14 de mayo de 2024

Adriana Meyer

Mientras crece la presencia de discursos de desprecio y discriminación en redes sociales, medios de comunicación y en el propio Gobierno, fueron asesinadas tres mujeres en Barracas.

«Puedo ser yo», dice Titi Nicola, lesbiana de Santa Fe, fotógrafa y comunicadora del medio transfeminista Periódicas. Está convencida de que para hacer frente a los discursos de odio que derivan en crímenes como el asesinato de tres lesbianas en un hotel del barrio porteño de Barracas hay que revisar el relato propio de este colectivo. «Hay que hacer autocrítica; se trata de contar que yo, tu hermana, yo, tu hija, yo, tu prima, yo, tu vecina puedo estar sufriendo lo mismo que les pasó a estas pibas», señala.
El ataque con una bomba incendiaria de Justo Barrientos contra sus vecinas, las cuatro mujeres que vivían en la pensión de Olavarría 1621 –y que se llevó la vida de Roxana Figueroa, Pamela Cobas y Andrea Amarante (Sofía Castro Riglos pelea por su vida)–, fue precedido de entrevistas a personajes que reivindican la homofobia, como el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, pero que además se dan en un clima de declaraciones oficiales en el mismo sentido sin que ello implique escándalo alguno.
Estas palabras lanzadas a la esfera de lo público, las redes y los medios, pueden o no haber sido el detonante específico de este triple «lesbicidio». Sin embargo, parecen habilitar, dar permiso. Así lo entiende Horacio Lutzky, director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público. «En nombre de la libertad de expresión, los sectores dominantes de la comunicación y las estructuras políticas y económicas que los sustentan, defienden la ausencia de límites. Según ellos, todo es “decible”, pero eso es una inmensa falacia porque los discursos violentos, discriminatorios y estigmatizantes son un ataque a la igualdad, pero también a la libertad de expresión, la de integrantes de grupos vulnerables que ante el hostigamiento se llaman a silencio, y así son excluidos del debate público».

Crueldad y desamparo
Lutzky destaca que «con el auge de medios y redes digitales, los organismos internacionales vienen expresando su preocupación por la explosiva y redituable proliferación de los llamados “discursos de odio”, que históricamente acompañaron genocidios y otros crímenes atroces». En este sentido aclara que «si bien no existe una definición jurídica internacional, y la descripción de lo que constituye “odio” resulta controvertida, las Naciones Unidas consideran que discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje despectivo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad».
El problema se plantea, en la mirada de este experto, en que «un discurso no puede ser prohibido o penalizado si no alcanza el grado de incitación a la violencia o a la discriminación», lo cual «a veces es difícil de medir». Sin embargo, «aun cuando no se llegue a ese umbral, los discursos violentos o estigmatizantes deben ser enfrentados, con activa participación del Estado como garante de los derechos humanos, con todas sus herramientas, comenzando por las educativas. Si, en cambio, desde dependencias oficiales se los propicia, estamos en serios problemas». Para Lutzky, «el límite entre la violencia simbólica y la violencia física es peligrosamente delgado, y la deshumanización de las disidencias es el paso previo a la exclusión y el exterminio».

En similar sentido se pronuncia ante Acción Gabriela Borrelli Azara, escritora, conductora radial, crítica literaria y –pide agregar– lesbiana. «Las declaraciones homofóbicas que circulan disfrazadas de pluralidad democrática y el explícito desprecio del Gobierno actual y sus dirigentes, empezando por el presidente de la nación, por las comunidades LGBT son el caldo de cultivo de violencias específicas sobre los cuerpos feminizados», dice. «Las estadísticas de asesinatos de odio crecieron desde que estos discursos empezaron a tener resonancia, y el lesbicidio de Pamela, Roxana y Andrea me parece cruelmente simbólico», agrega. Borrelli Azara recuerda que «el asesino de Pepa Gaitán fue el padre de su novia; los violadores de Higui, gente del barrio que pretendía “corregir” su lesbianismo». En cambio, «este asesino encarna la violencia social, cercana y ciudadana sobre la cama de una comunidad lesbiana, de una red de mujeres lesbianas sin familia que armaron la suya propia para vivir en la precariedad habitacional a las que muchas lesbianas están expuestas». Por eso concluye que «debe llamar la atención de la sociedad el incremento de la violencia, llegó a nuestras camas, a la intimidad de nuestras redes».
Por su parte, Alex Zani, becaria doctoral en estudios de género por el Conicet, lesbiana y activista LGBT, repasa los hechos. «Cuatro lesbianas pobres, mayores de 40 años, fueron víctimas de un ataque brutal que se cobró la vida de tres de ellas, mientras la cuarta lucha por sobrevivir; es un crimen de odio, un triple lesbicidio exacerbado por cuestiones de género, en el que, además, hubo amenazas previas». La becaria enfatiza que «detrás de este crimen de odio hay palabras cargadas de prejuicio hacia nuestra comunidad y hacia nuestras existencias, hacia los modos de amar y nuestras prácticas, sumado a la permisividad de voces homofóbicas, cada vez más numerosas en los medios masivos y hegemónicos, y la falta de atención hacia las señales repetidas de peligro que enfrentamos las comunidades LGBT, cada vez más comunes en la calle y en la vida diaria». Zani entiende que «las palabras de odio cuando son permitidas y propagadas, sobre todo en estos seis meses, se convierten en un combustible que alimenta acciones violentas».
Consultada por Acción, la activista expresa: «Estamos desamparades por el resto de la sociedad; la urgencia nos insta a la acción, a estar presentes y a fortalecer nuestras redes de solidaridad, pero sabemos que es muy poco lo que podemos hacer si no nos extiende la mano el resto de la sociedad y de las identidades, sobre todo quienes tienen voz pública y peso en lugares de visibilización, por ejemplo, en canales de stream».

Lo construido, en duda
Para Titi Nicola el triple crimen «vino a sacudir los derechos que ya pensábamos ganados, dentro de ciertos privilegios que una tiene como tener un recibo en blanco, que no lo tenían las compañeras de Barracas». La comunicadora señaló: «No sabemos si el vecino de las chicas escuchó a Márquez en el programa de (Ernesto) Tenenbaum, pero darle lugar a quienes hablan de nuestras identidades desde un lugar de odio puede llegar a terminar con la vida de una familia, porque ellas eran familia». Y agrega: «Las políticas públicas que nos contenían desde 2018 fueron desguazadas, parece que en esta época cualquiera puede decir y hacer cualquier cosa, desde el odio vehemente del presidente al dirigirse a todos, todas y todes, eso habilita que todo lo construido se ponga en duda. El vocero presidencial Adorni dijo que no había que tomarlo como odio hacia un colectivo, como si fuera un hecho de inseguridad más, algo que ya fue discutido por el Ni Una Menos».
Ante el silencio mediático mayoritario y el ninguneo del Gobierno, se multiplican las actividades en memoria de las víctimas del crimen de Barracas. La masiva movilización del lunes por las calles del barrio, que culminó con el montaje de un memorial con velas, dibujos y poemas frente al hotel familiar donde vivían Pamela, Andrea, Roxana y Sofía, también exigió al juzgado 14 de Edmundo Rabbione que estos homicidios sean investigados como crímenes de odio, según establece el artículo 80 del Código Penal.

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