16 de abril de 2013
En Portezuelo Chico (Neuquén), la compañía Apache Corporation –una petrolera estadounidense– que explota nueve pozos en territorio de la comunidad mapuche Winkul Newen, produjo un derrame de petróleo. Ante los reclamos de la comunidad, el Poder Judicial siempre falló a favor de la petrolera y del gobierno provincial, «garantizando la explotación a costa de nuestras vidas y desconociendo nuestros derechos», señala Relmu Ñamku, integrante de Winkul Newen. Luego de denunciar el derrame, la comunidad cerró el ingreso a sus 3.000 hectáreas y pidió una mesa de diálogo. La jueza de Zapala Ivonne San Martín ordenó que se liberara el paso a la petrolera, hubo resistencia y una piedra hirió a una auxiliar de la Justicia. Esto generó una campaña mediática provincial sobre la «violencia mapuche» y fueron acusados como «delincuentes que viven fuera de la legalidad». El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia desde hace cinco años la judicialización de la lucha del pueblo mapuche. En Neuquén son 250 los dirigentes indígenas judicializados por defender el territorio.
