y vecinas fueron privados de su libertad por manifestarse en una de las caminatas, en un momento en que el Gobierno había autorizado el ascenso de las máquinas. «Las intimidaciones, la persecución ideológica y la vigilancia policial han sido una constante, así como la liberación de espacios a las patotas, amenazas, difamación y todo esto con el amparo estatal, son algunas de las flagrantes violaciones que hemos venido padeciendo», concluyó Chaile. Martínez agregó que «acá cada día se mata un poco a la democracia, tenemos leyes muy bonitas, pero el estado de derecho no existe en nuestra provincia, ahora tenemos fe en que en la CIDH esto se va a encausar por el camino de la verdad, el 80% de Andalgalá no quiere la megaminería, queremos seguir produciendo membrillo, olivo, nueces, aromáticas y frutas de carozos».
