25 de junio de 2014
Hace 11 años que los organismos de derechos humanos de Neuquén no pueden ingresar a monitorear el estado de las cárceles ni las condiciones de detención de los internos penitenciarios de esa provincia. Así lo denunció la ONG Zainuco, dedicada a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para su labor, es imprescindible ingresar a los pabellones, sin embargo «el gobierno provincial –Poder Ejecutivo y Poder Judicial– nos niega el acceso a las cárceles, incumpliendo con el artículo 41 de la Ley Nº 26.827, que faculta a todas las organizaciones interesadas en la situación de personas privadas de la libertad a realizar visitas a los lugares de detención», señalaron desde la entidad. La situación fue reportada a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación, ante la cual se solicitó que se garanticen las visitas. En un reciente informe, el CELS sostuvo que las vejaciones en las cárceles del país son «patrones estructurales», en tanto insistió que el organismo «denunció reiteradas veces el carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en la Argentina». Asimismo, consideró «impostergable que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que se exija a las provincias que pongan en marcha sus organismos de control». Ese mecanismo prevé asegurar, entre otras garantías, las visitas de organismos de derechos humanos.
